El Nogal, un fallo con polémica

Aquello de que los jueces hablan solo por sus sentencias no se cumplió esta semana. El jueves, tan pronto se conoció el fallo condenatorio contra el Estado por el atentado que hace 15 años perpetraron las Farc en El club El Nogal, la consejera ponente Stella Conto Díaz tuvo que salir a la radio para tratar de explicar lo que a primera vista parece un contrasentido absurdo. A pesar de la ronda de entrevistas, pocos quedaron convencidos. El propio presidente Iván Duque afirmó que “condenar al Estado por un acto terrorista de las Farc es incongruente”.

El atentado a El Nogal –7 de febrero de 2003– les costó la vida a 35 personas y otras 73 quedaron gravemente heridas. Se trató de uno de los episodios más brutales de la guerra: las Farc instalaron en el tercer piso del club un Renault Megane, color rojo, cargado con 200 kilos de explosivos (poderoso anfo, TNT con efecto multiplicador y clorato de potasio, que es incendiario). Las dos personas que introdujeron el vehículo murieron en el acto, tal como lo planeó alias el Paisa, jefe de la tenebrosa columna Teófilo Forero de las Farc. Las imágenes del club en llamas, los gritos y los cadáveres extraídos por los rescatistas hacen parte de la vergonzosa memoria nacional.

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Recientemente el atentado ha recobrado vigencia por varios encuentros en los que exintegrantes de las Farc se han reunido con algunas víctimas para pedirles perdón y aceptar su responsabilidad. Justamente por lo brutal del episodio ahora resulta difícil comprender la sentencia del Consejo de Estado, según la cual el Estado debe indemnizar a tres familias víctimas. La decisión también ordena a la institucionalidad hacer un acto de desagravio dirigido a las víctimas y la población en general y que se instale una obra de arte que sensibilice “acerca de la exposición de la población civil a las acciones violentas dentro de un conflicto armado”.

La consejera de Estado, Stella Conto Díaz, proyectó la decisión que halló responsable al Estado por omisión frente al atentado al Club El Nogal, perpetrado por las Farc en 2003.

¿Por qué debe responder el Estado si las Farc perpetraron el atentado? Primero hay que aclarar que el Consejo de Estado solo tiene competencia para juzgar al ente estatal. No está absolviendo a la desmovilizada guerrilla, cuyo juez es la JEP. El otro punto clave es que al Estado no se le está emplazando como responsable del crimen, sino por su omisión frente al deber de proteger efectivamente a la población civil. ¿En qué consistió esta falla?

La sentencia expone abundantes pruebas para sustentar que el atentado estaba cantado, que el Estado pudo haberlo evitado y que no hizo nada en ese sentido. Por ejemplo, considera diversas piezas periodísticas que recogieron comunicados públicos en los que las Farc, en vísperas del atentado, señalan al club como “un nido de paramilitares”. A esto se suma que el país estaba en conmoción interior por una cascada de atentados de las Farc, incluyendo los morteros lanzados contra la Presidencia en plena posesión de Álvaro Uribe el 7 de agosto de 2002, así como un maletín bomba detonado en el Hotel Tequendama, las granadas de mortero lanzadas contra la embajada de Estados Unidos y contra el búnker de la Fiscalía, además de varios ataques a vehículos de la fuerza pública. Lo más absurdo es que, a pesar de ese panorama, el Estado contaba con un informante calificado que estaba advirtiendo sobre un atentado mayúsculo en Bogotá y nadie le paró bolas.

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Se trataba de Jaime Quiñónez Rodríguez, un sujeto que tenía contactos con las redes urbanas de la guerrilla y que había entregado información efectiva para prevenir secuestros planeados por las Farc. Quiñónez le advirtió a la Fiscalía sobre un emisario de la guerrilla, “alias el Flaco”, que preparaba en Bogotá un gran golpe. Y a cambio de una jugosa recompensa ofreció reunirse con él y traer muestra de sus huellas para que las autoridades verificaran de quién se trataba. El informante dijo que podría entregar los números de los celulares que usaba el sujeto e incluso propuso un encuentro controlado para que las autoridades lo capturaran.

Héctor Darío Velásquez, alias el Paisa, fue el autor intelectual del atentado. Aunque se sometió al proceso de paz, desde hace varias semanas es incierto su paradero, así como el de Iván Márquez. 

La investigadora del CTI que conoció inicialmente la información concluyó que el sujeto hablaba muy en serio y decidió escalar el tema ante el DAS y a otros organismos de inteligencia. Quiñónez llegó a anunciar que el terrorista ya estaba “picando la dinamita” que usaría. Pero las autoridades no lo tomaron en serio. Tampoco le prestaron atención a Llimi Díaz Torres (sic), un exdetective del DAS que recibió información en el mismo sentido y que, infructuosamente, puso en contacto a su fuente con la entidad, todo ello previo a la tragedia que nadie evitó.

Hermisúl Arellán, también integrante de las Farc, fue condenado a 40 años de cárcel, pero recobró la libertad tras someterse a la JEP.

Luego de que ocurrió el atentado se constató que alias el Flaco era Hermisúl Arellán, el encargado de construir la bomba y hermano de Fernando Arellán, el profesor de squash que se infiltró en el club para introducir el carro bomba.

De otra parte, el Consejo de Estado también consideró un punto crítico que El Nogal se convirtió en la “segunda Casa de Nariño”. Al club concurrían diariamente altos funcionarios del gobierno e incluso la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, pernoctó allí muchas veces. Todo esto sin que el gobierno tomara las medidas de seguridad correspondientes, con lo cual se puso en riesgo a la población civil.

La altísima vulnerabilidad del club también quedó en evidencia al constatar que los Arellán ingresaron antes, en la etapa de planeación, varias veces con un carné provisional falsificado, y que cualquier agente antiexplosivos, así como un perro adiestrado, habría podido detectar el carro bomba, “dado que un automóvil con similares características al empleado naturalmente se inclina por el peso que alberga en su interior (200 kilos de dinamita), aspecto notorio a la vista, especialmente para quienes han sido capacitados en la detección de explosivos”.

Todo ese contexto enfrentado al deber del Estado de prevenir y proteger a la población civil y a que nadie empleó las herramientas disponibles para aminorar el peligro evidente llevaron a condenar al Estado, la conclusión final de la sentencia. “Las víctimas en este asunto no tendrían que haber soportado lo acontecido”, señala la sentencia.

Pero los argumentos jurídicos palidecen cuando el asunto se mira desde la óptica política. Política y moralmente es difícil de admitir que del erario tenga que salir una indemnización a un grupo de víctimas mientras que las Farc, principal responsable, legisla en el Congreso de la República. Aún más desconcertante resulta la situación de Hermisúl Arellán Barajas, el cerebro del atentado, condenado a 40 años de prisión, quien recobró la libertad en virtud de su sometimiento a la Jurisdicción para la Paz. En un grave error, la Secretaría Ejecutiva de la JEP, en marzo pasado, le otorgó un permiso para vacacionar en isla Margarita. Por otra parte, al cierre de esta edición no se tiene claridad del paradero de Héctor Darío Velásquez, más conocido como el Paisa, jefe de la desaparecida columna Teófilo Forero. Varios rumores señalan que, defraudado del proceso de paz, habría huido a Venezuela.

Es imposible evitar el corto circuito que se produce al contrastar los argumentos jurídicos de la sentencia contra el Estado por el atentado al Nogal con la lectura política y ética de ese episodio bárbaro. Tal vez la única forma para morigerar la asimetría sería ver pronto que los magistrados de la Jurisdicción para la Paz tomen decisiones contra los principales responsables del atentado terrorista. Y es hora de que las extintas Farc, o la propia JEP, aclaren si el Paisa e Iván Márquez abortaron el proceso de paz, caso en el cual tendrían que reactivarse las órdenes de captura en su contra.