Falsos positivos: General Mario Montoya habría liderado una operación de “destrucción de pruebas” en el Ejército

El excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Mario Montoya, habría ordenado la “destrucción de pruebas” relacionada con su política de muertes en combate que derivaría en los denominados falsos positivos por los que es investigado.

Así quedó establecido en las investigaciones cuyos detalles fueron revelados por SEMANA y que enredan a uno de los generales más emblemáticos del Ejército con 104 falsos positivos, entre ellos los de cinco menores de edad.

“Mediante órdenes de fechas 3, 14, 15, 16 y 24 de abril de 2008, el general Montoya ordenó destruir la directiva permanente 00017 de 1996, condecoraciones de orden público y la Circular n.° 62162, que contempla los trámites correspondientes que se deben seguir para otorgar la Condecoración de Servicios Distinguidos en Orden Público, documentos que evidenciaban su política de muertes en combate y su incumplimiento de la orden del comandante general de las Fuerzas Militares de cambiar la forma de evaluar la campaña”, se advierte en el expediente.

En ese plan de destrucción de evidencias no solo estaría comprometido Montoya. “La orden de destruir material probatorio fue replicada, por lo menos, por los comandantes de las Divisiones Segunda y Séptima, de las Brigadas 11, 14, 30 y móvil 15”, se lee en uno de los apartes del documento.

El 21 de febrero del 2006, el entonces general Montoya asumió como comandante del Ejército. Poco tiempo después, en noviembre de 2007, ante las denuncias de varias ONG sobre posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la institución, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, se vio obligado a emitir una directiva en la cual priorizaba las desmovilizaciones y las capturas por encima de las bajas en combate.

El caso por 104 falsos positivos contra el general Montoya, entre ellos los de cinco menores de edad, se abre con las acciones que habría cometido el oficial luego de la directiva 300-28, la cual se habría pasado por la faja, incentivando y presionando a sus subalternos a mantener las muertes como una prioridad.

“Desde que el general Montoya llegó al comando del Ejército instauró para todas las unidades del Ejército (desde las divisiones hasta los pelotones), incluidas las tropas agregadas al Comando Conjunto n.° 1 Caribe que no estaban bajo su control operacional, una política de comando basada en la presión por resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar y comparar a las unidades. Los comandantes de sus unidades subordinadas sabían que Montoya no pedía, él exigía muertes en combate”, se lee en el expediente en contra de Montoya, conocido en exclusiva por SEMANA.

Según las investigaciones, el general fue más allá y su proceder habría sido macabro. “El general Montoya comparaba a las unidades militares utilizando un ranking, en el que el único criterio de evaluación era la cantidad de muertes en combate reportadas. No se valoraban las desmovilizaciones, las capturas, la efectividad en el control militar de área relacionado con la disminución de afectaciones a la población civil, la integridad de la infraestructura o factores similares”, señala el proceso en su contra.

La presión de Montoya habría sido tal que los comandantes de división, brigadas y unidades tácticas terminaron acatando y transmitiendo sus aterradoras órdenes. Puntualmente, el general se aprovechó del Plan de Moral y Bienestar “para que los permisos, cursos, condecoraciones y demás beneficios contemplados fueran otorgados principalmente a los integrantes del Ejército que cumplieran su política de muertes en combate. Dichos beneficios eran concedidos en todos los niveles del mando, es decir, desde los soldados hasta los comandantes de Brigada”, según se lee en el expediente.

Los que no cumplían con esas órdenes, según consta en el proceso, eran sometidos al “escarnio ante todo el Ejército durante los programas radiales. Montoya impartía instrucciones para que los relevaran del mando, no les dieran permisos especiales o cursos, los calificaran en listas inferiores respecto a quienes sí cumplían con la cantidad de muertes en combate que exigía”.

Las primeras sospechas de lo que podría estar ocurriendo llevaron al Ministerio de Defensa a emitir una directiva permanente (la 10 de 2007), hacia junio de ese año. Allí, textualmente, reiteraron las obligaciones “para autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y evitar homicidios en persona protegida”. De hecho, se creó un comité para hacerles seguimiento a las denuncias por las ejecuciones extrajudiciales.

Se sabe que de las seis sesiones del comité, entre julio y noviembre de 2007, Montoya solo asistió a la primera. A las restantes envió delegados. En dichas reuniones “se analizaron las causas del incremento de los cuestionamientos a las muertes en combate reportadas como resultado operacional por todas las Unidades del Ejército”, dice el expediente.

En lugar de parar, las denuncias se incrementaron y llevaron al comandante general de las Fuerzas Militares a emitir la directiva 300-28. Montoya, según las pruebas en poder de los investigadores, sabía por qué se había expedido dicha orden. La instrucción para él fue clara desde el 20 de noviembre de 2007, cuando recibió la orden directa de su superior de privilegiar las desmovilizaciones y las capturas sobre las muertes en combate.

A pesar de todas las instrucciones dadas a Montoya, el comando general y el Ministerio de Defensa siguieron recibiendo las “alertas internas y externas en las que se denunciaba que integrantes del Ejército estaban matando a civiles para reportarlos como muertos en combate. El Plan de Moral y Bienestar del Ejército siguió beneficiando a aquellos que reportaban muertos en combate”.

Montoya siguió presionando a sus subalternos con base en un ranking de muertos, sabiendo lo que hacía. Una de las pruebas más comprometedoras contra el general es que impulsó reconocimientos y felicitaciones a oficiales, suboficiales y soldados que cumplieran con la cantidad de muertos en combate que él exigía. Montoya habría ordenado destruir pruebas.

Los 104 homicidios por los cuales Montoya tendrá que responder ante la JEP, tras ser imputado por la Fiscalía, fueron reportados como bajas en combate por unidades del Ejército en las Divisiones Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima. Los crímenes ocurrieron entre el 20 de noviembre de 2007 y el 4 de noviembre de 2008. Todos los implicados por estos hechos están condenados y aseguran que cometieron los crímenes para ganar premios y condecoraciones definidas por Montoya.

Se comprobó que ninguna de las víctimas murió en combate y que fueron sometidas a tratos inhumanos. “Estos hechos le servían al general Montoya para mostrar, en términos de resultados operacionales, un Ejército estadísticamente exitoso”, concluye la investigación.

Casi 13 años después de estos hechos, Montoya deberá enfrentar a la justicia y responder por homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ocasiones, con dos circunstancias de agravación, según el Código Penal: por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo abyecto o fútil. Y por poner a las víctimas en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de su situación.