Farc: este es el aterrador expediente de sus crímenes en 50 años, y que siguen impunes

SEMANA conoció en exclusiva el informe inédito sobre los crímenes más aberrantes que las Farc cometieron desde su creación, y que la Fiscalía General de la Nación le envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por mandato expreso del acuerdo de La Habana.

El documento contiene un amplio recuento de las prácticas en las que esa guerrilla incurrió desde 1965 hasta la firma del acuerdo, en 2016, y que la Fiscalía General tenía en sus manos para procesar a los responsables, pero que no pudo continuar porque entró en vigencia la nueva jurisdicción que debe conocer de esos hechos. Cuando el Gobierno Santos y las Farc firmaron el acuerdo, la Fiscalía General perdió toda competencia para investigar a los responsables de esos delitos.

Desde La Habana se le ordenó entonces a la Fiscalía que al entregar a la JEP los informes “sobre todas las investigaciones en curso relativas a las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado, incluidas las que ya hayan llegado a juicio” debía clasificarlas “por presuntos autores” y que agrupara las conductas semejantes a una misma categoría, pero “sin calificarlas jurídicamente”.

Esto significa que la Fiscalía General, que venía conociendo los actos criminales de las Farc por años, no pudo siquiera sugerir la ocurrencia de un delito, sino que tuvo que limitarse a “agrupar conductas por categorías” y entregarle a la JEP un informe con elementos “descriptivos que no contienen valoraciones jurídicas sobre los hechos”.

Aunque la JEP recibió la documentación de la Fiscalía en 2018 con todo el acervo probatorio, esta jurisdicción todavía no ha proferido ni una sola sentencia contra los responsables de la organización que cometieron miles de delitos, que acabaron con millares de vidas, que reclutaron a miles de menores para la guerra y que abusaron de cientos de ellos.

El informe es demoledor. No solo por los relatos conmovedores de las víctimas, sino por los niveles de impunidad develados, pues los responsables de más de 50 años de barbarie gozan hoy de todos los privilegios, mientras sus víctimas, las que sobrevivieron, muchas lo perdieron todo, otras jamás volvieron a saber de sus seres queridos y otras tantas sufren trastornos de salud que hacen de sus vidas un infierno. Los informes descriptivos, por lo general, señalan responsabilidades colectivas sobre los fenómenos criminales y, solamente en ocasiones, cuando ya existe decisión judicial o vinculación formal a una investigación, identifican responsabilidades individuales. La Fiscalía asegura que en estas décadas la “barbarie no solo fue el común denominador de la guerra: también la degradación moral”. 

El acopio de la Fiscalía sobre los crímenes de las Farc tiene un gran valor histórico sobre la verdad de esta barbarie, pues se trata de la recopilación de información que por casi cinco décadas hizo la justicia. Queda al descubierto que el momento de mayor crecimiento de las Farc fue durante el llamado proceso de paz en el Caguán, en el Gobierno del conservador Andrés Pastrana (1998-2002).

El informe se adentra con particularidad en describir la ocurrencia de prácticas delictivas de mucho impacto para la población más vulnerable como el delito de secuestro, que la guerrilla califica como “retención de personas”; el reclutamiento y utilización de niñas y niños para la guerra desde edades muy tempranas (10 años), muchos de ellos abusados sexualmente; la violencia de género y las muertes grupales y selectivas.

Aunque las cifras y los testimonios sobre la crueldad de los delitos cometidos por las Farc en medio siglo son de escándalo, la Fiscalía advirtió que hubo mucho subregistro, porque en la mayoría de los casos las víctimas siempre tuvieron miedo a denunciar por temor a la represalia de la guerrilla, pues por lo general eran campesinos que vivían en espacios controlados por los ilegales y pagaban con sus vidas cualquier intento de denuncia.

De hecho, muchos casos de secuestro o violación y abuso de menores por parte de las Farc apenas fueron denunciados por las víctimas hasta 40 años después.