Un juez ordenó a la Contraloría que reciba los descargos del exalcalde de Medellín y otras 4 personas antes de la imputación de cargos.

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Fallan tutela a favor de Sergio Fajardo en proceso por presuntas irregularidades en caso Hidroituango

Un juez ordenó que se reciban los descargos del exalcalde de Medellín y otras 4 personas antes de la imputación de cargos. La decisión será impugnada por la Contraloría.

4 de enero de 2021

Un juez le ordenó a la Contraloría General de la República que reciba los descargos del exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y de Alberto Maya, Eugenia Ramos, Federico Restrepo y Rafael Nanclares por el caso Hidroituango.

En su decisión el juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad le ordenó a la Contraloría General de la República que ampare los derechos de defensa de los indiciados y además “que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión proceda de manera expresa a aclarar a los accionantes, que el término de 10 días señalados para rendir sus descargos, e indicados en el artículo 8° del auto 1484 del 2 de diciembre de 2020, emitido en el proceso de responsabilidad fiscal, iniciará a correr traslado, una vez resuelta la Consulta y en el evento que sea confirmada y en firme la desvinculación parcial”.

El pasado mes de diciembre la Contraloría General de la República anunció imputación de cargos contra varias personas incluidas exgobernadores de Antioquia por las presuntas irregularidades que se dieron en el proyecto Hidroituango.

Entre los llamados a responder se encuentra el excandidato presidencial Sergio Fajardo, además de Aníbal Gaviria, Luis Alfredo Ramos y Juan Esteban Calle.

Es de señalar, como lo informó SEMANA en primicia, la Contraloría General de la República imputará cargos a 28 personas, naturales y jurídicas por Hidroituango. En un principio el listado era de 34 personas, pero en el marco de la investigación llevada a cabo por este ente de control, decidió archivar la investigación de las seis personas restantes.

La actuación especial fue solicitada por la veeduría ciudadana nacional de recursos sagrados, un año después de la crisis que se presentó en el que es considerado como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que tiene el país.

El presunto detrimento patrimonial que devela la Contraloría está relacionado con recursos públicos de la Gobernación de Antioquia, de las Empresas Públicas de Medellín y del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA), que son los financiadores. El costo de la obra también cuenta con recursos de deuda tomada con la banca multilateral.

Para el desenlace de la actuación especial, la Contraloría General anunció el que habría al menos 34 personas (entre naturales y jurídicas) en la mira, como presuntos responsables, incluidos mandatarios locales y exdirectivos de Hidroituango. En el resultado que entregará este jueves la Contraloría oficializará quiénes serán imputados y a quiénes se les archiva.

En la primera parte del proceso de actuación especial en Hidroituango, adelantado por la Contraloría General, se establecieron 6 hallazgos, cuatro de carácter administrativo y dos con incidencia fiscal. El primero de estos dos últimos fue con relación al lucro cesante, por la no entrada en operación del proyecto, lo que involucra un valor de 1,1 billones de pesos, mientras que el segundo tenía que ver con la ineficiencia e ineficacia en la gestión fiscal, por una cuantía de 2,9 billones de pesos.

Es de recordar que en 2020, en plena pandemia, se conoció un informe técnico de expertos en geología, en el que se evidenciaron las razones de las fallas que llevaron a Hidroituango a la crisis que provocó una emergencia en 2018.

Por su parte fuentes de la Contraloría indicaron a SEMANA que impugnarán el fallo del juez, al considerar que se ha respetado el derecho de defensa a los implicados y “ha sido rigurosa en el cumplimiento de la norma”.

Además desde el órgano de control señalaron que el proceso se encuentra suspendido, precisamente porque la defensa de Fajardo y otros de los implicados prestarían una recusación contra el Contralor General la Delegada para este caso.