Falsos positivos: general Mario Montoya destapa sus cartas ante la JEP

Este miércoles, 15 meses después de que se conoció que sus procesos quedarían en manos de la justicia transicional y en medio de los infructuosos esfuerzos jurídicos de las víctimas para evitar que eso pasara, los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial de Paz, escuchan la versión del general (r) Mario Montoya sobre el caso 03 que abrió por "muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado". 

_{Foto: Jonathan Chiquiza /Semana}

Ante 41 víctimas  y 15 representantes judiciales, le llegó la hora al oficial retirado de entregar su versión sobre uno de los capítulos más oscuros de las fuerzas militares: los llamados falsos positivos ocurridos durante los gobiernos de Álvaro Uribe. 

Con los insumos que entregue el general, los magistrados comienzan a tejer las atrocidades ocurridas en por lo menos seis territorios del país priorizados: Cesar, Antioquia, Catatumbo, Casanare, Meta y Huila, de donde la JEP ha extraídos las primeras 215 versiones orales y escritas con las que cuenta. 

De ellas, según informó la jurisdicción, el nombre del oficial aparece en al menos once versiones rendidadas. Esto, sin contar que es mencionado en varios informes de la justicia ordinaria que fueron trasladados hace unos meses a la nueva jurisdicción. Como se sabe, Montoya no solo es señalado de tener presuntos vínculos con los paramilitares, de haber propiciado la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales sino también de permitir decenas de asesinatos y desapariciones durante la Operación Orión, en la comuna 13 de Medellín.

_{Foto: Jonathan Chiquiza /Semana}

Pese a la batalla jurídica que durante meses dieron las víctimas para evitar que estos procesos quedaran en manos de la justicia transicional, durante este miércoles, jueves y viernes, 41 de las 380 víctimas acreditadas en el caso, tendrán la oportunidad no solo de estar cara a cara frente a quienes ellas consideran uno de los mayores responsables, debido a que en ese momento se desempeñaba como comandante del Ejército, sino que también podrán escuchar de viva voz su relato y preguntarle al compareciente sobre cada uno de sus casos.

Algunas de las víctimas participantes pertenecen a organizaciones como Las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, la Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Javier Villegas Posada Asociados, Asociación Minga, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Dentro de este mismo caso, la sala también ordenó las versiones de otros cuatro generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército y del general en retiro Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército. Hasta ahora, han rendido versión el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes) y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.

Los caminos del general

Pese a las prevenciones que hay en torno a lo que pueda decir o no el general retirado, como lo manifestó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch: "La última vez que declaró ante las autoridades andaba un poco “desmemoriado", tampoco es que tenga muchas salidas dentro de la jurisdicción. 

_{Foto: Jonathan Chiquiza /Semana}

Después de haber conseguido que le aceptaran el sometimiento, ahora está obligado a aportar verdad plena. Es decir, debe relatar de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión. Esa es la vía con la que los magistrados consiguen garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación.

Ahora, aportar verdad no implica necesariamente la obligación de aceptar responsabilidad. Pero quienes opten por guardar silencio o repetir las versiones que ya habían entregado ante la justicia ordinaria, irán a un juicio adversarial en el Tribunal de la JEP y si se les encuentra responsables de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario, podrán ser condenados hasta con 20 años de cárcel.