Pensionados ¿la siguiente amenaza de Electricaribe?

Doce años después de la liquidación de Telecom, el karma de los pensionados sigue persiguiendo a Javier Lastra. El ahora interventor de Electricaribe fue recibido con 29 sentencias judiciales que le ordenan el pago de 36.600 millones de pesos a más de 300 pensionados de la entidad, que lograron a través de tutela su reliquidación pensional.

El lío comenzó en el 2013, cuando un exempleado logró el pago de 212 millones con una acción de tutela. De ahí en adelante, jueces de Atlántico y Magdalena ordenaron millonarias sumas; hoy están pendientes por fallarse 70 procesos de acciones que agrupan a 498 personas.

Aunque muchos de estos casos están en trámite en procesos laborales ordinarios, fueron sometidos a conciliación con Electricaribe o han sido fallados a favor y en contra de la entidad, crece el número de pensionados que acude a la tutela y de jueces que las fallan. Y con ello crece también la preocupación de Lastra, que en una reunión esta semana con las asociaciones de pensionados en Barranquilla, manifestó que si a la totalidad de los 3.000 pensionados se les concediera la reliquidación en los términos en la que la están ordenando los jueces, Electricaribe tendría que pagar 351.300 millones de pesos.

Esto abriría otro boquete para las deudas de una de las entidades más cuestionadas y endeudadas del país. El desfase equivaldría a la mitad de los pasivos pensionales de la entidad, que hoy llegan a 793.000 millones de pesos.

Por este caso, el abogado Jaime Granados en nombre de Electricaribe tiene demandados a jueces de Ciénaga y Fundación.

¿Qué piden los accionantes? solicitan que en cumplimiento de la Convención Colectiva del Trabajo del 83 se reajusten sus mesadas pensionales de acuerdo a la Ley 4 de 1976, que ya fue derogada. Esto representaría en casos de trabajadores con salarios inferiores a cinco salarios mínimos un aumento de dos y hasta tres veces su pensión. Alegan que está comprometido el mínimo vital de personas de la tercera edad y apelan a la igualdad con otros pensionados a quienes se les realizaron reajustes por cuenta de fallos judiciales.

Los casos vienen llegando desde hace varios años a las altas cortes. La Corte Constitucional a mediados de este año revisó dos tutelas y ordenó revocar las órdenes de jueces de Sabanalarga. Estos despachos judiciales ordenaron el pago de $3.930 millones de pesos, el dinero se desembolsó y ahora la entidad avanza la correría para poderlo recuperar.

Para la Corte, las tutelas eran improcedentes, teniendo en cuentas que en muchos casos ya había cosa juzgada, en otros procesos se concilió con Electricaribe y en otros se le dio la razón a la entidad. También asegura que, aunque existen casos excepcionales, en los procesos que fueron objeto de revisión no existen condiciones especiales de los accionantes ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable que les impida esperar a la justicia ordinaria. “Todos reciben pensión en la actualidad”, dijo.

Aunque no toca de fondo el asunto en cuestión, la Corte Suprema en diferentes fallos de tutela sí lo ha hecho. Estas decisiones, sin embargo, han sido contradictoras. En unos casos se han revocado los reajustes al considerar que no es cierto que el acuerdo colectivo establezca que los pensionados se les aplicarán incrementos pensionales a la luz de la Ley 4 “sin consideración a su vigencia”. En otros, se mantienen los fallos de los jueces al considerar que las convenciones colectivas son precisamente para disciplinar o normar las condiciones de trabajo. Y que no “es exótico que la convención disponga un mandato legal así haya perdido vigencia”.

Según Armando Valencia, representante de la Asociación de Pensionados de la Electrificadora del Caribe (ASOPELCARIBE), las convenciones colectivas se pactaron en todos los departamentos de la Costa. “Ante las llegadas de inversionistas extranjeros, se firmaron convenios de sustitución patronal con las que se heredaron todas las obligaciones sobre convenciones colectivas”, dice.

“Ahora se alarman porque los jueces reconocen en decisiones de tutela derechos fundamentales aplicando la Ley 4, cuando allí hay personas de la tercera edad a quienes hace más de 18 años se les están vulnerando sus derechos”. Subraya que la Superintendencia de Servicios Públicos encuentra este “chicharrón” y cree que “nos lo estamos inventando los pensionados o que hay algo oscuro”.

La situación es alarmante. A la llegada de Lastra fue notificado de una decisión de un juez penal de Aracataca en la que ordena el desembolso de $ 4.500 millones. Se negó a firmarlo.

Como liquidador de Telecom, Lastra estuvo cinco veces detenido en la escuela del DAS de Aquimindia por negarse a desembolsar el pago de pensiones de exempleados, que sin cumplir requisitos, se acogían a pensión anticipada. Ahora, a menos de un mes de haberse posesionado, ya lo rondan varios desacatos; el más cercano está en impugnación en un juzgado de Santa Marta.