Nación
Familiares de víctimas serán escuchadas en audiencia histórica sobre falsos positivos en la Costa Caribe; conozca los detalles
La jornada se realizará ante la sala de reconocimiento de la JEP y se da en repuesta a 99 versiones de militares involucrados en estos hechos.
El país no olvida el horror de los falsos positivos. Inocentes eran dados de baja en combate, presentados como guerrilleros o como miembros de grupos armados simplemente para reportarlos en un listado de cifras que llevó a muchas regiones de Colombia al desangre y el dolor. Sin embargo, muchas familias quieren solo una cosa: verdad y reparación.
Precisamente, SEMANA conoció que la Sala Reconocimiento de la JEP convocó a las víctimas a participar en tres nuevas audiencias públicas de observaciones que se realizarán en Valledupar el 9 y 10 de marzo, el 23 en San Juan del Cesar; y el 27 y 28 en Barranquilla, en el marco del Subcaso Costa Caribe, que investiga ‘falsos positivos’. Las diligencias serán trasmitidas en la pagina web de la jurisdicción.
Tras emitir la resolución de conclusiones frente a los máximos responsables del Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP), imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, ahora la magistratura se concentra en esta misma región para esclarecer nuevos hechos victimizantes documentados entre 2004 y 2008.
“Se trata de crímenes que comprometerían a integrantes de cuatro unidades de la Décima Brigada, adscrita a la I División del Ejército. Entre ellas, se encuentran el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Cr. Juan José Rondón’ (GMRON), el Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’ (BAPOP), el Batallón Energético y Vial No. 2 (BAEV2) y la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED)”; señala la JEP.
En esta segunda fase del Subcaso Costa Caribe, la Sala investiga lo que califica como “el fenómeno criminal” desde una perspectiva más amplia que permitirá entender no sólo qué pasó en una unidad militar como el BAPOP, que por años lideró el ranking al presentar el mayor número de ‘bajas’ en combate, sino que busca analizar el fenómeno de los falsos positivos en los departamentos de Cesar y La Guajira.
Durante las tres diligencias públicas que realizará la magistratura, por lo menos 130 víctimas acreditadas se podrán pronunciar sobre las versiones que han entregado 99 exintegrantes de las distintas unidades del Ejército Nacional, agentes estatales no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, por su presunta participación en estos hechos. Entre ellos, 19 tenientes coroneles y 12 mayores.
Entre las víctimas que participarán en estas audiencias se destaca el pueblo Wayúu, que intervendrá por primera vez para referirse al fenómeno de los ‘falsos positivos’, el pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta y familiares de víctimas que viven en Barranquilla que fueron presuntamente trasladadas y asesinadas en otras regiones del país.
La audiencia de observaciones es fundamental para el proceso de contrastación de la investigación porque orienta la participación de las víctimas hacia la restauración temprana de sus derechos fundamentales. Estos relatos son clave para determinar la ocurrencia de los asesinatos y desapariciones forzadas, sus autores y las circunstancias en las que se perpetraron los crímenes, esclarecer las motivaciones de sus perpetradores y el contexto o el plan en el que se insertaron los ataques.
A través de este espacio la justicia contribuye a darle un rostro a las víctimas, a su sufrimiento, a sus reivindicaciones, y asimismo expondrá los daños individuales, familiares y comunitarios que causaron los comparecientes con sus acciones. En este sentido, mientras que en las versiones voluntarias se escuchó la voz de los comparecientes, en las audiencias de observaciones son las víctimas quienes tienen la palabra.
El pasado 7 de diciembre la Sala de Reconocimiento concluyó que los imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad del BAPOP reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva ante la JEP. Luego de la audiencia de reconocimiento y tras un proceso de contrastación judicial, la magistratura decidió presentar ante el Tribunal para la Paz a 12 de los 15 imputados para que les imponga la sanción propia a la que haya lugar. Los imputados responderán por 77 hechos en los cuales fueron asesinadas 135 personas.