EE. UU y la prensa independiente, claves para destapar corrupción trasnacional

Los mayores escándalos de corrupción transnacional tienen dos características que los unen: la Justicia de Estados Unidos permitió que avanzaran los procesos y los medios de comunicación rodearon las investigaciones e impidieron que los implicados desaparecieran del ojo público. Estos factores llevaron a que surgiera en Colombia un debate sobre la falta de controles en la contratación pública de infraestructura y una investigación disciplinaria y criminal eficaz a quienes violan la norma. Frente a instituciones locales ineficaces –incluso esta semana el fiscal Néstor Humberto Martínez acabó con las comisiones de la Fiscalía en el exterior por no contribuir a la fluidez de los trámites–, los expertos han planteado hasta dónde una internacionalización de la justicia podría ser una fórmula para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción.

“En estos tiempos pensar que la Justicia colombiana por sí sola es suficiente para combatir la corrupción es iluso: la Procuraduría lleva prácticamente ocho años inactiva”, dijo a SEMANA el abogado y exdirector del DAS Ramiro Bejarano. La opinión pública y los críticos han repetido hasta el cansancio que el Ministerio Público acompañó todo el proceso de contratación del tramo II de la Ruta del Sol, actualmente la obra de infraestructura más cara de la historia del país, con un presupuesto de 3,2 billones de pesos. Incluso la exdirectora del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) María Inés Agudelo ha expresado su desconcierto frente a los hechos, pues el proceso que entregó la obra a la constructora de origen brasileño se presentó en el instituto como uno de los contratos más transparentes de la ingeniería civil nacional. No obstante, desde el primer momento abundaron las denuncias por sesgo y falta de garantías de los demás oferentes y ahora nadie entiende por qué las autoridades no investigaron lo que había detrás. “Odebrecht estaba pagando sobornos hace rato, pero el escándalo se vuelve creíble cuando la Justicia americana llama a los acusados”, añadió Bejarano.

El Departamento de Justicia norteamericano contempla una norma que les permite a sus cortes y tribunales incidir en procesos contra la corrupción y el lavado de activos fuera de sus fronteras. Esta jurisdicción extraterritorial, aunque a veces pueda ser considerada intervención indebida en asuntos internos de otros países, no solo resulta creíble, sino también legítima. Esto es importante, por ejemplo, en un momento como el que está pasando Colombia, donde cualquier investigación puede ser utilizada políticamente para aumentar la polarización. Múltiples veces el Centro Democrático ha denunciado una supuesta “persecución política”, cuando se ‘ataca’ a alguno de sus miembros. Sin embargo, cuando la Justicia de Estados Unidos implicó en el escándalo a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte y exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe, nadie puso en duda las investigaciones y el propio expresidente afirmó que se consideraba “traicionado”. La internacionalización del proceso judicial de Odebrecht ha evitado que se use como una herramienta política.

Una justicia globalizada tendría múltiples efectos. Dada la dureza de la ley norteamericana frente a la corrupción, “cuando los criminales vean que hay cooperación internacional en los procesos judiciales van a pensarlo dos o hasta diez veces antes de delinquir”, opinó el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra a SEMANA. Y la cosa va mucho más allá, pues no solo está la injerencia de Estados Unidos, sino que desde hace casi 30 años las Naciones Unidas están buscando una real cooperación entre países miembros para hacerle frente a las redes criminales transfronterizas. La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y el lavado de activos de 1988, la de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional de 2000 y la de Mérida contra la corrupción de 2003 han buscado una verdadera política criminal internacional. El problema es que se han quedado cortas.

El caso Odebrecht ha sido exitoso porque engloba varias claves en una investigación transnacional. Primero, con jueces y fiscales altamente especializados y con gran autonomía política, Brasil destapó una olla podrida que llevaba escondida décadas. La operación Lava Jato y el valiente juez Sergio Moro pasarán a la historia. Pero eso no fue todo. La Justicia brasileña maneja los beneficios judiciales por delatar y no solo por confesar, como sucede en Colombia. En otras palabras, no es suficiente que el acusado admita que cometió el delito, sino que también tiene que entregar a los otros integrantes de la red criminal. Además, cuando un tribunal federal de Estados Unidos tomó las investigaciones de Odebrecht, bajo el principio de delación premiada, los corruptos comenzaron a ‘cantar’, no solo lo que cometieron en Brasil, sino también en Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Actualmente Luiz Antonio Bueno Júnior, exdirector de Odebrecht Colombia, solicitó principio de oportunidad a la Fiscalía, que por lo pronto sigue en trámite. Este mecanismo le permite colaborar con las autoridades para desarticular la red de corrupción en el país. No obstante, implica una solución alternativa a la conducta punible y no es tan efectivo como la obligación de delatar.

Entonces, ante esta característica de la Justicia colombiana, la opción más viable para poner realmente en marcha la lucha contra la corrupción es usar las herramientas que ya existen en el sistema judicial, como dijo a SEMANA el exvicefiscal Francisco Sintura. Primero, la Fiscalía podría utilizar la figura de los agentes encubiertos. Segundo, la cooperación judicial debe ser de doble vía. Estados Unidos debe tener mayor voluntad para entregar las pruebas a Colombia y para realizar un verdadero intercambio bilateral de información policial y de inteligencia. Y tercero, que también suceda en materia financiera, donde más obstáculos hay para el canje. Esto, pues las reservas contables, tributarias y comerciales de algunos países –sin contar los paraísos fiscales– ponen una barrera al intercambio de información. Para sobrepasar este obstáculo, Colombia debería dejar de subutilizar al grupo Egmont –asociación de las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo– que desde el año 2000 está en el país. Su empleo resultaría realmente eficaz en la lucha anticorrupción.

Pero, trascendiendo lo meramente financiero, hay un factor que sencillamente no puede dejarse de lado si se quiere cortar de raíz la perversión del manejo de los recursos públicos y avanzar hacia una mayor credibilidad de las instituciones judiciales en Colombia: la prensa independiente. En las investigaciones de la Fifa, los Papeles de Panamá y Odebrecht, “desde el primer momento el papel de los medios de comunicación fue indispensable porque no solo ayudaron a construir la hipótesis criminal, sino también a rodear a los investigadores para que avanzaran en los procesos”, le dijo a SEMANA Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Por eso los gobiernos corruptos tienen en la mira a la prensa independiente, para impedirle que ejerza su papel como guardiana del interés público. Donde le falta independencia a la prensa, también le falta a la Justicia”.

De cara a las elecciones presidenciales del año próximo, la fiebre anticorrupción abunda en Colombia. Candidatos de todo el espectro político prometen la lucha contra los corruptos como el pilar de su campaña y ofrecen avanzar efectivamente en el camino hacia la ‘cultura de la legalidad’. Pero, como se ha visto por décadas, el flagelo no se corrige solo con voluntad política.