Filtraciones: las oscuras movidas en la licitación del Runt

Las alarmas están prendidas en el Ministerio de Transporte, la Fiscalía y la Procuraduría en torno a la licitación que están diseñando para el manejo del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). El motivo es que los documentos con los cuales se plantean las condiciones de la millonaria licitación fueron filtrados sin que se conozca aún el destinatario. Lo que sí es claro es que quien está tratando de obtener esta información por debajo de la mesa habría arrancado con ventaja al abrirse el concurso por este contrato, que no es de poca monta.

Los cálculos más modestos del Ministerio de Transporte tasan esta licitación en 800.000 millones de pesos, por un periodo aproximado de diez años. Se trata de una de las herramientas digitales más usadas por los ciudadanos, pues no hay una diligencia o trámite que tenga que ver con tránsito y transporte que se haga al margen del Runt. Las cifras de la operación lo dejan claro: la plataforma tiene capacidad para realizar cerca de 307 millones de procedimientos diarios (una persona puede hacer varios registros), y el promedio de ciudadanos que utilizan el sistema de información es de 1.150.000 al mes.

Desde la expedición de una licencia de conducción, la compra de un vehículo, las infracciones de tránsito, los comparendos y hasta un accidente en las vías tienen que ver con el Runt. Todo debe ser registrado en el sistema de información que, hoy por hoy, resulta obsoleto, y el Gobierno está empecinado en sacar la versión 2.0. Pero, de acuerdo con la denuncia realizada por la ministra Ángela María Orozco, hay intereses oscuros detrás de este millonario negocio.

El mensajero

El campanazo de alerta se dio cuando, al mejor estilo de las películas de detectives, en tres sobres de manila sellados, sin ningún tipo de marca o remitente, le dejaron la correspondencia por debajo de la puerta a la ministra Orozco. Se trataba de documentos que ni ella conocía a profundidad, pues la licitación para el Runt 2.0 es un asunto de complejo calado que está en construcción. Requiere análisis, estudios y una experticia que solo llegan a tener un puñado de funcionarios y asesores del ministerio.

No hubo cámaras que registraran al mensajero, nadie vio a alguien extraño, no se sabe cómo llegaron esos papeles, lo importante es que el aviso llegó: la información reservada estaba rotando por manos ajenas a los encargados de diseñar la licitación. Y lo claro es que estos documentos solo les sirven a quienes están interesados en quedarse con la operación del Runt.

Entre los papeles estaban borradores, conceptos técnicos, requerimientos, necesidades que se deben suplir con la nueva plataforma; algunos que solo podría entender alguien con conocimientos en sistemas de información.

Esta licitación, prioritaria para el Ministerio de Transporte, debió realizarse a mediados de 2018 (así estaba contemplado desde que se entregó el manejo del Runt), pero al final del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos el avance era nulo. Dos días después de que inició el mandato de Iván Duque, el 9 de agosto, la ministra Orozco descubrió que no había empalme, ni siquiera prepliegos; por el contrario, había un pleito jurídico perdido por el Gobierno con los administradores del Runt por 25.000 millones de pesos. No solo tenía que pagar la deuda; era obligatorio mantener el contrato porque la plataforma no se puede detener, el país no se puede quedar un día sin el Runt. La prórroga resultó obligatoria. Casualidad o no, quienes aún manejan el sistema son familia política del expresidente Santos.

No obstante, la actualización al Runt 2.0 –como se le ha denominado a la millonaria licitación que debe entregarse a final del año– es necesaria, pues la plataforma actual resulta obsoleta: está basada en servidores en los que se alojan datos y dan respuestas a las solicitudes de los usuarios del Runt. Estos aparatos ya no son necesarios; la nube los reemplaza. En este caso, la licitación se está elaborando para que sea amigable con los usuarios que hoy no saben cómo manejarla y terminan apelando a tramitadores.

Según el ministerio, la idea es tener un Runt con tecnología de vanguardia, confiable y colaborativo, y un dato adicional: que se establezca una disciplina en el manejo de la información. Esto tiene que ver con los datos, la big data. Hoy, esa información es de dominio de los administradores de la plataforma, y hacen negocio con ella. Para dar una idea, ¿cuánto podría valer para una empresa de seguros de vehículos tener el registro de personas que compran carro?

La investigación

La filtración de información ya es un asunto de las autoridades. La ministra presentó la denuncia ante el fiscal general, Francisco Barbosa, y quedó en manos de la fiscal anticorrupción, que indaga quiénes pueden estar detrás de esa movida con implicaciones penales, pues en este caso se podría estar hablando de delitos como cohecho o concierto para delinquir. La fórmula es clara: el que filtra busca dinero y el que paga quiere la ventaja para hacerse con el millonario contrato para el manejo del sistema de información de tránsito y transporte del país.

Al despacho de la procuradora Margarita Cabello también llegó la denuncia, y tomaron las primeras medidas. Aunque existe la remota posibilidad de que se trate de un hackeo, es necesario determinar si hay funcionarios públicos involucrados en las filtraciones de estos datos. La delegada para la vigilancia administrativa, Sonia Téllez, asumió la investigación.

Además, se acordó un acompañamiento a la licitación para garantizar que se haga de manera transparente. Este proceso lo hará la procuradora delegada para la función pública, Fanny Contreras, quien realizará un balance cada dos meses. También hará seguimiento la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Por ahora, si alguien pagó por acceder de manera ventajosa a estos documentos, perdió la plata. Se hicieron públicos en la página web del Ministerio de Transporte y, cuando se publiquen los prepliegos, los interesados arrancarán desde cero, pero con una talanquera para quienes hicieron trampa. Esta licitación tiene todas las miradas: la Fiscalía, la Procuraduría, y la de un mensajero anónimo que logró advertir a tiempo que la información con la que se está diseñando el millonario negocio del Runt había dejado de ser confidencial.