Exvicepresidente financiero del Fondo Nacional del Ahorro deberá responder por contrato de $13.900 millones, ¿qué irregularidades encontró la Procuraduría?

La Procuraduría General de la Nación presentó cargos contra el exvicepresidente financiero del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Jorge Edwin Amarillo Alvarado, por supuestas irregularidades en la firma de un contrato para arrendar equipos de administración de datos e información, suscrito por 13.900 millones de pesos.

Según informes conocidos por el Ministerio Público, durante el proceso de selección de la empresa que proporcionaría los equipos, Amarillo Alvarado habría exigido a los interesados contar con un indicador de liquidez demasiado alto, lo que habría llevado a que solo una empresa presentara una oferta. Varias compañías expresaron su preocupación de que este requisito estaba restringiendo la participación de empresas con suficiente experiencia y solvencia financiera.

La Procuraduría General destacó que, durante el proceso de selección, varias empresas le manifestaron al FNA que el requisito de un alto indicador de liquidez estaba restringiendo la participación de compañías con experiencia y solvencia financiera, que también podrían cumplir con el contrato. Sin embargo, Amarillo Alvarado, quien en ese momento ocupaba el cargo de vicepresidente financiero del FNA, habría hecho caso omiso de estas preocupaciones y no corrigió los indicadores financieros que se establecieron en el proceso.

En ese sentido, la Procuraduría señaló que Amarillo Alvarado se extralimitó en el ejercicio de sus funciones.

“El investigado, en su condición de vicepresidente financiero del FNA, fue quien confeccionó los indicadores financieros exagerados e irregulares que se incorporaron en el proceso selectivo analizado, y teniendo la oportunidad de corregirlos (así se lo habían hecho saber varios interesados) no lo hizo, y peor aún, nunca los justificó en debida forma”, sostuvo el órgano de control.

Es importante destacar que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad financiera del Gobierno colombiano con el fin de promover el ahorro y el acceso a la vivienda, así como también para financiar proyectos de inversión. Por tanto, la Procuraduría indicó que está comprometida con la defensa de los recursos públicos y la transparencia de los funcionarios públicos en la gestión financiera del país.

Concejales a responder ante Procuraduría

En otra actuación de la Procuraduría General, el órgano de control presentó cargos contra 14 concejales del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, que ejercieron durante el periodo 2016-2019. El Ministerio Público los señala de presuntas irregularidades en el proceso de elección del personero municipal.

Los cargos fueron presentados contra el presidente de la corporación, Wilman Fierro Lugo (2019), el primer vicepresidente, Luis Ángel Morales Perdomo (2019), la segunda vicepresidente, Aura Mirena Timaná Gutiérrez (2019), y los entonces concejales: Nelson Pedroza Gaitán, Eduardo Cedeño García, José Iván Suaza Gutiérrez, Luis Humberto Fierro Vega, Javier Guependo Guzmán, Javier Salcedo, Alfredo Pérez Rojas, Diafanol Borrero Caviedes, Jimeno Onatra, José Alirio Tunjano Ortiz y Nini Yohana Collazos Arango.

Según la investigación de la Procuraduría General, durante el concurso de méritos para la elección del personero en 2019, los concejales acusados no habrían comprobado si la aspirante Jessica Lorena Chica Floriano cumplía con las condiciones de elegibilidad o compatibilidad. A pesar de haber desempeñado el cargo de comisaria de familia de San Vicente del Caguán ese mismo año, Chica Floriano resultó elegida.

Esta supuesta negligencia permitió que la aspirante Chica Floriano “fuera admitida en el proceso de evaluación realizado por la institución contratada para tal fin”.

Por estos hechos, la conducta omitida se calificó, provisionalmente, como culposa en la modalidad de culpa gravísima, ya que “se habría vulnerado el principio de moralidad pública y se habrían afectado los fines públicos y el buen funcionamiento de la Personería Municipal de San Vicente del Caguán”, señaló la Procuraduría por medio de un comunicado de prensa este lunes.