Familiares de los Rodríguez Orejuela perdieron la última batalla para tumbar condena por lavado de activos

La Corte Constitucional rechazó la tutela que habían presentado dos familiares de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, para tumbar la condena que existía en su contra por el delito de lavado de activos. Amparo Rodríguez, hermana de los exjefes del Cartel de Cali, y su esposo, Alfonso Gil, habían insistido mediante la acción que se revisara el proceso al considerar que se había presentado una vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa.

Pese a que la Defensoría del Pueblo le había pedido al alto tribunal que revisara la acción de tutela al considerar que los familiares de los narcotraficantes “tenían derecho al debido proceso, a la doble conformidad y al recurso extraordinario de casación”.

Sin embargo, la Corte Constitucional consideró que no cumplían con los requisitos para entrar a revisar el recurso y emitir una decisión de fondo.

De esta manera, se ratificó la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que el 27 de enero de 2021 no aceptó la tutela que habían presentado junto a Pedro Arboleda, Tiberio Fernández, Ricardo Calderón y Pablo Daza para que se revisara el expediente.

Rodríguez y Gil fueron sentenciados en 2019 por un juez especializado de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá por tener conocimiento sobre las actividades ilegales que se adelantaban desde Drogas La Rebaja.

En el proceso penal se señaló que en 1996 la hermana de los Rodríguez Orejuela y su esposo estaban afiliados a la Cooperativa de Trabajadores de Drogas La Rebaja, más conocida como Coopservir.

Esta Cooperativa fue utilizada para que Drogas La Rebaja no figurara como una propiedad de los narcotraficantes sino de sus hijos y empelados. Sin embargo, para la Fiscalía General, ni los hijos de los Rodríguez Orejuela ni la Cooperativa contaban con la capacidad económica suficiente para adquirir las empresas y los establecimientos de comercio y otros bienes.

Las pruebas documentales recolectadas permitieron establecer que en 1990 los jefes del Cartel de Cali hicieron una venta aparente a sus hijos y otros familiares. Seis años después vendieron Copservir con el fin de evitar llamar la atención de las autoridades.