Familiares de las víctimas de la cárcel en Tuluá inician demanda contra el INPEC y MinJusticia

Después de la tragedia ocurrida en la cárcel de la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), donde murieron 54 presos luego de presentarse una conflagración en un intento de fuga; la firma de abogados Legalgrup confirmó que diez familias iniciaron el proceso de demanda contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia.

El presidente de la compañía, Jonathan Velásquez, dijo que iniciaron la representación de las familias ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una reparación directa en contra del Estado por la responsabilidad administrativa y patrimonial.

“El Inpec debía salvaguardar la vida de sus internos, que se encontraban en el pabellón ocho y en donde evidentemente falló en esa responsabilidad”, señaló.

Asimismo, Velásquez aseguró que también buscan conocer la verdad de lo sucedido al interior del centro penitenciario, dijo que necesitan claridad sobre las conductas por acción y omisión que puedan ser constitutivas en la tragedia que dejó 54 personas muertas.

Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no han dado un informe final de lo ocurrido, todo lo referente con este asunto es materia de investigación; por lo que la firma Legalgrup está recaudando información correspondiente con el caso.

“Hasta el momento con el material probatorio recaudado se demuestra que evidentemente hubo una falla por parte del Inpec en este proceso, pues según el informe entregado por la Procuraduría delegada para los derechos humanos se evidencia que los extintores no se encontraban en adecuadas condiciones de funcionamiento”, manifestó el abogado, quien además señaló que la estructura no contaba con un sistema anti incendios.

Finalmente, dijo que están esperando los informes de necropsia, para determinar las causas de muerte de algunos de los internos.

“Se hizo hasta lo imposible por internos”: guardia del Inpec tras tragedia en cárcel de Tuluá

La tragedia en la cárcel de Tuluá sigue dejando hipótesis al respecto. Una de ellas, que los dragoneantes de turno no habrían auxiliado a los presos durante el incendio.

Ante este tipo de conjeturas, el guardián del Inpec Néstor Ayala habló sobre lo ocurrido, relatando que en el patio hubo una riña que desencadenó la conflagración y que reaccionaron a tiempo para evitar más muertes. “Hicimos hasta lo imposible por los internos”, dijo.

De otro lado, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que avanzan con las investigaciones por el incendio en la cárcel de Tuluá. “Desde el primer momento designamos un equipo de investigadores y de fiscales. Hicimos los primeros actos urgentes dentro de ese establecimiento penitenciario; se están haciendo todos los trabajos por parte de Medicina Legal y las inspecciones técnicas que nos van a permitir tener una certeza de lo que ocurrió”, dijo.

Asimismo, Barbosa aseguró que si existen responsabilidades en caso de que las haya por parte de la guardia de ese centro carcelario, en ese sentido la Fiscalía General de la Nación informará prontamente a la opinión pública.

“Por lo pronto nos toca esperar los parámetros técnicos y los resultados forenses que nos permitan determinar qué fue lo que ocurrió, juzgado por supuesto, con la multiplicidad de declaraciones que nos permitirán esclarecer lo ocurrido”, concluyó el fiscal.

Las pruebas que ha ordenado la Procuraduría en cárcel de Tuluá

En desarrollo de la indagación previa por el incendio en la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Tuluá que se generó en la madrugada del 28 de junio, la Procuraduría General de la Nación recibió testimonios de nueve personas privadas de la libertad, cinco integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia y del director del establecimiento.

Las autoridades han ido suministrando detalles de lo sucedido. Indicaron que una riña entre dos capos de la cárcel de Tuluá (Valle) fue el detonante para el incendio que se presentó en el centro de reclusión.

En este caso, la comisión enviada por la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, recorrió las instalaciones del centro penitenciario y escuchó las inquietudes de los internos sobre las necesidades de atención médica y psicológica, de apoyo jurídico y de elementos de primera necesidad (ropa, elementos de aseo, colchonetas) que les permitan superar la contingencia.

En este sentido, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, hizo un llamado urgente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y a las autoridades municipales y departamentales para que tomen medidas inmediatas que fortalezcan la atención médica y psicosocial de las personas afectadas por la tragedia.