¿Fin a los paros de maestros?

El polémico proyecto de ley que busca prohibir los paros de profesores, de autoría de las congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Margarita María Restrepo, avanza a buen ritmo en el Congreso.

La iniciativa ya fue enviada a la comisión Séptima del Senado y pronto se designarán ponentes para iniciar la discusión.

Miles de niños “fueron víctimas de la violación de su derecho fundamental a la educación como lo señala la Constitución Política en su artículo 44, de manera sistemática ante paros promovidos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que sin importar la calidad en la formación y el retraso en los procesos deja a los estudiantes sin la posibilidad de recibir educación en las aulas de clase, hasta que sus peticiones son atendidas por el gobierno nacional”, indica la iniciativa en su argumentación.

Cabe recordar que el derecho a la huelga está consagrado en el artículo 56 de la Constitución donde se establece que este no está garantizado en los servicios públicos esenciales, como la banca central, el transporte, las telecomunicaciones, la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo, así como los servicios públicos domiciliarios.

Justamente, la iniciativa del Centro Democrático busca elevar la educación a rango de servicio esencial, con lo que no estaría garantizado el derecho a la huelga y por ende sería el fin de los paros de los maestros, especialmente liderados por Fecode, que ha dicho que esto es una vulneración de un derecho “legítimo”.

Sin embargo, la iniciativa que está próxima a ponerse en el orden del día hace una diferenciación entre la huelga y los paros.

“La huelg, aparece en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho fundamental tutelado por la Constitución y la ley, que tiene por finalidad la solución de conflictos económicos o de interés para el sector, pero que, en todo caso, requiere de una serie de trámites que deben ser agotados previamente. En consecuencia, el ‘paro’ es un acto de fuerza, una medida de hecho que no cumple ni con la finalidad prevista para la huelga, ni con los pasos previos establecidos por la ley para esta”, indica el texto.

En medio del profundo malestar de Fecode, que considera esta iniciativa un atentado al derecho a la huelga, se conocieron cifras reveladoras del Ministerio de Educación.

Durante los últimos cuatro años los niños de colegios públicos han soportado 14 paros. En el 2018, la parálisis afectó al 42% de la comunidad estudiantil; en 2019 dicha afectación osciló entre el 33% y el 70%; en 2020 las consecuencias impactaron al 48%; en el 2021 sufrió hasta el 31%.

Lo anterior lleva a concluir que, en los últimos cuatro años, en promedio el 35% de los estudiantes se vieron afectados por paros nacionales.

En 2021, según el Ministerio de Educación había en escuelas y colegios públicos 7´835.908 matriculados, lo que indicaría que, a la luz de las cifras con los paros resultaron afectados 2.742.578 estudiantes de instituciones del Estado.

Fecode se ha convertido en los últimos años en una de las instituciones que más polémica genera en el país, no solo por los constantes paros que protagoniza, en los que se piden mejores condiciones para los maestros en el país, sino porque fue una de las organizaciones que más se opuso al regreso a clases presenciales tras la pandemia, al argumentar que no estaban dadas las condiciones para este retorno.