Extraños y costosísimos contratos con organizaciones indígenas ya están bajo la lupa de la Procuraduría

Una de las fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido por la entrega de multimillonarios contratos con organizaciones indígenas que no tienen finalidades claras, y que desde la oposición han calificado como una especie de pago por el respaldo de estas organizaciones al Gobierno, tal como ocurrió el 27 de septiembre cuando la minga llegó hasta Bogotá a apoyar las marchas.

En especial hay dos contratos por 30 mil millones de pesos que han generado dudas por su finalidad y la forma en que se han entregado.

Por este motivo, la Procuraduría General de la Nación abrió “indagación previa contra funcionarios por determinar de los ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios suscritos con organizaciones indígenas, que contaban con un presupuesto cercano a los 30 mil millones de pesos”, señalan desde el ente de control.

El primer contrato

En el primer caso, la indagación fue iniciada contra funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CRC, por la suscripción de un acuerdo, por un poco más de 4.900 millones de pesos, para adelantar acciones de conservación, mitigación y adaptación al cambio climático en territorios indígenas adscritos el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Sin embargo, en este no son claras las acciones y procesos puntuales de parte de la organización indígena con la finalidad de adaptarse al cambio climático.

El segundo contrato

El segundo, firmado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), es por un monto mucho mayor: 25 mil millones de pesos. En este caso se indaga por la extraña finalidad de “fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC)”.

Según las primeras indagaciones de la Procuraduría, “se habrían presentado posibles irregularidades en la selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos cuyos costos aparentemente serían desproporcionados”.

Igual situación pudo presentarse en algunas actividades puntuales, a las cuales se les habría asignado un presupuesto elevado para las acciones que se debían desarrollar.

Entre otras pruebas, el Ministerio Público solicitó copia de los convenios suscritos, así como información de los funcionarios de las entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los documentos.

Megacontratistas

Más allá de estos dos millonarios contratos que ya son parte de una indagación formal de la Procuraduría, lo que sí ha venido siendo claro es que la contratación pública se ha dirigido hacia las organizaciones indígenas, al punto que ya la califican de “megacontratistas”.

El Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Cultura firmaron contratos por más de 4.000 millones de pesos en pauta publicitaria en medios de comunicación.

Por otro lado, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contrataron recientemente a RTVC para producción audiovisual y realización de eventos, por más de 18.000 millones de pesos. La ARN suscribió un contrato a finales de agosto por 3.300 millones para preproducción, producción, posproducción y emisión de los programas institucionales. Sin embargo, en la propuesta de RTVC se tiene en cuenta que el 10 % del contrato, equivalente a 330 millones de pesos, va para recursos técnicos, impresos y demás necesidades. Entre ellas, sonido, tarimas, luces, pantallas, merchandising, escenografía y alimentación.

Igualmente, por 15.000 millones de pesos, la ANT suscribió un contrato con el medio estatal para “planificación, organización, operación y producción de eventos y actividades logísticas que requieran las dependencias”. Entre los gastos reportados, hay alimentos y otros objetos que llevaron a la Procuraduría a investigar si se usaron estos recursos para darles gorras, camisetas y comida a los manifestantes.