Fin de la luna de miel: se deterioraron las relaciones entre los empresarios y la Casa de Nariño

Durante esta semana, la relación entre el Gobierno y los empresarios llegó a un punto de tanta tensión que parecía consolidarse una ruptura difícil de reparar.

El caldo de cultivo para la situación se venía dando poco a poco, pese a que en los primeros días de la administración del presidente Gustavo Petro, como sucede en los noviazgos, sonaban campanas de boda. El mandatario de los colombianos asistía a las convenciones de los gremios y hasta salía de allí casi aplaudido luego de exponer sus ideas, aún las que sonaron fuertes, como las expresadas en el Congreso de Asobancaria, donde les dijo a los banqueros que “podrían ayudar mucho más” y los invitó a “construir la manera de servir en la generación de riqueza”, sin pensar solo en la rentabilidad.

Inclusive, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que muy pronto tendrá que ocupar su asiento en la negociación del incremento del salario mínimo con los sindicatos y el sector privado, también se reunió con los empresarios y habló de un ambiente propicio para el trabajo en equipo, al tiempo que destacó el papel de las compañías, pues “son la piedra angular para la transformación –en el mundo– del trabajo”.

Para ese momento ya estaba radicada en el Congreso de la República la reforma tributaria, iniciativa que en los últimos días ha sido uno de los detonantes para resquebrajar la relación Gobierno-empresariado, puesto que, en el trámite de un proyecto legislativo que requiere que sea participativo, le han hecho ajustes que no fueron –del todo– bien recibidos por los empresarios.

La Andi, el gremio de empresas más grandes en el país y que es liderado por Bruce Mac Master, ha sido uno de los que más ha estado en el foco de las discusiones. De hecho, en el intercambio de mensajes, el dirigente de la asociación expresó que había una campaña mediática desde el Gobierno para desprestigiar ante la opinión pública a las empresas, al señalarlas como instituciones que no quieren pagar impuestos ni ayudar a la paz; lo que fue respondido por Juan Fernández, asesor empresarial del presidente, con una arremetida en la que hasta llegó a insinuar que Mac Master debía tener relevo en el cargo.

Mensajes de fuego

Mensajes emitidos por integrantes del Gobierno, entre los que están la negativa a nuevos contratos de exploración petrolera, un control de precios a productos de la canasta familiar, o los impuestos a productos de actividades industriales, como el de bebidas azucaradas, que el Gobierno defiende al calificarlos de saludables, han sido motivo de debate por su alto impacto económico y, en conjunto, son vistos como un paquete que terminaría reventando a las empresas con una carga tributaria muy pesada.

Más aún, en un contexto económico que ha ido empeorando, a medida que sigue subiendo la inflación y el Banco de la República incrementa las tasas de interés para tratar de contenerla.

La reforma tributaria, según los ajustes que lleva, toca al sector financiero, con una sobretasa del 5 por ciento, adicional al impuesto de renta, que en 2023 será del 35 por ciento. La rama minera terminaría poniendo cerca de 70 por ciento del recaudo esperado, porque también tiene una sobretasa, pero además, porque les quitan a las empresas del sector la deducción de las regalías a la hora de declarar renta, entre otras medidas.

La inversión tendría que ser sacrificada, según han sostenido las voces que salen en defensa del sector productivo, en un año (2023) que no será dinámico, sino que, por el contrario, podría ser de profunda desaceleración económica.

Cada circunstancia ha ido sumando para inflar aún más la incertidumbre y la tensión entre el Gobierno y las empresas. El centro de pensamiento económico Anif –por ejemplo– agrega a la coyuntura la situación que vive la empresa pública más importante de Colombia, Ecopetrol. “A mediados de mayo, la acción de la petrolera estatal registraba un precio de 3.287 pesos y, hasta el 19 de octubre, había perdido el 29,8 por ciento de su valor, al ubicarse en 2.309 pesos, lo que se traduce no solo en una debacle para los ingresos del Gobierno, sino también para miles de colombianos que son copropietarios del 12 por ciento de la empresa”.

Por ello, Mac Master dijo que la molestia del empresariado no es tanto por la tributaria, sino que “hay de todo. Si a un contribuyente le dicen que le van a poner impuestos que destruyen la rentabilidad, ahí hay una incertidumbre grande. Si dicen que no va a haber más exploración petrolera y una empresa está en ese sector, hay preocupación. Es una combinación de todo. El Gobierno tiene que entender que, en términos generales, incluyendo la reforma tributaria, debe dedicarse a construir confianza”.

Diálogo, diluido y retomado

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco y del Consejo Gremial (gremio de gremios), dijo que “independientemente de que teníamos algunas coincidencias, pero también discrepancias acerca de cómo hacer las cosas, mostramos nuestra mejor disposición para trabajar conjuntamente por el país”, pero “el diálogo ofrecido por el presidente, para todos los sectores, empezó bien, y poco a poco se ha ido diluyendo. De alguna manera se ha convertido en un diálogo de una sola vía”.

En el contexto de la tensión que se dio esta semana entre el empresariado y el Gobierno, se veía con malos ojos que en vez de buscar salidas se siguiera incendiando la relación que, según la economista italiana Mariana Mazzucato, en su visita al país, debe ser parte de “una nueva relación, un nuevo contrato social que permita a los sectores público y privado trabajar juntos, y desde un principio, para enfrentar desafíos nacionales, como la lucha contra el hambre, la salud, el agua potable, la brecha digital, la crisis climática o la transición energética”.

Los gremios parecen estar dispuestos a emparejar las cargas. Jorge Bedoya, presidente de la SAC, asociación que reúne a los industriales del agro, señaló que desde el punto de vista de los productores del campo, “la receptividad a las propuestas del Gobierno siempre estará, así como también las observaciones técnicas que se tengan que hacer sobre las mismas”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se refirió al alto precio del dólar de los últimos días como una coyuntura que requiere una alianza entre el Gobierno y las empresas para enfrentar la situación. “El aumento del dólar es un llamado al trabajo público-privado en la búsqueda de soluciones para que hogares y empresas enfrenten el contexto de desaceleración económica. El diálogo debe ser inmediato para evitar que la reforma tributaria sea el camino para echar más leña al fuego”, precisó.

Mac Master, entre tanto, señaló que “el papel del empresariado no es estar de luna de miel con el Gobierno, pero tampoco de enemigo”. Argumentó que el papel del gremio es ser objetivo. “No podemos ser de odios ni de amores”. No obstante, a su tono más calmado, el presidente de la Andi manifestó que “cuando se tienen responsabilidades en lo público hay que tener la serenidad, la objetividad y la madurez suficientes para entender opiniones que son diversas”.

Algo cambió

Luego de la turbulencia, al finalizar la semana, el Gobierno pareció haber escuchado e iniciado lo que fue recibido como ‘un cambio en el tono’ de su mensaje. Una actitud, que para muchos analistas, era indispensable, incluso para calmar la escalada en el precio del dólar, situación que tiene un fuerte componente local, derivado de los temores con las políticas que se implementarán.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió a decir que “no habrá control de cambios, se cumplirá la regla fiscal (no se aumentará el déficit fiscal más allá de lo posible), se adelantará una transición exportadora y se respetarán todos los contratos de explotación de petróleo y gas”. Falta ahora esperar cuánto durará el Gobierno en esa estación conciliadora y qué tanta confianza logra generar.

Cabal, por ejemplo, enfatiza en que “lo importante es que el Gobierno no sea de oídos sordos. La democracia colombiana es fuerte en la medida en que nos respetemos las diferencias”.

En el mismo sentido, el presidente de la SAC agregó que “en una democracia es natural disentir. El sector generador de empleo, como cualquier otro, tiene la responsabilidad de hacer conocer al Gobierno, al Congreso de la República y a la opinión pública sus posturas y recomendaciones sobre las iniciativas que el Estado tenga y que causen impacto en algo que nos compete a todos, que es el bienestar de nuestro país, la reducción de la pobreza y el impulso a la generación de empleo”.

En conclusión, el empresariado y el Gobierno tuvieron una luna de miel estropeada y la expectativa de los colombianos es que logren retomarla.