Familia de Gómez Hurtado desiste de indemnización ante instancias internacionales

La confesión de las Farc acerca de su responsabilidad en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado despertó antiguas rencillas que datan de hace más de 20 años. Algunos sectores de la derecha señalaron durante mucho tiempo al gobierno de la época, encabezado por el entonces presidente Ernesto Samper y su ministro del Interior Horacio Serpa, de ser el responsable del atentado que acabó con la vida del líder conservador. Gómez Hurtado fue uno de los más férreos críticos de la administración liberal de aquel tiempo a raíz del escándalo que se desató con el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Samper. Según los defensores de esta teoría, Samper y Serpa habrían conspirado para acabar con la vida de su principal opositor.

Sin embargo, que las Farc admitieran su autoría del asesinato, abrió ahora las puertas para que Samper y Serpa voltearan la baraja y apunten su dedo hacia quienes les endilgaron el crimen por más de dos décadas, entre esos a los familiares del dirigente asesinado. En una entrevista con Noticias Uno, el expresidente aseguró que el interés de los familiares de Gómez Hurtado para acusarlos (a él y a Serpa) era netamente económico.

“Los Gómez Hurtado, al parecer, no están buscando ni la justicia ni la verdad, sino la plata de una indemnización. Parecería ser que esto es lo único que los mueve, un interés económico” indicó.

Por su parte, el exministro Serpa, ante el mismo medio de comunicación, se mostró indignado de que la familia del fallecido líder conservador pusiera en duda la confesión de las Farc. Se refirió a ellos en términos no muy halagadores.

“Me parece que quienes afirman eso son de enana condición para sostener una mentira que me ha hecho tanto daño durante 25 años” afirmó.

En respuesta a estas declaraciones, la familia de Álvaro Gómez Hurtado publicó un comunicado en el que advirtieron que la obtención de una reparación económica “no ha sido nunca el propósito” de sus actuaciones ante las instancias judiciales. Calificaron las palabras de Samper y Serpa como una “revictimización que lesiona la memoria de Álvaro Gómez y ultraja a quienes llevamos 25 años luchando por que su crimen no quede en la impunidad”.

El comunicado, además, señala que en caso de que se les favorezca con algún tipo de indemnización, el monto de esta será donado a la Defensoría del Pueblo para que brinde atención a aquellas personas que han sido “falsamente imputadas en el marco de las investigaciones adelantadas a lo largo de los últimos 25 años”. Hacen referencia a Héctor Paul Flórez, un hombre que para el momento de la muerte del excandidato presidencial estaba en Sincelejo, a kilómetros de distancia del lugar de los hechos, y pagó 18 años de prisión.

Por último, el documento revela que la familia Gómez desiste de la petición elevada en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revisara el caso. Entre sus pretensiones estaba que se les indemnizara “por los daños materiales y morales que se ocasionaron” con la muerte de Gómez Hurtado. Esta petición llevaba más de seis años sin recibir pronunciamiento por parte del órgano del sistema interamericano.

Este es el comunicado: