Capturan a familiares de otro concejal de Cartagena

El viernes 9 de diciembre fue un día de sorpresas judiciales para los políticos y para la ciudadanía cartagenera. Además de la captura del concejal Jorge Useche Correa, de un exdirector del Departamento de Salud Distrital, de dos registradores y de un intermediario que intervino en el pago de dádivas a funcionarios públicos por corrupción electoral, la Fiscalía capturó a la esposa, a una cuñada y a dos hijos del concejal América Mendoza, del partido Alianza Social Indígena.

El anuncio de la captura la hizo el mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira. En esa rueda de prensa en Cartagena lanzó una ofensiva contra la corrupción con el nombre ‘Bolsillos de Cristal’.

Los familiares del concejal Américo Mendoza, capturados por contratos con el ICBF, responden a los nombres de Olga Lucía Pérez Gutiérrez, cuñada y representante legal de la Fundación Prociencia; Flor Elena Pérez Gutiérrez, tesorera y esposa del concejal; Iván Camilo Mendoza Pérez y María Camila Mendoza Pérez, hijos del concejal; así como Patricia del Carmen Árnedo, quien se desempeñó como representante legal de la fundación durante el año 2015.

A estas personas les imputarán los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad en documento privado por la presunta apropiación de recursos del ICBF para la atención integral de la primera infancia en el departamento de Bolívar.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades presentadas en la ejecución de un  contrato por valor de siete mil ochocientos dieciocho millones quinientos veinticuatro pesos ($7.818.524.064), suscrito entre el ICBF y la Fundación Prociencia, creada por el concejal Mendoza. A través del mismo, el contratista debería prestar atención a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar.

En la ejecución del contrato, dice un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, se estableció la presunta apropiación de recursos en cuantía de mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos cincuenta pesos ($1.566.650) mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados a los niños. También incurrieron en sobrecostos en la alimentación y en el pago de arriendos y de otros conceptos no autorizados en el contrato mediante la falsificación de facturas, entre otras irregularidades.

En este designio criminoso, señaló el fiscal Martínez Neira, se determinó un posible carrusel al descubrir que se crearon a nombre de los hijos de Olga Lucía Pérez Gutiérrez, actual tesorera de la Fundación, tres empresas de fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la señora Pérez.

Estas empresas de fachada vendieron con presuntos sobrecostos, y mediante la falsificación de facturas, refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueron cobrados al ICBF.

Las empresas a través de las cuales los hijos del concejal eran proveedores de la fundación Prociencia son: Comercio y Logística Integral S.A.S, a cargo de Camila Mendoza Pérez y Distrimarket; MYM SAS y Minimarket SAS, cuyo representante es Iván Camilo Mendoza Pérez.

En los próximos días, remató el fiscal, “presentaremos resultados evidentes para que la ciudadanía adquiera confianza en la acción del poder judicial contra la corrupción”.