“Falsos positivos fueron una política del Gobierno”: comisionado Alejandro Valencia arremete contra Uribe

Este martes, desde Soacha, Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, aseguró en medio de un acto con las víctimas de los falsos positivos, que estas ejecuciones extrajudiciales, que se dieron entre 2002 y 2008, fueron parte de una política de gobierno.

“Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combate simulados, ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, en su período de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público, para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, señaló Valencia.

Y agregó: “Se puede evidenciar una alta malversación de fondos del Estado, los cuales se destinaron para financiar esta práctica criminal. Un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados, el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa e indirectamente en estos hechos. Así como también se suministró armamento, municiones o equipamientos a grupos paramilitares, usados como moneda de cambio para fortalecer el vínculo de estas estructuras armadas ilegales y planificar bajas, bajo la simulación de combate”, dijo Valencia.

La Comisión señala que desde hace dos años, con el objetivo de impulsar acciones para el reconocimiento y dignificación de las víctimas y la construcción de un relato amplio, se comenzó a trabajar junto a Madres de los Falsos Positivos de Soacha (Mafapo), una organización creada en 2010 que agrupa a las madres y familiares de 19 personas asesinadas extrajudicialmente por agentes del Estado (14 en Soacha y cinco en Bogotá).

El comisionado también señaló que las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y “fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente de guerrillas, sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados”.

Según Valencia, en momentos en los que se solicitaba el combate a los grupos paramilitares y grupos posdesmovilización, “las víctimas fueron reportadas como integrantes de estas agrupaciones. Las víctimas también fueron, en su mayoría, hombres jóvenes”.

La respuesta del expresidente Uribe

“Las ejecuciones extrajudiciales se incentivaron desde el mismo gobierno. El honor patriótico está por encima de cualquier cálculo, denunciaré a la Comisión de la Verdad, de la irresponsabilidad, en cabeza de Alejandro Valencia”, escribió el expresidente Uribe en Twitter tan pronto se conocieron las declaraciones del comisionado Valencia.

Según ha podido documentar la JEP, en el país hay evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales. Los hechos se presentaron en por lo menos 31 de los 32 departamentos de Colombia y, de estos, 14 ocurrieron en Soacha y cinco en Bogotá.

En la audiencia también participó, por ejemplo, Flor Hilda Hernández, otra madre víctima de falsos positivos, quien llorando aprovechó para leer una reflexión: “Lo que quiero compartirles es que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, solo eso, que quede claro. A mi hijo se lo llevaron, en este parque él vendía helados. Gracias por la valentía y las fuerzas que me dan. Y a ustedes, militares, no les guardo rabia, pero siempre se acordará de mis palabras, cuando usted se llevó a mi hijo… busque el perdón de Dios. Siempre lo diré en las oportunidades que Dios me brinde. Ayúdeme a tener frente a frente a Consuegra. Soy víctima y somos todos víctimas”, dijo.