Golpe a la confianza del Acuerdo de Paz

Asolo dos semanas de que se produzca el desarme de 7.000 combatientes de las Farc, un fallo de la Corte Constitucional le ha inyectado una gran dosis de incertidumbre a los guerrilleros concentrados en 26 veredas del país. El miércoles pasado, el máximo tribunal resolvió una demanda contra el acto legislativo que creó el fast track y tumbó dos de sus artículos. El artículo ‘h’ que establecía que los proyectos solo podrían tener modificaciones con el aval previo del gobierno; y el ‘j’, que permitía que las leyes se votaran en bloque y no cada artículo.

A pesar de que el fallo creó un verdadero tsunami político, no es una hecatombe. En primer lugar, porque la corte mantiene vigente lo esencial del fast track, que es su carácter de mecanismo exprés para tramitar leyes y reformas a la Constitución que estén orientadas a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. En segundo lugar, porque está claro que el fallo no es retroactivo. Esto quiere decir que lo aprobado, aprobado está, y eso incluye leyes muy importantes para darles garantías a las Farc luego de su desarme. Entre ellas, la Ley de Amnistía, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ley para la reincorporación política de las Farc y el acto legislativo que blinda jurídicamente.

El uribismo, autor de la demanda, no quedó contento, pues quería, además, que todo el fast track quedara sin piso y afectar lo ya aprobado. Sin embargo, se apunta un gran triunfo político, pues por lo menos respecto a los dos artículos antes mencionados la corte le dio la razón al considerar que hay sustitución de la Carta Política. Para el alto tribunal si el fast track mengua la capacidad deliberativa del Congreso, podría estar afectando el equilibrio de poderes.

Este argumento tiene adeptos y detractores. Los adeptos, entre los que están los uribistas, la senadora Claudia López y algunos insignes juristas, consideran que ampliar el debate sobre temas tan sensibles como los que se abordan en los acuerdos de paz es sano para la democracia. Los detractores, entre los que se encuentran políticos como Roy Barreras o expertos como Rodrigo Uprimny, estiman que durante el fast track el debate ha sido una constante, que se han podido modificar los textos, y que en Colombia hay otras leyes como el presupuesto nacional, o los tratados de paz, que se aprueban bajo reglas similares sin que ello afecte la independencia del Legislativo.

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Además del contenido, el fallo de la corte ha generado estupor en el gobierno por la manera como se produjo. En la sala, cinco magistrados votaron a favor de tumbar los artículos y tres en contra. Fueron definitivos el voto del magistrado recién elegido Carlos Bernal, apoyado masivamente por la coalición de la paz, y la actitud de Cristina Pardo, también primípara, que tuvo que declararse impedida pues como secretaria jurídica de la Presidencia participó en la redacción de las iniciativas que van al Congreso.

A pesar del impacto inicial del fallo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, han minimizado su impacto para la aprobación de los proyectos pendientes, como la ley estatutaria que reglamenta la JEP, la reforma política, el plan marco de implementación o la ley de tierras.

En la práctica, la decisión del Alto Tribunal enreda y demora los trámites, pero no necesariamente pone en riesgo lo pactado. Primero porque hasta ahora el gobierno conserva las mayorías en ambas Cámaras. Pero deberá emplearlas a fondo para evitar sorpresas. Y segundo, porque de todos modos la propia corte admite que las modificaciones deben guardar coherencia con el acuerdo de paz, y no pueden ir en su contra. Es decir, que nadie puede meter en una ley del fast track algo que revierta lo acordado.

Pero todos reconocen que el fallo sí tiene consecuencias graves en los tiempos. Los debates serán más largos y tortuosos e incluso algunos de ellos pueden empantanarse definitivamente. Un escenario probable es que el fast track se agote, en diciembre de este año, sin sacar adelante todas las iniciativas requeridas para que los acuerdos de paz se hagan realidad. En pocas palabras, se pasará del fast track al slow track. Esta pérdida de ritmo podría afectar toda la implementación del acuerdo de paz en temas tan sensibles como la dejación de armas, pues, hasta que no se aprueben iniciativas como la que reglamenta la JEP, los guerrilleros sienten que no tendrán suficientes garantías jurídicas para dejar las armas.

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¿Una oportunidad?

Paradójicamente, en el terreno político el fallo de la corte trae consigo al mismo tiempo una oportunidad y un enorme riesgo. La oportunidad es ampliar y fortalecer el consenso sobre la paz. Cuando el acuerdo de La Habana quedó derrotado en las urnas el 2 de octubre del año pasado, estaba claro que había que construir un mayor consenso a su alrededor. Mucha gente salió a la calle espontáneamente a defenderlo, y, excepto el Centro Democrático, todos los partidos del país lo respaldaron.

Sin embargo, luego de firmado el segundo acuerdo en el Teatro Colón, y tras el visto bueno de la corte, no se volvió a hablar de un gran acuerdo por la paz, nadie volvió a salir a la calle y, en la práctica, el entusiasmo bajó completamente. La realidad es que las leyes que desarrollan el acuerdo de paz se han aprobado por inercia, con ausencias y aparente falta de interés de los propios congresistas que respaldan el acuerdo.

La decisión de la corte abre un nuevo escenario político. Por un lado le exige al gobierno mayor celeridad para presentar los proyectos de ley, pues hasta ahora no ha sido aprobada ni una cuarta parte de los necesarios para poner a andar la máquina de la implementación. Por el otro, porque debates como el de la ley de tierras han demostrado que el gobierno necesita activar mucho más el diálogo político con los congresistas y con la sociedad en general. Si hay una mayor deliberación y el gobierno garantiza las mayorías para aprobar las leyes, eso potencia la legitimidad del acuerdo de paz. Algo que comparten los partidos de la coalición que sacaron un comunicado para rodear el acuerdo, al que se sumó otro de Cambio Radical.

Lo que sigue en adelante es una prueba de fuego para el liderazgo del presidente, de sus ministros y del propio gobierno, que debe organizar su dinámica. No en vano las Farc dijeron el jueves que se necesitan más hechos y menos leyes. Ahora, el gobierno tendrá que lanzarse a esta tarea con una baja muy sensible. Hasta el viernes el ministro Juan Fernando Cristo se mantenía firme en la idea de renunciar la próxima semana a su cargo. Una decisión que puede tener gran impacto negativo para el proceso de paz.

El riesgo es que aunque el gobierno tenga margen de maniobra también pueda ocurrir exactamente lo contrario: que la oposición uribista tome las riendas del debate y convierta al Congreso en la arena para volver trizas la legitimidad del acuerdo, artículo por artículo. Los debates que vendrán, más prolongados, seguramente no llegarán a decisiones distintas –la aprobación de los proyectos–, pero sí se prestarán para debates incendiarios, incluso demagógicos, de muchos congresistas que, en tiempos de campaña, pensarán más en su elección que en el país. El gobierno tendrá que imponer su aplanadora bajo acusaciones de distribución de mermelada. Y todo, en conjunto, puede terminar afectando la imagen del proceso. El autor de la demanda, el senador Iván Duque, uno de los precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia, sabe que su talón de Aquiles es su falta de reconocimiento en la opinión pública. Sin duda, aprovechará la arena del fast track para desplegar su faena electoral.

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Asamblea permanente

Posiblemente el mayor impacto del fallo de la corte es que significa un golpe a la confianza de las Farc en medio del desarme, un momento crítico del proceso de paz. El 31 de mayo deberían reposar en los contenedores los 7.000 fusiles que tienen hoy los guerrilleros en las zonas, y ese día todos estos deberían estar protegidos por la amnistía o la suspensión de órdenes de captura. Ahora será difícil dar ese paso. La corte les ha dado una sorpresa con esa decisión y en las filas de la guerrilla temen que, una vez dejen las armas, el Alto Tribunal les dé otra sorpresa, por ejemplo, al tumbar partes esenciales de leyes como la de amnistía, la que crea la JEP o les da garantías políticas.

A diferencia del 2 de octubre, cuando ganó el No en el plebiscito, hoy el clima es de mayor incertidumbre. En muchos guerrilleros existe la percepción de que el gobierno no les está cumpliendo. Primero, porque no han cesado los asesinatos de líderes y de familiares suyos. Segundo, por las demoras en aplicar la amnistía. Tercero, porque si ha sido un proceso tortuoso construir unos campamentos temporales, no quieren imaginarse lo que será el cumplimiento de compromisos para la reincorporación.

Los miembros de las Farc nunca olvidan que el gobierno les garantizó que en el plebiscito ganaría el Sí. Pero perdió. Ahora les garantiza las mayorías en el Congreso. ¿Y si no funcionan? Por lo demás, no entienden por qué Santos ternó a dos magistrados cuyos votos para la paz están entre el silencio y lo impredecible. La explicación de que así funciona la separación de poderes en una democracia se queda corta para ellos, pues a su juicio han acordado el fin de la guerra con un Estado y no solo con el presidente.

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El dilema de los jefes guerrilleros es que ya están montados en la dinámica de la política y aplazar la dejación de armas finalmente es un golpe a todo el proceso de paz. Ellos pagarían la más alta cuota en credibilidad. Pero no tienen claro cómo transmitirles confianza a sus tropas para que dejen las armas en un momento tan difícil. Existe el riesgo de que su gente se desgrane, y se reciclen en grupos disidentes o simplemente de delincuencia, en medio del desencanto con la promesa de la paz. Sería el comienzo de una nueva era de violencia. Esas son las consecuencias posibles e indeseadas que una decisión jurídica, como la que tomó la corte, puede llegar a tener.

Este es uno de esos momentos críticos en los que la historia toma nota sobre la grandeza de sus principales líderes. Los debates que siguen en el Congreso, con las nuevas reglas del juego definidas por la corte, medirán la calidad de la paz que podrá construir Colombia.