Los casos de falsos positivos que tienen a los generales en el banquillo

El último día de su gestión como fiscal general, Eduardo Montealegre tomó una decisión que durante años temieron los militares colombianos: la vinculación de generales como responsables de los llamados falsos positivos.

En la mañana del lunes 28 de febrero, la Fiscalía informó que había ordenado la captura del general Henry Torres Escalante y que había citado para el 31 de mayo al excomandante del Ejército, general retirado Mario Montoya, a audiencia de imputación de cargos.

Por primera vez, desde que estalló el escándalo por ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares en 2007, un general en servicio activo, en el caso de Torres, y uno de los más galardonados comandantes del Ejército, Montoya, son acusados de estar vinculados directamente con uno de los capítulos más oscuros en la historia del conflicto en Colombia.

Durante los últimos ocho años, diversas ONG nacionales y extranjeras, asociaciones de víctimas y una gran variedad de voces de la sociedad civil venían reclamando a las autoridades por la falta de diligencia en las investigaciones de falsos positivos, para conocer los máximos responsables de esos asesinatos de ciudadanos que luego hacían pasar por guerrilleros. Si bien decenas de militares estaban tras las rejas por esos crímenes, considerados de lesa humanidad, el inconformismo consistía en que las investigaciones no habían llegado a oficiales de alto rango.

En los últimos años, los colombianos han conocido a través de los medios los casos y la forma macabra como en diferentes lugares del país algunos militares asesinaron a sangre fría a personas inocentes, que presentaban como bajas en combate y éxitos operacionales. Según los cálculos de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, esa atroz práctica causó cerca de 5.000 víctimas entre 2002 y 2008.

Por esos hechos hay cerca de 3.000 uniformados detenidos, de los cuales 815 ya han sido condenados. La mayoría de estos últimos son suboficiales y soldados. De esa cifra solo cinco coroneles han sido sentenciados por esas ejecuciones. A mediados del año pasado, otros cinco oficiales de ese rango, todos de un mismo batallón en Antioquia, fueron arrestados y sindicados de cometer más de 70 asesinatos en varios municipios de ese departamento.

Frente a esa realidad, y ante los reclamos de víctimas y oenegés, el año pasado la Fiscalía reveló que adelantaba investigaciones que involucraban a 14 generales, la mitad de ellos ya retirados. A dos de ellos, los generales Ricardo Bernal Mendiola y Jorge Salgado Restrepo, la Fiscalía les archivó las investigaciones al no encontrar ninguna responsabilidad. Irónicamente, el mismo día de esa buena noticia los generales Torres y Montoya fueron acusados.

Los casos

Aunque Henry Torres es, posiblemente, uno de los generales menos conocidos por la opinión pública, su caso es el más relevante hasta ahora. La razón es simple. Su nombre quedará en la historia por ser el primer general activo arrestado por un caso de falsos positivos.

Hasta finales del año pasado, Torres se desempeñó como jefe del Comando Conjunto número 2 del Suroccidente, con jurisdicción en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. De allí fue trasladado como jefe de la Oficina de Memoria Histórica que depende del Comando de las Fuerzas Militares, cargo que ocupó hasta al momento de su arresto.

El caso por el cual fue detenido Torres está ampliamente documentado en la medida de aseguramiento, de 276 páginas, a la que tuvo acceso SEMANA, que profirió la Fiscalía Tercera Delegada ante la corte. Incluye 41 inspecciones judiciales, nueve pruebas periciales, 207 pruebas documentales y 86 declaraciones en el acervo probatorio.

La historia que hoy tiene enredado a este oficial ocurrió el 16 de marzo de 2007 en la vereda El Triunfo, cerca del municipio de Aguazul, Casanare. Ese día, militares adscritos a la Brigada XVI, dirigida en ese entonces por Torres, asesinaron al campesino Daniel Torres y a su hijo menor de edad Roque. Luego presentaron sus cadáveres como guerrilleros del ELN muertos en combate.

“Esto no fue más que un plan creado, ideado y puesto en ejecución para segar la vida de padre e hijo y, finalmente, mostrarlos como un resultado operacional positivo, específicamente consistente en dos personas del grupo muertas en combate producto de la operación adelantada por el Grupo Especial Delta 6”, dice uno de los apartes del escrito de acusación de la Fiscalía. “Las víctimas no eran desconocidas para los integrantes de la Brigada (XVI), tampoco para su comandante (Torres Escalante). Siete meses antes del fatídico suceso habían estado dentro de las mismas instalaciones de la brigada, rindiendo declaración ante Óscar Nelson Guerra Chinchía, juez 44 de Instrucción Penal Militar, poniendo en conocimiento los detalles del homicidio del señor Hugo Édgar Araque Rodríguez, reportado también como supuesta muerte en combate de la cual habían sido testigos”, afirma otro de los apartes del documento.

Dentro de las pruebas de la Fiscalía está la declaración del teniente retirado Marco Fabián García, condenado a 22 años de prisión por la muerte del campesino y su hijo. García afirmó que los comandantes de brigada, incluido Torres, “siempre tuvieron el conocimiento de que morían personas inocentes, siempre sabían lo que pasaba, para ese entonces lo único que les interesaba eran los resultados, fueran inocentes o no…nunca hubo objeción, nunca me dijeron nada, todo eran felicitaciones”.

Si bien la Fiscalía acusa al general Torres inicialmente por estos dos falsos positivos, la investigación detectó que cuando el alto oficial comandó la brigada en Casanare se registró un inusitado aumento de reportes de supuestas muertes en combate. Tan solo entre enero y abril de ese 2007 reportó 94 muertos en 75 combates. Esas muertes también están siendo investigadas para determinar la responsabilidad del hoy detenido general.

No menos compleja es la situación que deberá enfrentar el excomandante del Ejército, general retirado Mario Montoya. Si bien su nombre ha estado relacionado desde hace varios años con el tema de los falsos positivos, por primera vez la Fiscalía decide citarlo para imputarle cargos por homicidio en persona protegida.

La Fiscalía afirma que tiene pruebas suficientes para demostrar que durante el periodo en que Montoya se desempeñó como comandante, febrero de 2006 a noviembre del 2008, dio órdenes para incrementar el número de bajas en combate, instrucciones que ejecutaron las siete divisiones del Ejército, lo que causó al menos diez víctimas.

Las investigaciones señalan que la política del tristemente célebre body count aplicada por Montoya, implicó también que él deliberadamente desconociera todas las advertencias de Naciones Unidas, Defensoría y ONG que para la época señalaban que algunas unidades militares estaban ejecutando civiles. El pico más alto de esos asesinatos ocurrió justamente en la mitad del periodo de Montoya, cuando en 2007 se registraron 737.

Para la Fiscalía, Montoya deberá responder por haber fomentado supuestamente la práctica de los falsos positivos. Entre las pruebas también están las declaraciones de por lo menos seis generales que le contaron a la Fiscalía no solo que en su momento cuestionaron la forma en que Montoya ejerció el mando, sino que también lo alertaron sobre lo que estaba ocurriendo, sin que él tomara ningún correctivo. Estas y otras pruebas se conocerán el próximo 31 de mayo durante la audiencia de imputación en la que la Fiscalía solicitará una orden de detención contra el alto oficial.

Montoya siempre ha negado estos y otros señalamientos en su contra. Su situación legal no es nada fácil pero en el panorama tiene dos opciones, al igual que su colega el general Torres. La primera es que los oficiales pueden negar su responsabilidad en los hechos y enfrentarse a un juicio con el riesgo de salir con condenas que pueden llegar a los 40 años de prisión. La segunda es acogerse a la justicia transicional. En ese caso, deberán reconocer su responsabilidad y contar todo lo que saben sobre el tema de los falsos positivos. Si lo hacen, podrían beneficiarse con una pena alternativa de entre cinco a ocho años que no implicaría necesariamente cárcel, sino otras actividades en favor de las víctimas.

En cualquier caso, la decisión de la Fiscalía de involucrar a los más altos y emblemáticos oficiales del Ejército sin duda es histórica. Es un hecho trascendental en el camino para conocer la verdad y los máximos responsables de uno de los periodos más negros de la historia reciente del país.