Falsos positivos: JEP imputa a un general y nueve militares por desapariciones y asesinatos en el Catatumbo

El Caso 003 de falsos positivos, o como aclaró la Justicia Especial para la Paz que se llamará de ahora en adelante: asesinato y desaparición de personas presentadas como bajas en combate, dio su primer gran avance en el tribunal transicional con el anuncio de la imputación contra un general; nueve militares, entre oficiales y suboficiales, y un civil, dentro de la investigación por uno de los capítulos más oscuros de la guerra en el país: Norte de Santander, en especial El Catatumbo.

Esta imputación se da fruto de de la sistematización de los informes judiciales de Fiscalía, procuraduría y otras entidades; y extrajudiciales que ha recibido el tribunal transicional, pero lo que la mesa la Sala de Reconocimiento de la JEP, es que estos asesinatos y desapariciones “no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate”, y sin la estigmatización de la población civil”.

Además, advirtió que esta imputación es solo la primera de seis que se estarán realizando en próximos días, y cuyos avances en las investigaciones han permitido llegar a la etapa de imputación de delitos. La JEP advirtió que continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por acción u omisión en el patrón macrocriminal determinado.

Según la investigación, los informes y la sistematización de los hechos, en este imputación que resulta histórica por la magnitud de los hechos; las críticas que se han hecho a la investigación de la JEP de parte, especialmente del Centro Democrático; y por la gravedad que representa el asesinato de civiles a manos de quienes los debían proteger, los imputados son acusados “por su participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander), presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”.

Los delitos que se les imputaron a estas 11 personas son los de crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Se trata de 11 imputados porque, como explica la JEP, eran quienes los máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada. Sus nombres son: el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).

También fueron imputados el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.

En el otro grupo de imputados, en este caso no por ser los máximos responsables, sino por haber “contribuido de manera amplia y efectiva en esa conductas de particular gravedad” están el capitán Daladier Rivera Jácome y el sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.

La JEP fue contundente en esta imputación, y aseguró que la evidencia indica la plena responsabilidad de estos 11 imputados como responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.

Los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad.

De los 120 asesinatos, 73 contaban con una investigación penal previa en la jurisdicción ordinaria, en 39 procesos judiciales, de los cuales ocho alcanzaron la etapa de juicio y uno la ejecución de la pena. Los demás se encontraban en etapa de investigación. De los 11 máximos responsables imputados por la JEP, cinco habían sido condenados por algunos hechos individuales (un teniente coronel, tres sargentos y un tercero civil).

En el análisis de los hechos ocurridos en el Catatumbo que terminaron con esos 120 asesinatos se encontró un patrón criminal que fue revelado por la JEP: “Las víctimas tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi. No se trataba de hechos aislados o de una repetición accidental, tenían las mismas características y una misma finalidad: responder a la presión por “bajas” a “como diera lugar” y así satisfacer el indicador oficial del éxito militar en el marco de la política institucional del conteo de cuerpos”.

Según la investigación, La Sala cuenta con información proveniente de expedientes de la jurisdicción ordinaria, y de la propia documentación oficial de las unidades militares, que hace referencia a los orígenes y las ocupaciones reales de las víctimas, muy distintos a la supuesta actividad criminal que les fue señalada al momento en que fueron ejecutados.

La historia es cruda, según las investigaciones de la JEP, desde “diciembre de 2007 se puso en marcha un negocio criminal en el que miembros del Ejército transaron con terceros para que reclutaran a jóvenes de otros municipios y ciudades del país a cambio de una remuneración económica, todo con el fin de llevarlos hasta el Catatumbo, asesinarlos y utilizar sus cuerpos para sumar criminalmente a las estadísticas oficiales del éxito militar en la guerra”.

Esta es la base de una tragedia ya contada, pues, como es sabido, los falsos positivos fueron un delito que no solo se dio en el Catatumbo, como hoy lo presenta la JEP, o en Soacha como las madres de algunas víctimas lo han denunciado valientemente, no. Se trató de un delito que se cometió de forma sistémica en brigadas y batallones del país.

Por eso la JEP señaló que “en términos del negocio, a través de esta alianza entre uniformados y terceros civiles, estos últimos ubicaban, engañaban y reclutaban a los jóvenes para llevarlos hasta el Catatumbo. Las víctimas eran habitantes de Soacha (Cundinamarca), Bogotá, Aguachica (Cesar), Gamarra (Cesar) y Bucaramanga (Santander)”.