Procuraduría
Exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá pagar millonaria multa por irregularidades en contrato
En fallo de primera instancia, la Procuraduría verificó un incumplimiento en sus deberes funcionales.
Por irregularidades para verificar la viabilidad técnica de la perforación del pozo conocido como ‘Las Lauras’ de las cuencas en San Jacinto, en Bolívar, la Procuraduría General de la Nación sancionó con multa de $ 83.810.436 millones al exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), José William Garzón Solís.
El Ministerio Público, tras la investigación del caso, “confirmó que el ex servidor público, en su deber como ordenador del gasto, vulneró los principios de contratación estatal, especialmente el de responsabilidad”.
Pero, ¿qué quiere decir esto? Según explicó el organismo de control, Garzón Solís “no exigió que se adelantaran los estudios previos geológicos que buscaban especificar las coordenadas de los pozos y la viabilidad de las perforaciones, con el objeto de una optimización de tiempo, recursos y una mayor consecución de hidrocarburos en la zona”.
La Procuraduría General, en fallo de primera instancia, determinó que el exvicepresidente de la ANH “transgredió también el principio de economía, cuando omitió una adecuada planeación y gestión de los recursos financieros orientados para el proyecto”. De igual forma, estableció que el entonces funcionario incumplió con sus deberes funcionales al desconocer “las disposiciones sobre la maduración de los proyectos para determinar las coordenadas de los pozos requeridos”.
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La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la falta como gravísima, a título de culpa grave.
Formulan cargos contra alcalde y exalcalde de Piedras, Tolima
Para la Procuraduría General de la Nación, el alcalde de Piedras, Tolima, Julio César Góngora Sánchez (2020-2023) y el exalcalde Pedro Antonio Bocanegra Zabala (2016-2019), “habría incumplido los compromisos adquiridos con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ni tampoco se ha tramitado la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)”.
De acuerdo con el Ministerio Público, lo anterior habría permitido que se realizaran vertimientos de aguas residuales a fuentes hídricas, sin la debida autorización, y con presunta afectación al medio ambiente.
“Resulta injustificada la supuesta falta de atención de la administración municipal, en cabeza de los disciplinables, quienes habrían omitido desplegar acciones tendientes a superar las dificultades surgidas por el vertimiento de las aguas, situación que inició desde el periodo 2016-2019 con Bocanegra Zabala, y hasta el día de hoy no se ha superado”, señaló la Procuraduría frente al caso.
Por tal motivo, el órgano de control determinó formular cargos contra Góngora Sánchez y Bocanegra Zabala, quienes, en calidad de sujetos procesales, tendrán la oportunidad de presentar su versión de lo ocurrido, así como de solicitar o apartar pruebas que ellos o sus apoderados consideren pertinentes para su defensa.
Una vez surtida la etapa de instrucción, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué recibirá el expediente a reparto para dar continuidad con el trámite procesal que le compete.
Procuraduría pide a MinInterior informe acerca de recursos asignados a indígenas
La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministro del Interior, Alfonso Prada, un informe acerca de los recursos asignados al pueblo indígena nukak, ya que, de acuerdo con la delegada de Asuntos Étnicos del Ministerio Público, “se evidenció un abandono de las políticas estatales”. Hecho que habría quedado al descubierto durante un recorrido que realizó por los asentamientos en el departamento del Guaviare.
De acuerdo con la funcionaria de la Procuraduría General, son difíciles las condiciones en las que sobreviven los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, además de la poca posibilidad de suplir sus necesidades básicas.
Todo parece indicar que el presupuesto asignado a los nukak, presuntamente, “estaría congelado por una supuesta falta de Gobierno”. Según información recibida por la Procuraduría General, el monto sería aproximadamente por $15.000 mil millones por parte del Sistema General de Participación.
“Teniendo en cuenta las condiciones en la que viven estas comunidades, el ente de control pidió al Ministro responder si tiene conocimiento de estos recursos y si es así, informar la forma como han sido invertidas, pero si no existe a la fecha dineros dispuestos para estos, entonces solicitó determinar las acciones a tomar al respecto”, indicó el órgano de control por medio de un comunicado.
