Familias restituidas del Carmen de Bolívar exportan sus primeras toneladas de ñame a Puerto Rico

En total, 25 familias restituidas de El Carmen de Bolívar exportaron a Puerto Rico las primeras 24 toneladas del ñame espino que cultivan en sus predios.

Los beneficiarios pertenecen a la comunidad de Tierra Grata, vereda en la que, según la Unidad de Restitución de Tierras, han sido devueltos 30 predios al mismo número de familias y donde, desde 2021, se vienen desarrollando planes con líneas productivas de ñame, plátano, aguacate, avicultura de postura y porcicultura. Los proyectos productivos en esa jurisdicción han recibido una inversión superior a los $1.170 millones por parte de la entidad.

Las primeras 24 toneladas de ñame espino salieron el pasado viernes desde el puerto de Cartagena hasta Puerto Rico, donde estará dispuesto en mercados populares y algunos almacenes de cadena.

Con el acompañamiento de la Unidad y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las familias invirtieron recursos y sumaron esfuerzos para la constitución de su propia asociación de productores agrícolas, Aprograta, al tiempo que adoptaron medidas sanitarias y fitosanitarias con el objetivo de cumplir las normas y requisitos para exportar sus productos.

Invasiones de tierra

En medio de la coyuntura que se está dando por la invasión de tierras en diferentes regiones del país por parte de varias comunidades –las cuales han manifestado su derecho de tener un territorio para vivir y se han tomado por vías de hecho algunos lotes, invadiendo incluso la propiedad privada–, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró: “La Constitución Política dispone, en su Artículo 64, que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, con el objetivo de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población rural y campesina. Esto claramente es un mandato para el cierre de brechas sociales y económicas”.

Por eso, considera necesario avanzar en un diálogo social entre las entidades competentes y los mismos líderes de comunidad, para evaluar la necesidad de acceso a la tierra por parte de quienes han protagonizado las invasiones. Estas medidas, que algunas familias califican como desesperadas, se están dando en diferentes regiones del país.

Según reporte de la misma Defensoría, que se muestra preocupada por lo sucedido, las invasiones se repiten en: Curumaní (Cesar), Caloto, Guachené, Miranda (Cauca) y, más recientemente, en Huila, Guainía, Urabá antioqueño y Atlántico, “implican una abierta vulneración al ordenamiento jurídico colombiano y un desconocimiento de los derechos adquiridos por particulares”, señala Camargo.

Camargo convocó a una mesa nacional de diálogo junto al fiscal general, la procuradora, los ministros del Interior, Defensa y Agricultura, las cabezas de la Agencia Nacional de Tierras, de la Unidad de Restitución de Tierras, así como gobernadores y alcaldes de las zonas donde se están presentando las invasiones, para encontrar caminos que garanticen el respeto de los derechos de todos y, por supuesto, que no se materialicen más casos de estos.

Adicionalmente, aclaró que, si bien es cierto que en la comunidad hay necesidad, “el derecho al acceso a la tierra implica también el respeto por la propiedad privada y la garantía de su seguridad jurídica, por lo que el Estado debe promover y garantizar ambas esferas”.