Familiares de diputados del Valle asesinados por Farc están cansados de la JEP. Rechazan imputación y dicen que no hay verdad ni responsables

Uno de los casos más aterradores en el conflicto cometidos por las Farc fue el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle, que fueron secuestrados de la Asamblea del departamento en abril de 2002, hace ya más de 20 años. La esperanza de los familiares de conocer a fondo la verdad, de que los responsables fueran identificados y sancionados estaba en la JEP, pero fracasó. Se sienten traicionados, y no están de acuerdo con la imputación que hizo el tribunal transicional, así lo dejaron claro en un explosivo documento que radicaron.

Son varios los factores por los cuales las víctimas, los familiares de los diputados del Valle asesinados, rechazan la imputación que realizó la JEP. No se explican, por ejemplo, por qué se incluyó como prueba información de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que, se sabe, no tiene ninguna validez jurídica. Las mentiras comprobadas de hombres de las Farc fueron asumidas como ciertas y nunca se supo realmente quiénes fueron los responsables.

Así lo señala con claridad el documento de ocho páginas en poder de SEMANA, que plantea: “Lo que han buscado las víctimas pareciera un hecho revictimizante, pues está desconociendo que las víctimas han preguntado tanto oral como a través de los abogados cómo fue el secuestro de los diputados, y de situaciones que ya se conocían dentro de la jurisdicción ordinaria y las propias investigaciones realizadas por las víctimas, haciéndole ver a la JEP que los comparecientes han dicho verdades a medias, exigiendo que les llamen la atención sin obtener, a la fecha, respuesta alguna”.

Otro factor que tiene realmente molestas a las víctimas y a su defensa es que la JEP se hizo la de oídos sordos: “compro” la versión de las Farc de que los 11 homicidios habían sido cometidos por un puñado de disidentes en combate con la guerrilla.

La versión real y probada es completamente diferente y así lo señalan en el documento: “Extrañamente, en el supuesto enfrentamiento no resultó ningún guerrillero y ningún asaltante muerto, a pesar de que los guardias del Frente 60 de las Farc-Ep, que supuestamente estaban ahí para proteger la vida de los diputados, también dispararon contra los asaltantes, y se encontraban ubicados entre los diputados y los agresores”.

Y agrega lo que sería una prueba irrefutable, aunque la JEP no la considera así: “La necropsia practicada a los cadáveres de los once diputados, por forenses nacionales e internacionales, demuestra que los diputados fueron vilmente asesinados a quema ropa, recibiendo en promedio, cada uno de ellos, siete disparos provenientes de fusiles AK 47, que eran las armas que en ese momento y durante los siete años de secuestro utilizaban en su mayoría los guerrilleros custodios del Frente 60 de las Farc”.

Para los familiares de los diputados del Valle, lo más lamentable es que nunca hubo verdad: “Han transcurrido siete años, en los que el umbral y estándar de verdad establecido en esta jurisdicción es mínimo. Muchas de las cosas conocidas en dichas versiones voluntarias, individuales y colectivas, ya eran conocidas por las víctimas en sede de justicia ordinaria. Denotamos que son mínimos los aportes en punto de verdad por parte de los que hoy son llamados comparecientes”.

Algo que no deja de sorprender, dada la magnitud de los crímenes, uno de los peores en la historia del conflicto, es que, señala el documento, “solo se realizó la imputación respecto de tres personas como máximos responsables en calidad de coautor mediata: Santiago Arbeláez, por su injerencia en planeación del secuestro como comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas; Héctor Julio Villarraga, como comandante del Frente 60, y Pacho Quinto (nombre de guerra), como máximo responsable a título de partícipe determinante, por participación y ejecución en la planeación del secuestro de los diputados del Valle”.

Las preguntas que no deja de rondar a los familiares de los diputados son: ¿fueron tres las personas involucradas? ¿Dónde están los cómplices? ¿Dónde están los mandos? ¿Dónde están quienes los vigilaban en el cautiverio?

Según la JEP, el Comando Conjunto de Occidente, más conocido como Bloque Occidental, privó de la libertad a civiles con fines de canje con un único hecho, acogiendo como fuente el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, sin que este tuviera ninguna validez jurídica. “En ningún caso derivan para formular acusaciones o atribuir responsabilidades de carácter individual a los comparecientes”.

El abogado Juan Camilo Sanclemente, parte del equipo jurídico de la fundación Defensa de Inocentes, dijo: “Las observaciones las presentamos teniendo en cuenta, en primer lugar, la inconformidad por parte de las víctimas respecto a esa imputación al Bloque Occidental. Una de las inconformidades radica en que, primero, no se les imputó el delito de perfidia a esos sujetos, sabiendo que tanto para el secuestro, como en muchas de las caminatas que tuvieron los diputados, los guerrilleros los hacían. Uno, para el secuestro, usaron prendas militares para engañar tanto a la fuerza pública como a los diputados de que no eran guerrilleros, sino integrantes de la fuerza pública. Y respecto a las caminatas, eso sucedía en que los vestían, los hacían vestir como si fueran soldados, para que, al momento en que pasaran por ciertas zonas, pues no reconocieran que eran secuestrados”.

Y advirtió que presentan este documento con quejas claras y documentadas, con la finalidad de que ”la JEP por fin escuche ese clamor de las víctimas, y entienda que no es un capricho presentar observaciones a las situaciones que se están presentando. Esa es la síntesis de lo que ha pasado y esperamos que la JEP impute a más personas que tuvieron participación y relación con el secuestro de los 12 diputados”.

Por el contrario, señala el documento, no dieron validez a pruebas reales. Así lo señala el documento: “la Sala ignora las versiones dadas ante la JEP por las víctimas del caso de los diputados del Valle, como son las esposas, hijos y algunos familiares de los diputados y las versiones de Sigifredo López, las cuales debieron servir como sustento legal”.