¿Fiesta con los recursos? Unidad de Víctimas pide investigar existencia de bienes deteriorados, carteles familiares y otras posibles irregularidades

Las víctimas en Colombia vivieron durante años un calvario por cuenta del dolor del conflicto en muchas regiones del país. Pero como si no fuera suficiente, los dolores de cabeza siguen, esta vez por cuenta de varias irregularidades que está denunciando la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Yagarí. El asunto de fondo es que se trata, en su mayoría, de bienes incautados a la mafia.

Precisamente es la directora Tobón quien ha pedido investigar y señala que se debe verificar si, por ejemplo, hay bienes del Fondo de Reparación arrendados a 4.000 y 100.000 pesos mensuales. También señala que habría ocultamiento de información por funcionarios de la unidad de Víctimas y una posible existencia de carteles de familia involucrados en el escándalo que apenas empieza a revelarse.

Sin duda alguna, una de las mayores preocupaciones es que el fondo recibe los bienes incautados a los postulados de Justicia y Paz. Posteriormente, son monetizados cuando entran a la entidad y es, precisamente, con estos recursos que se indemniza a las víctimas.

En otras palabras, habría de fondo un verdadero “festín” con recursos que estarían yendo a parar a bolsillos de particulares y no para las víctimas del conflicto.

Algunas de las irregularidades que ha encontrado la unidad son:

1) Administración y manejo de los bienes que han ingresado al Fondo: valor de cánones de arrendamiento demasiado bajos. 4.000 pesos, 103.000 pesos bienes en custodia de la unidad, para ser monetizados. En este caso, según la dirección de la Unidad de Víctimas, habría más de 43 bienes.

2) Ausencia de contratos de arrendamiento en bienes ocupados, dificulta identificar valor.

3) Algunos bienes están deteriorados

4) Ausencia de análisis de perfiles y antecedentes judiciales e historial crediticio de arrendatario y codeudor.

5) Ausencia de acciones para recuperar el bien de deudores morosos

6) Deficiencias de control de inventario de los insumos que, al final, no garantizan fidelidad de información.

7) Mora en pago de servicios públicos de bienes desocupados desde febrero de 2022.

De hecho, fue la misma directora quien confirmó en su cuenta de Twitter que ya pidió investigación por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría:

“Luego de realizar un análisis preliminar del estado en el que recibimos el Fondo para la Reparación a las Víctimas, desde la Unidad de Víctimas he solicitado a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, iniciar auditorías e investigaciones ante posibles actos irregulares”, escribió.

La situación es de suma gravedad porque los recursos como, de una u otra manera, ha dicho la directora son sagrados. Por ejemplo, según la Unidad para las Víctimas, durante el mes de octubre, más 544 víctimas del conflicto armado ,residentes en los 23 municipios del oriente antioqueño fueron reparadas con indemnizaciones, a lo que se suman oportunidades y oferta para una inversión adecuada que mejore su calidad de vida. Y eso solo por poner un caso como es Antioquia.

De hecho, la directora advirtió: “Por el respeto que tengo a las instituciones, porque estamos decididos en este Gobierno y yo como directora de la Unidad de Víctimas estamos decididos a defender los recursos de las víctimas y la transparencia de las instituciones. Este país lo tenemos que cambiar”.

Mientras esto ocurre, en meses pasados, diferentes organizaciones sociales pidieron al Gobierno nacional aumentar y priorizar la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado.

La petición fue elevada conjuntamente por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos que hacen parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011.

De acuerdo con esa instancia, los recursos destinados en los últimos 10 años a la Política Pública de Víctimas por 146 billones de pesos han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país.