Familia alquilaba viviendas para violar casa por cárcel y convertirlas en olla

El “negocio” familiar de Azucena Delgado, alias La Mona, se cayó en las últimas horas, pues la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín) dejó al descubierto que la mujer de 50 años delinquía en compañía de su hija, 20 años menor que ella, y con su yerno. Entre ellos se distribuían el negocio del microtráfico en los sectores de Florida, Jaboque y Engativá Centro de Bogotá.

Aparentemente era una familia tradicional que se mudaba por diferentes barrios de la capital del país, pero en realidad era una banda que ponía en riesgo la integridad de niños y jóvenes, pues esta es la población a la que más le vendían cocaína y bazuco. Se lograron camuflar sacando casas de alquiler. Se mostraban tan empáticos con la comunidad que los dueños de los predios nunca verificaban los antecedentes de sus “inquilinos” –nombre que recibió la organización criminal– para verificar los antecedentes.

Este fue un punto a favor para Jaime Eduardo Melo Rubiano, de 26 años de edad, pareja sentimental de Diana Carolina, la hija de La Mona. Ese hombre se mudaba de casa en casa, violando la medida de detención domiciliaría. Sí, estaba burlando la casa por cárcel que le ordenó un juez. Debería estar pagando una condena de ocho años y medio por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Además, tenía antecedentes por homicidio, estafa, hurto calificado, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. No le bastó con incumplir la medida, sino que sin el menor reparo decidió seguir delinquiendo.

En el desarrollo de la estrategia integral, orientada a articular las capacidades interinstitucionales contra el delito en la ciudad de Bogotá, la Policía Nacional en una operación de intervención el delito, logró la captura de los tres miembros de esta familia dedicada al tráfico de estupefacientes y otros delitos en la localidad de Engativá.

La detención fue posible gracias a la información aportada por fuente humana, los investigadores fueron hasta el punto referenciado y al ubicar un inmueble en la localidad de Engativá se dieron cuenta de que efectivamente funcionaba como expendio de sustancias alucinógenas.

En el operativo fueron incautadas más de 4.000 dosis de cocaína y sus derivados, y más de 1.200 dosis de marihuana tipo creepy, dinero en efectivo en billetes de bajas denominaciones, y 86 bolsas herméticas para unidosis, entre otros elementos para la dosificación y ocultamiento de narcóticos.

El director de la Dijin, general Fernando Murillo, explicó: “Los Inquilinos buscaban viviendas tipo inquilinato en la localidad de Engativá o sectores aledaños, lugares en los que los requisitos de alquiler no fueran tan exigentes para acceder fácilmente al arrendamiento del mismo. Una vez se instalaban y tomaban confianza con los arrendadores se aprovechaban para acomodar sus habitaciones como lugar de expendio de drogas, en el que almacenaban y dosificaban el estupefaciente para entregarlos a domicilio o directamente al menudeo a sus consumidores”.

Los tres indiciados fueron presentados ante un juez de Control de Garantías por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, quien legalizó las capturas, y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los anteriores delitos. Así mismo, les fue impuesta medida de aseguramiento preventiva intramural en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo y en el centro penitenciario para mujeres El Buen Pastor.

Hay que tener en cuenta que la modalidad de alquilar casas para delinquir es más común de lo normal y que los propietarios de los predios pueden perder su casa por una orden de extinción de dominio. Las autoridades tienen que verificar que los dueños del inmueble efectivamente nunca habían escuchado que sus inquilinos habían utilizado su predio como una olla de expendio.

Por eso es importante que, cuando una persona arriende un predio, siempre tenga un contrato escrito, claro con las cláusulas y responsabilidades. Una de ellas es que el arrendatario tiene que declarar que su actividad es lícita y el origen de sus recursos también.

También es importante tener una póliza de arrendamiento que dé asistencia jurídica en estos casos, que pueden ser angustiantes y largos.

En este caso en particular, durante la investigación se logró establecer que los propietarios o arrendadores eran terceros de buena fe, dado que no tenían conocimiento de las actividades delictivas ejercidas por este clan familiar criminal.