¿Falsos positivos en la Comuna 13 de Medellín deben ser investigados en la JEP? Solicitan crear un nuevo patrón macrocriminal para estos casos

La Procuraduría le pidió a la JEP incluir los casos de falsos positivos que se presentaron en la Comuna 13 de Medellín y en la región del Valle de Aburra, en Antioquia, como un nuevo patrón macrocriminal para investigar a los máximos responsables de esos casos que fueron presentados como bajas en combate con integrantes de la fuerza pública.

“Existe una necesidad de que la magistratura entre a investigar, y de ser procedente, determinar la correspondiente imputación a los comparecientes que cumplan los requisitos para una máxima responsabilidad o participación determinante, con base en el patrón urbano de macrocriminalidad”, explica el documento.

Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, esos casos de falsos positivos que se presentaron por parte del Ejército Nacional, tuvieron características especiales en términos ejecución, contexto y tipo de víctimas, por lo que se propone en la petición que se configure ese patrón de macrocriminalidad en casos que se presentaron desde el año 2002.

La Procuraduría explicó que el contexto de esas ejecuciones extrajudiciales se dieron en medio del “despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”.

La petición está sustentada en por lo menos 26 casos que se presentaron en zonas urbanas, y que por no tener los parámetros que recogen los casos de falsos positivos, terminaron quedando fuera del registro oficial.

“Este despliegue operacional concluyó en once acciones en las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá durante el año 2002, las cuales se vieron acompañadas por serias denuncias de violaciones a los derechos humanos y sobre la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en operaciones contrainsurgentes en alianza con grupos paramilitares”, explica la Procuraduría sobre el contexto en el que ocurrieron las mencionadas ejecuciones extrajudiciales.

Con esa petición, la Procuraduría también le solicitó a la JEP que tome medidas urgentes para atender de manera prioritaria y con enfoque diferencial el caso de mujeres víctimas de violencia basadas en género. Así mismo, se solicitó garantizar la participación de víctimas cuya acreditación se realizó de manera tardía para prevenir que las versiones voluntarias terminen fragmentadas.

El documento de la Procuraduría detalla que el contexto de violencia que habría dejado estas ejecuciones extrajudiciales, se dio por el esquema que adoptó el Ejército para enfrentar a las guerrillas y milicias del ELN, EPL y los Comandos Armados del Pueblo (CAP) con alianza del bloque cacique Nutibara de las AUC.

“Esto llevó a la adopción de la orden de operaciones Mariscal, donde efectivos del Ejército Nacional, particularmente aquellos al mando de la Cuarta Brigada, el Gaula Antioquia, el Departamento Administrativo de Seguridad, la Policía Nacional y, según la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, el bloque cacique Nutibara de las AUC17″, retoma el Ministerio Público.

Por eso, en la ofensiva ‘Mariscal’, que pretendía enfrentar a esos grupos en la Comuna 13 y en San Javier, terminó convirtiéndose en un pretexto para la alianza criminal entre el Ejército e integrantes de las AUC.

Asi mismo, el Ministerio Público recordó a partir de una informe del Observatorio de Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes la Operación Orión que se desarrolló a medios de octubre de 2002 con la participación del DAS,la Policía Nacional, el Ejercito, el CTI, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Especiales Antiterroristas y se contó con tanquetas de la Policía y helicópteros artillados.

En dicho informe se cita que esa ofensiva dejó como resultado “150 allanamientos y capturó a más de 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas (…) murió un civil, 38 más resultaron heridos y ocho fueron desaparecidos por el Ejército Nacional, paramilitares e integrantes del CTI”. Orión provocó el desplazamiento de 1.259 personas durante ese año”.