Falsos positivos: general (r) Paulino Coronado confesará nuevos hechos en audiencia pública ante la JEP

Paulino Coronado es un general en retiro del Ejército Nacional quien, en julio de 2021, fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en los asesinatos extrajudiciales de jóvenes para presentarlos como bajas en combate, más conocidos como ‘falsos positivos’. Se trata del miembro de esta institución con el más alto rango en atribuírsele su participación en esta página oscura de la historia.

No obstante, la noticia que ha agitado la actualidad nacional es que tanto Coronado como otros 20 miembros del Ejército aceptaron tener participación directa en los ‘falsos positivos’ que se desarrollaron en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) durante el primer periodo del expresidente Álvaro Uribe (2002-2006) y parte del segundo (2006-2010).

Por esa razón, la JEP convocó este miércoles una audiencia pública para escuchar la ampliación del reconocimiento y aporte a la verdad de parte del general que fue imputado por no haber tomado las medidas necesarias para evitar que se cometieran los asesinatos y desapariciones forzadas, en el Catatumbo, cuando fue comandante de la Brigada 30, a sabiendas de lo que podía estar ocurriendo.

Cabe recordar que el alto oficial fue uno de los 10 miembros de la fuerza pública, además de un civil, imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, que asumieron su responsabilidad ante las víctimas y el país por los ‘falsos positivos’ que se perpetraron en esa región priorizada en el Caso 03. Lo hicieron durante la audiencia pública de reconocimiento que realizó la Jurisdicción el 26 y 27 de abril en Ocaña, Norte de Santander.

La decisión que adoptó la Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del Auto 059 del 17 de mayo, responde a una solicitud que fue presentada por las víctimas acreditadas en el caso, después de conocer que el compareciente radicó ante la Jurisdicción un memorial en el que amplía su reconocimiento de responsabilidad. Para ellos, esta manifestación no puede hacerse únicamente por escrito, sino que debe quedar consignada en un pronunciamiento público.

En ese sentido, la JEP convocó una audiencia pública en Bogotá el 1 de julio a las 8:30 a.m. La diligencia se llevará a cabo en presencia de las víctimas acreditadas que así lo soliciten ante la Sala de Reconocimiento, la representación de las víctimas y el Ministerio Público. Asimismo, con el fin de garantizar la máxima publicidad, el acto de reconocimiento se transmitirá por los canales digitales con los que cuenta la JEP.

“Mientras la Sala de Reconocimiento de Verdad evalúa las intervenciones de cada uno de los máximos responsables dentro del subcaso Norte de Santander, la magistratura ordenó poner en marcha el proceso dialógico en el que se empezará a abordar la propuesta de sanción propia. A esta sanción, que tiene componentes restaurativos y reparadores, se harán acreedores los imputados respecto de quienes la JEP concluya que reconocieron de manera satisfactoria su responsabilidad y que aportaron verdad completa, exhaustiva y detallada”, señala la justicia transicional.

Dado que, una vez surtida la audiencia pública de reconocimiento, “la Sala se concentrará en el proceso de construcción de los proyectos de sanción propia, la magistratura fijó un término de cinco días hábiles para que los comparecientes hagan llegar las propuestas que tienen y que serán trasladadas a las víctimas, sus representantes y el Ministerio Público. Se trata de un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restauradoras”.