Los apretados tiempos del ‘fast track'

Haciendo cuentas, al Congreso le restan dos meses cortos para entrar en el llamado receso legislativo, que normalmente se extiende hasta marzo. Lo que en otras palabras significa que los proyectos de ley tienen hasta ese mes para ser aprobados, de lo contrario deberán esperar unos meses más. Esto sería parte del normal transcurrir de la agenda legislativa, sino fuera porque iniciativas muy importantes para el proceso de paz no avanzan y sin el ‘fast track‘ que se acaba en noviembre su futuro se ve muy enredado. 

Ese miedo quedó expuesto en la noche del martes en la plenaria de la Cámara de Representantes. Un nutrido grupo de congresistas expresó su malestar por las técnicas dilatorias que estaría utilizando el presidente de esa corporación, Rodrigo Lara. El ambiente se tornó muy álgido. Angélica Lozano lo describió como "una insoportable sesión, llena de trampas y abuso" y Germán Navas Talero aseguró que en 19 años no había visto algo semejante. Los liberales le pidieron la renuncia por considerar que no tenía la altura para liderar esos debates y el grupo Voces de Paz aseguró que estaba extralimitándose en sus funciones. 

La sesión duró más de 12 horas y finalmente no se llegó a ningún punto importante. Por eso, cuando Lara propuso retomar la sesión pasadas las 12 de la noche se armó troya. Muchos congresistas aseguraron que esto se había hecho para que no existiera quorúm y se tuviera que aplazar la sesión para dentro de ocho días. 

Lara se defendió en la W radio en la mañana del miércoles asegurando que lo que hay detrás es lo que él ha llamado "la ley Cristo". Según él, la reforma política que se está debatiendo busca crear ventaja al ex ministro del Interior en su aspiración a la presidencia. Señaló que a 15 días del calendario electoral lo que busca Cristo es modificar la constitución para que las reglas electorales se alteren y él pueda tener mejores condiciones en su carrera a la Casa de Nariño. 

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Más allá de la contienda presidencial lo que hay detrás es una enorme preocupación pues como van las cosas es muy díficil cumplir con lo pactado en los acuerdos de La Habana. En en este momento, hay dos iniciativas claves para el gobierno que se derivan del acuerdo de paz y que hacen curso en el legislativo: la ley estatutaria que reglamentará la Jurisdicción Especial de Paz, conocida como la columna vertebral del texto firmado entre el gobierno y la entonces guerrilla de las Farc, y la reforma política que encendió el martes la polémica. Ad portas del fin del ‘fast track’ ambos penden de un hilo. Y en el caso de la JEP, la falta de esa norma impediría poner a andar el andamiaje más importante para la implementación de lo pactado.  

La famosa“vía rápida” ha generado una fuerte polémica frente a si la fecha de caducidad es el 30 de noviembre o a finalizar el último mes del año. Sobre esta fecha existe un problema de interpretación. En mayo pasado el gobierno, en cabeza del entonces ministro del Interior (e) Guillermo Rivera, le envió una carta a los entonces presidentes de Senado y Cámara de Representantes, el senador Mauricio Lizcano y el representante Miguel Ángel Pinto, en la que le solicitaron la ampliación por seis meses más del ‘fast track’, posibilidad que quedó abierta en el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2016. “Dicho procedimiento podrá ser prorrogado por un período adicional de hasta seis meses mediante comunicación formal del gobierno nacional ante el Congreso de la República”, dice tal cual la iniciativa legislativa. En la carta Rivera agregó: “el término de seis meses se computará dentro de los períodos de sesiones del Congreso de la República, sin incluir el período de receso”.

Si bien el presidente Juan Manuel Santos pidió sesiones extraordinarias, al final los partidos tomaron la decisión de sacar un mes de receso. Por eso, en teoría el ‘fast track‘ iría hasta finales de diciembre, pero la decisión final la deberá tomar la Corte Constitucional. Lo que sí es cierto es que el tiempo y la coyuntura política hace mella en el gobierno. 

Descontando la salida de vacaciones de los congresistas, el gobierno se ve enfrentado con otro panorama que son las elecciones legislativas del 2018. Las inscripciones para quienes quieran repetir en el Congreso se abren el 11 de noviembre y empiezan la carrera de las campañas políticas, por lo que los legisladores pasarán más tiempo en sus regiones, lo que en otras palabras debilitará el quórum.

El tema, por ser una interpretación de una reforma constitucional, está en manos de los nueves magistrado de la sala plena de la Corte Constitucional, que entrarán a analizar el punto del mes receso legislativo que dice la carta del gobierno en un caso concreto el día que alguien considere que un proyecto de ley o acto legislativo del paquete de paz se presentó o aprobó fuera del tiempo del ‘fast track’.

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Uno de los escenarios que se podría presentar es que el concepto de la corte saldría probablemente el otro año, cuando el proyecto ya haya sido aprobado, lo que podría generar dos situaciones: que la corte lo declare inexequible o que los magistrados declaren que presenta vicios “saneables”. Para este último cabe el siguiente ejemplo: si la reforma política es aprobada en diciembre, cuando en teoría no habría ‘fast track’ (y este hace que las leyes no tengan cuatro, sino tres debates) el alto tribunal podría pedirle al Congreso que le dé uno más, sino sería inconstitucional.

¿Qué es el ‘fast track’?

El 13 de diciembre pasado la Corte Constitucional cerró el debate que tenía en vilo el mecanismo que agilizaría los proyectos de ley y reformas constitucionales derivadas del acuerdo de paz, que 20 días atrás se había firmado en el Teatro Colón, en el Centro de Bogotá.

De esta manera, la alta corte aprobó el ‘fast track’ (vía rápida), entendido como el mecanismo que está contemplado en el Acto Legislativo 1 de 2016 presentado por el gobierno, que estableció los instrumentos jurídicos de la implementación de la paz y buscó reducir el número de debates de por lo menos 50 iniciativas de ley que se derivan de lo acordado en La Habana.

Así las cosas, se recortó el tiempo de trámite legislativo y el Congreso se vio obligado a votar en bloque todos los proyectos. Es decir, sin poder presentar proposiciones que fueran en contra de la iniciativa o la modificaran sustancialmente. Sin embargo, la misma corte terminó por cambiarle el ritmo a ese procedimiento exprés. En un fallo aseguró que la prohibición de debatir punto por punto los temas y de proponer nuevos artículos sin el aval del gobierno era inconstitucional.  

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Con el Fast Track el gobierno ha logrado sacar adelante iniciativas importantes. Entre ellas está el acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz, el estatuto de oposición, la participación política de las Farc y la Ley de Amnistía, primer proyecto presentado por el gobierno y aprobado en tiempo record a finales de diciembre: solo tres debates, uno en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, y uno en la plenaria de Senado y otro en la Cámara, que se realizaron a la vez.

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Lo más probable es que la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz sea aprobada a finales del otro mes. Todo lo contrario sucede con la reforma política, que su segundo debate no ha podido iniciar formalmente por dilaciones, impedimentos y la falta de voluntad de los congresistas que no están presentes a la hora de la votación.

Pero además hay más proyectos que hacen fila para entrar al Congreso y que también se desligan del acuerdo de paz, como la ley estatutaria que pretende hacer modificaciones parciales a la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), varios relacionados con el punto del agro, entre otros. De ahí la urgencia del gobierno para tramitarlos por la famosa “vía rápida” hasta diciembre.