Farc convirtió en “mercancía de cambio” a los agentes de la Fuerza Pública que tenía secuestrados, advierte la Procuraduría

El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, calificó como histórica la audiencia de reconocimiento de responsabilidad que inició este martes, en la cual los exintegrantes del secretariado de las Farc aceptan el delito de secuestro durante el conflicto armado. En su intervención destacó que “es la mejor oportunidad para dejar de lado las llamadas historias oficiales o verdades de parte” y empezar a construir la verdad de lo que ocurrió.

El hecho que los máximos excomandante de las Farc, las víctimas del secuestro, sus familias, organizaciones y demás, participen en esta diligencia, abre un nuevo capítulo en el aporte a la verdad, reparar a las víctimas y darle la cara a la sociedad. Recordó que con la práctica del secuestro se afectó gravemente a toda la sociedad colombiana, generando un temor constante y zozobra en su día a día.

“Este encuentro público representa para el antiguo secretariado de las Farc una oportunidad para reconocer la política de los secuestros que ejecutó durante los años, que fue un acto importante en el conflicto”, precisó el procurador delegado. El hecho que se reconozca una responsabilidad en estas actividades permitirá conocer la verdad y contribuirá a establecer el contexto de esta práctica de guerra.

En este sentido, avaló el hecho que, después de muchos años, las cabezas más visibles de ese grupo guerrillero manifestaran su intención de aceptar y reconocer estos hechos. “El Ministerio Público exalta la importancia que sin lugar a dudas tiene que ustedes, señores del secretariado, hayan reconocido que los secuestros con fines de intercambio humanitario o con finalidad política sean crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Pese a que durante el conflicto armado le dieron una legitimidad a esta práctica y lo justificaron como una necesidad por el contexto que se vivía, el hecho que se hayan presentado ante la JEP representa una muestra de que “han diferenciado su acción del daño que le causaron a las víctimas y entendieron el daño lascivo, así como la irracionalidad de la guerra”. Para el procurador, es necesario comprender de una vez la grave afectación que se le causaron a los secuestrados, sus familiares y seres queridos.

“Los miembros de las extintas Farc desnaturalizaron la distinción entre combatientes y civiles y, en su lugar, todos aquellas personas que formaban parte de una institución pública fueron reducidos a una categoría general: agentes del Estado”, precisó. Todos los secuestrados, sin distinción, fueron despojados de su humanidad, apartados de su núcleo familiar y sometidos a vivir en “condiciones degradantes”.

En su intervención, el delegado de la Procuraduría General celebró el objetivo de la diligencia, reconociendo que se trata de un paso vital para aceptar uno de los casos que afectó a los colombianos durante décadas, recordando que se presentaron secuestros que se extendieron durante catorce años. “Pese a que no tuvieron ningún tipo de participación en el conflicto armado, pues en contravía de todas las normas del Derecho Internacional Humanitario fueron convertidos en mercancía de cambio, en objetos cuyo secuestro solamente se justificaba que con ellos en su poder podían presionar la liberación de guerrilleros privados de la libertad”.

La mayoría de los secuestros ―recordó el procurador― se presentaron en retenciones ilegales en vías públicas, emboscadas, ataques militares y tomas a diferentes municipios. “El reconocimiento que realizarán los comparecientes abarca las agresiones sufridas en la mayor parte del territorio nacional por un número que supera ampliamente a las que han acudido a esta jurisdicción”.

“Aquí los tiempos de privación de la libertad fueron sensiblemente más altos”, precisó el procurador al recordar que muchos de los secuestrados que fueron catalogados como agentes del Estado fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, así como a tortura.