Corte Constitucional se puede quedar sin magistrados

El magistrado Luis Gabriel Mendoza, cuyo voto es definitorio para el futuro del Fast Track en la Corte Constitucional, tiene 24 días hábiles antes de que se le venza el periodo. El 3 de febrero del 2017, Mendoza tendrá que dejar este alto tribunal sin que haya sido posible elegir su reemplazo.

En una situación similar están otras cuatro vacantes en la Corte Constitucional; aunque la Corte Suprema y el Consejo de Estado madrugaron en las convocatorias, el proceso de reemplazos para los titulares tiene la agenda atrasada y el escenario no es nada alentador.

Sin votar, la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo su última Sala Plena del año en la que se suponía que tenían que elegir a los candidatos a reemplazar a Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas. Sin embargo, aún están lejos de llegar a una votación mayoritaria de 16, que se requiere para poder salir elegido en la terna. 

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La próxima Sala Plena será el 26 de enero del 2017, sin embargo, en ese momento el Congreso ya estará en receso legislativo y así envien la terna inmediatamente tan solo se podrá definir quién asume esos cargos cuando comiencen de nuevo las sesiones, en el mes de marzo. A esto se suma que esta es una corte que tiene divisiones importantes por cuenta del tema de la paz y a la que últimamente le ha quedado díficil llegar a consensos. Además de que por experiencia, en este alto tribunal, el cambio de Presidencia que se da a comienzos de año, genera parálisis electoral.

“Nos da tranquilidad saber que el año entrante el Congreso va a tener sesiones extraordinarias. La idea es que empecemos a trabajar por salas, nos ha dado resultados que podamos unificar candidatos”, indicó la Presidenta de la Corte, Margarita Cabello Blanco.

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Sin embargo, los reemplazos de Palacio y de Vargas no son los únicos que están empantanados. El Congreso no ha procedido a elegir al magistrado que reemplace a Gabriel Mendoza, a pesar de que el Consejo de Estado ya seleccionó a los ternados. Concursan por esta vacante: el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Antonio José Lizarazo, el constitucionalista Rodolfo Arango y la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional Martha Paz.

Ante el frenazo en la elección en la Corte Suprema, el Presidente Juan Manuel Santos tampoco estaría dispuesto a enviar sus ternas hasta no conocer cuáles son los perfiles que compiten por llegar a la corporación de justicia más importante del país. En manos del Primer Mandatario está escoger sucesores para la actual Presidenta de la Corte, la magistrada María Victoria Calle, y el suspendido magistrado Jorge Pretelt.

Ete último ya tiene un reemplazo hasta marzo del 2017, el magistrado Aquiles Arrieta,  quien es un jurista muy respetado que le ha dado tranquilidad a la Corte.  Lo preocupante del caso es que precisamente la Corte Constitucional tiene para resolver a comienzos del año entrante decisiones de profunda trascendencia. 

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Es el caso de las otras demandas contra el Acto Legislativo para la paz, que habilita el Fast Track. Especialmente, tendrá que pronunciarse sobre la demanda del senador uribista Iván Duque que pide tumbar todo el Acto Legislativo. También tiene pendiente la Ley de Zidres, que tuvo que ser aplazada mientras el conjuez Germán Quintero termina de estudiar el caso.

Están por decidirse dos demandas del exfiscal Montealegre: una, sobre contra los pocos apartes que aún sobreviven a la Ley de Equilibrio de Poderes: reelección presidencial y creación de Consejo Nacional de Disciplina que reemplaza en funciones a la Judicatura. Y la otra es la que pide que los acuerdos de paz sean elevados a la categoría de acuerdo especial para que por esta vía sean incluidos al bloque de constitucionalidad.  

Aunque la salida de los cinco magistrados se dará de manera progresiva hasta abril, se teme que cuando llegue el momento de tomar estas decisiones claves no estén los magistrados para resolver esos debates.