Farc, digan la verdad

Cuando las Farc y el gobierno se sentaron en La Habana para buscar una salida negociada al conflicto, era claro que, como en toda negociación de este tipo, habría que sacrificar la plena aplicación de la justicia ordinaria. Evidentemente, quienes en esa época empuñaban las armas, no estaban dispuestos a abandonarlas a cambio de nada. Por esa razón, en el marco de los diálogos, crearon la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP nació con una premisa fundamental: el tribunal aplicaría penas menores, sanciones alternativas y amnistías a los actores del conflicto que se sometieran a ella, a cambio de que aportaran la plena verdad de lo ocurrido en la guerra. No obstante, hasta el momento muchos de quienes han rendido testimonio ante la jurisdicción llegaron cargados de justificaciones y excusas, que en nada contribuyen a construir una verdad colectiva o a la reparación efectiva de las víctimas.

En las últimas semanas, causaron desconcierto las versiones que han trascendido a los medios de comunicación sobre los testimonios en los casos de los falsos positivos y de los secuestros masivos. En ambos contextos, los comparecientes, en vez de reconocer su responsabilidad, hablaron con un tono de justificación que ofendió a muchas víctimas.

En el proceso de los falsos positivos, el general retirado Mario Montoya, señalado como responsable en varios testimonios, lanzó un concepto que ofendió a las víctimas y a muchos sectores en el país. Afirmó que, en alguna medida, los asesinatos extrajudiciales obedecieron a que los soldados eran de estrato uno, lo que impedía que entendieran las órdenes con claridad. Relatos como este desnaturalizan el objetivo de la jurisdicción y hacen mucho más difícil que esta haga su trabajo.

Días después de la comparecencia de Montoya, antiguos mandos de las Farc presentaron un documento de 135 páginas ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos de la JEP. Entregaron ese documento como parte del caso 01, que pretende esclarecer en un macroproceso los miles de secuestros perpetrados por las Farc a lo largo de los años. Se trata de uno de los crímenes más atroces cometidos en el desarrollo del conflicto y hoy los colombianos recuerdan con terror las épocas en las que el secuestro era el pan de cada día. Sin embargo, el relato de las Farc sobre este delito, consagrado en las 135 páginas, es más un acto de cinismo que de confesión.

Muchos de quienes han rendido testimonio ante la JEP llegaron cargados de justificaciones y no contribuyen a construir un relato verídico.

En apartes del texto, queda en evidencia un auténtico arrepentimiento y el reconocimiento de responsabilidad de la antigua guerrilla. Pero en muchos casos esas afirmaciones van de la mano de una justificación o de una excusa. Las Farc aceptan que se equivocaron y que cometieron excesos de toda índole al embarcarse en esta práctica terrible durante años. No obstante, afirman que se trató de “un ejercicio de autodefensa ante la violencia criminal generalizada por el Estado”. Dicen también que la práctica del secuestro se impuso en esa organización por razones financieras y que tuvieron que ponerla en marcha para contrarrestar el fortalecimiento del Ejército que llegó con el Plan Colombia.

En esa misma línea, el documento relata que para financiar la guerra la organización insurgente estableció una directriz según la cual solo podrían ser objeto de “retenciones y de tributos” aquellas personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio superara un millón de dólares. Luego proceden a explicar que, cuando algunos no acataron esa directriz y apareció el fenómeno de las “pescas milagrosas”, impusieron normas que pretendían limitar esa práctica, pero sin éxito. Reconocen que en medio de la guerra se presentaron excesos de todo tipo, pero evitan los detalles sobre los vejámenes que padecieron los secuestrados. De hecho, en el documento nunca hablan de secuestro, sino de “retenciones”, lo que ha desconcertado a muchas víctimas. En un escenario en el que se pretende llegar a una verdad, hay que llamar a las cosas por su nombre y no maquillarlas con figuras retóricas para restarles gravedad o trascendencia.

Ese intento por desconocer lo sucedido quedó en evidencia en el aparte en que los exguerrilleros describen las condiciones de cautiverio que vivieron los secuestrados. Ahí, realmente aparece una distancia enorme entre los hechos que todo el país conoció y lo que han pretendido llevar ante la JEP. Sobre esto, el texto anota que las personas retenidas podían estudiar; que había espacios para que hicieran ejercicio; que les ponían cadenas y los acompañaban a hacer sus necesidades por cuestiones de seguridad. Hay que decir que la guerrilla reconoce que en ese contexto se presentaron excesos. Pero es inaceptable que traten de pintar un panorama de las condiciones del secuestro distinto al que en efecto tuvo lugar.

Lo dicho por las Farc en este documento no cayó nada bien entre las víctimas que pasaron años recluidas en la selva contra su voluntad. Íngrid Betancourt redactó una carta de protesta en la que desvirtúa muchas de las afirmaciones de las Farc ante la JEP, y revive algunos de los episodios lamentables a los que la sometieron durante su secuestro. Pero no solo la excandidata alzó su voz de protesta. Para poder escuchar las observaciones de todas las víctimas acreditadas, la jurisdicción amplió el plazo hasta el 20 de marzo.

Hoy el país vive un proceso que no iba a ser fácil, como todo el mundo sabía. Después de más de 50 años de guerra, poner las cosas sobre la mesa y enfrentarse a la verdad de lo ocurrido requiere valor en los victimarios de todos los orígenes, de las víctimas y de la sociedad. La JEP es el escenario institucional para que esas verdades salgan a la luz. Y quienes tienen algún grado de responsabilidad deben presentarse a contar lo sucedido sin tratar de minimizarlo o de justificarlo. Las Farc, los agentes del Estado o los terceros que participaron en el conflicto tienen la obligación de ponerle la cara al país, arrepentirse de verdad de las brutalidades que cometieron y pedirles perdón de corazón a las víctimas. Solo así Colombia puede esperar que no se repita la barbarie.