Las decisiones de la Procuraduría que han marcado la diferencia

Pocos pensaron que después de los ocho años que estuvo Alejandro Ordóñez en uno de los cargos más importantes del Estado, la Procuraduría General de la Nación pudiera recuperar su prestigio, credibilidad y capacidad para defender los derechos e intereses de todos los colombianos, sin pasiones ni creencias religiosas.

Sin embargo, desde que Fernando Carrillo fue elegido procurador no solo logró darle un giro a la entidad, sino que ha tomado decisiones que, incluso, van en contravía de las que han adoptado otros organismos de control. La más reciente ocurrió hace un par de semanas cuando decidió llamar a juicio disciplinario a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez, por haber estado en un presunto conflicto de intereses al participar en la aprobación de un Conpes que le dio vida al tramo Ocaña-Gamarra, en el que Odebrecht es protagonista.

Días antes, la Fiscalía General había decidido archivar la investigación que les adelantaba a las exministras por no encontrar méritos para imputarles algún cargo.

Dos días después de esa determinación, el mismo organismo le abrió investigación al exviceministro de Agricultura Luis Miguel Pico, quien habría hecho gestiones non sanctas para el desarrollo de esa vía. Los investigadores buscan establecer si, tal como dicen los indicios, Pico habría recibido prebendas para el desarrollo del proyecto. Todo esto dentro del caso Odebrecht, en el que el Ministerio Público ha liderado las investigaciones. De hecho, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años para desempeñar cargos públicos al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales por su responsabilidad en este episodio de corrupción, y el lunes pasado abrió investigación contra el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por presuntos hechos relacionados con Odebrecht durante su administración como gobernador de Boyacá.

Este y otros temas han hecho que la Procuraduría, al mando de Carrillo, haya recobrado la credibilidad y la confianza ciudadana por tomar decisiones en temas de hondo calado. De hecho, hace poco, una encuesta de la empresa Gallup Colombia que midió la favorabilidad del presidente, personajes e instituciones del país ubicó a la Procuraduría con una gran aceptación por encima de otras entidades de control como la Fiscalía y la Contraloría.

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La explicación es relativamente sencilla. La confianza ciudadana se obtiene con resultados y menos retórica y así parece que han entendido en la administración Carrillo. Así lo han dejado claro decisiones como la de hace pocas semanas en contra de directivos de Ecopetrol, por su eventual responsabilidad en el afloramiento de petróleo en el abandonado pozo Lizama en Santander. La Procuraduría, en un hecho histórico, abrió investigación disciplinaria contra el presidente de la petrolera estatal, Felipe Bayón Pardo, y ordenó la suspensión provisional a los vicepresidentes de la compañía por considerar que no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.

Y si eso es el campo ambiental en el que los investigadores han puesto el foco, cosa que no ocurría en la Procuraduría en administraciones pasadas, tampoco ha descuidado otro frente de acción: el de la salud. Desde que llegó a la entidad, Carrillo puso la lupa contra EPS e IPS, en especial en Medimás, en la que ha hecho un seguimiento a sus dueños que manejan los recursos de más de 4 millones de colombianos debido a las quejas de los usuarios y la administración poco clara.

Crimen y castigo

Carrillo no se ha quedado quieto tampoco con el tema de la corrupción regional. Ha atacado frentes en los denominados carteles de la salud, hemofilia y VIH en Córdoba, por los que se han ido a un barril sin fondo miles de millones de pesos en corrupción. De ahí que el gobernador de ese departamento, Edwin Besaile, fuera suspendido de su cargo durante seis meses, investigado por el pago irregular de 1.500 millones de pesos a la IPS San José, por la supuesta atención de pacientes de hemofilia que nunca recibieron los tratamientos.

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También han sentido el peso de la Procuraduría el gobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, quien fue suspendido por contratación irregular en temas de salud. Así mismo el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque por el desplome del edificio Blas de Lezo II, y el actual burgomaestre, Antonio Quinto Guerra, a quien la entidad demandó su elección por haber contratado con el Estado hasta diciembre de 2017, lo cual lo inhabilita.

En Quindío también sintieron las decisiones de la Procuraduría. Allí, sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, y por 10 años a los exgobernadores encargados John James Fernández López y Julio Ernesto Ospina Gómez, por irregularidades en contratación con las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío).

En el otro extremo del país, el polémico exgobernador de Santander y senador Richard Aguilar fue condenado con ocho meses de sanción como responsable disciplinario por las irregularidades presentadas en un proceso licitatorio adelantado por su administración departamental en 2012.

El Ministerio Público también le metió la mano a uno de los temas que tradicionalmente son tabú para los organismos de control: las Fuerzas Militares. La entidad abrió investigación formal contra altos oficiales y otros de menor rango del Comando General de las Fuerzas, comprometidos en la malversación de miles de millones de pesos de los denominados gastos reservados, lo cual fue revelado desde diciembre del año pasado por SEMANA. En los próximos días altos oficiales involucrados en estos hechos serán llamados a juicio disciplinario.

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En el tema de participación en política tampoco la Procuraduría se ha quedado atrás. En la pasada campaña electoral, realizó varias acciones contra servidores públicos que abusaron de su posición para apoyar proyectos políticos. En esa medida, Carrillo golpeó, por ejemplo, el corazón de los Char en Barranquilla al abrir investigación formal y suspender al contralor de esa ciudad, Fernando Rafael Fierillo, por haber organizado grupos de apoyo electoral en favor de la campaña de Germán Vargas. De la misma forma, abrió investigación contra los alcaldes de Jalapa (Atlántico), Tegui y Moniquirá (Boyacá) y El Banco (Magdalena) lo mismo que el secretario de Tránsito de Popayán por presunta participación en política.

A la Procuraduría tampoco le tembló la mano para pedir la pérdida de investidura contra la senadora Aída Merlano, quien fue capturada por la Fiscalía por haber montado un centro de operaciones en Barranquilla, donde pagó miles de millones de pesos a sus votantes. Merlano enfrentará un juicio en la Corte Suprema de Justicia por esos hechos.

Otro tema regional que ha sido motivo de escándalo y que ha colmado la atención de los barranquilleros es el presunto desvío de cerca de 230.000 millones de pesos de la firma Triple A, que tiene el control del suministro de agua potable en la capital de Atlántico.

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En este caso, el procurador tampoco dudó en interponer una acción popular para recuperar esos recursos, ya que su equipo de investigación identificó que ese dinero se disfrazó en contratos irregulares de asistencia técnica entre Triple A y la firma española Inassa. Este millonario contrato se suma a otros desfalcos identificados que tienen tras las rejas al expresidente de la Triple A Ramón Navarro por el manejo irregular de cerca de 27.000 millones de pesos entre 2012 y 2015.

Las víctimas

Desde su llegada a la entidad, Fernando Carrillo mostró su preocupación por las amenazas y asesinatos a líderes sociales en todo el país. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, han sido asesinados 311 líderes sociales y defensores de derechos humanos. El fenómeno parece tomar vuelo nuevamente, ya que en las últimas semanas han sido varios los muertos en diferentes regiones del país.

De todas formas, la Procuraduría les ha pedido al gobierno saliente y al entrante un plan de choque en la protección a líderes sociales y propuso un cambio en la manera de protegerlos, ya que, evidentemente, el modelo de un chaleco, un radio y un escolta fracasó. Con los hechos recientes, el Ministerio Público está evaluando los mecanismos actuales de protección y hará serias recomendaciones para evitar más asesinatos de estos líderes, un fenómeno que tiene conmovido al país.

Estas, entre muchas otras, han sido algunas de las batallas que Carrillo ha emprendido. No son pocos los que dentro y fuera del país le reconocen su gestión, que, a diferencia de su antecesor, está alejada de pasiones personales, políticas y religiosas, lo cual ha permitido que la Procuraduría recobre legitimidad.