‘Falsos positivos’ aumentaron más del 150 % con Uribe

Durante sus dos períodos presidenciales, Álvaro Uribe basó sus políticas en tres pilares, uno de los cuales fue la llamada seguridad democrática. Aunque el objetivo era recuperar el territorio que habían tomado los grupos ilegales, el camino se desvió en varias partes, y en múltiples ocasiones terminó con los asesinatos de campesinos que eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

Estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, no eran nuevas en el país pero sí aumentaron de manera drástica: 154 % entre el 2002 y el 2010, según el estudio ‘La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales’. Este fue realizado por Édgar Villa y Ernesto Cárdenas, profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia, respectivamente. 

El promedio de los 10 años anteriores a la elección de Uribe como presidente de Colombia es mucho menor a los ocho años que él estuvo en el Gobierno, aun incluido un período tan violento como los 90. Desde principio de esa década hasta el 2001, hay una tasa de 0,095 ‘falsos positivos’ por cada 100.000 habitantes pero esa cifra aumenta de manera desproporcionada entre el 2002 y el 2008, siendo de 0.385, según los datos recopilados por el estudio. 

El Centro de Investigación para la Educación Popular registró entre 1990 y 2009 un total de 1.613 de ejecuciones extrajudiciales. El panorama podría ser peor, pues sólo entre el 2004 y el 2008 hubo 3.000 víctimas de esa violencia, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

El control y el sometimiento de la guerrilla era uno de los pilares de la política de seguridad democrática. El estudio señala que la cifra de guerrilleros dados de baja también aumentó, pero no en el mismo ritmo que las ejecuciones extrajudiciales, pues las muertes de guerrilleros ascendieron en 52 % durante el gobierno de Uribe. 

En su investigación, los docentes demostraron que el pecado capital de dicha política fue no pensar en un control específico a la fuerza pública dentro del fortalecimiento judicial. Con ello se daba por seguro que los militares respetarían las leyes y los derechos humanos. 

“Es un elemento importante a la hora de establecer la relación entre la seguridad democrática y el aumento de los ‘falsos positivos’ porque implica un desconocimiento de los incentivos que determinan el comportamiento final de los militares”, señala el análisis. 

A esto se suman los ya conocidos incentivos a los miembros de la fuerza pública que al final de mes registraran el mayor número de combatientes dados de baja. Recompensas en dinero, permisos de vacaciones, capacitaciones en el exterior e incluso ascensos eran varios de los premios. 

“Este tipo de incentivos generó un afán desmedido por mostrar resultados satisfactorios en la lucha contra los grupos al margen de la ley”, apunta el informe. 

Así quedó evidenciado en su momento con las declaraciones de varios militares. “Uno de los incentivos que nos otorgaban a los comandantes de contraguerrilla de cada batallón era una licencia por todo el mes de diciembre a los pelotones que más sumaran muertos en el año. O sea que si mi pelotón del Batallón Calibío era el que más había dado muertos en el año, yo y mi gente salíamos todo el mes de diciembre [...] También se dijo que el soldado que más diera bajas sería incentivado con enviarlo al Sinaí o a un curso fuera del país”, relató un militar para la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Los investigadores señalan que el Gobierno promovía los incentivos pero no tenía manera de comprobar si los muertos eran o no guerrilleros. 

Desde la administración gubernamental, se daba el dinero necesario para que la inteligencia militar detectara la presencia de posibles agentes ilegales. Cuando se tenía la operación planeada, enviaban a una brigada que operaba sin un control estricto. 

“Cuando la unidad militar no obtenía resultados y decidía realizar operaciones de ‘falsos positivos’, pagaba a un informante ficticio para justificar su solicitud de recursos”, indica el análisis. 

Pero ese supuesto informante no se quedaba con todo el dinero, pues debía darles una parte del botín a los comandantes de la escuadra, los mismos que asignaban presupuesto a los soldados para que consiguieran víctimas y armas para ponerle al cuerpo. El resultado final era un civil que hacían pasar por guerrillero, dos semanas de permiso para el soldado y las felicitaciones para el oficial encargado. 

“El problema fundamental de la seguridad democrática es la falta de control de las acciones de las unidades militares, las cuales son no observables directamente por el Gobierno”, concluye el estudio. 

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