¿Finalmente que pasará con el pleito entre Nicaragua y Colombia?

La Corte Internacional de Justicia ha fijado para el próximo 20 de septiembre las audiencias sobre el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia sobre el supuesto incumplimiento del fallo de 2012.

El citado fallo se derivó de la demanda presentada por ese país contra Colombia en 2001, en la que alegó que la totalidad del archipiélago de San Andrés y todos los cayos le pertenecían; que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, en el que Nicaragua reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago, era nulo e inválido; y que la delimitación marítima entre los dos países debía seguir el borde externo de su plataforma continental, que, según Nicaragua, llega a cercanías de la costa caribeña colombiana.

Colombia naturalmente rechazó todas las pretensiones de Nicaragua, y sobre la delimitación marítima sostuvo que estaba constituida por el meridiano 82. Esa posición había sido fijada por Colombia desde 1969 durante el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando Nicaragua otorgó unas concesiones petroleras en el área.

La Corte no solamente en el fallo de 2012, sino en otro previamente proferido en 2007, sobre las excepciones preliminares presentadas por Colombia, afirmó que el archipiélago de San Andrés y la totalidad de los siete cayos en disputa pertenecen a Colombia, incluido el cayo de Quitasueño, que tanto Nicaragua como los Estados Unidos y el Reino Unido habían sostenido, en diferentes ocasiones, que no era susceptible de soberanía porque no emergía en forma permanente en pleamar.

En cuanto a la delimitación marítima, el fallo señaló que ni el meridiano 82 alegado por Colombia, ni el límite externo de la plataforma continental sostenido por Nicaragua eran el límite y procedió a trazar una delimitación. Aunque la Corte asignó importantes espacios marítimos al archipiélago, quedó la sensación en algunos medios colombianos de que se lo había privado de espacios marítimos que había venido considerando como propios.

El Gobierno de Ortega, con el control que en ese momento tenía de los medios, logró diluir toda la parte negativa del fallo para Nicaragua y destacó solamente que la Corte había rechazado la delimitación sostenida por Colombia y que le había asignado espacios marítimos que estaban bajo nuestra jurisdicción.

El Gobierno colombiano expresó que, aunque no desconocía el fallo, no podría ser aplicado hasta tanto se concertara un tratado con Nicaragua. Igualmente, estableció lo que denominó una “zona contigua integral” con un procedimiento sin precedentes en el derecho internacional.

Afirmó, además, el presidente Juan Manuel Santos, en plena campaña para su reelección, que había detenido las ambiciones expansionistas de Nicaragua y estaba a la espera de una opinión de la Corte Constitucional, que él le había solicitado después del fallo de 2012.

Sin entrar en detalles y pormenores del proceso jurídico, las audiencias de septiembre no son para el pleito, más complejo, sobre la plataforma continental extendida, que seguramente serán el próximo año. La Corte, después de las audiencias, entra a deliberar sobre el caso. Aunque no tiene un plazo para pronunciarse, generalmente se toma de dos a cuatro meses para proferir su fallo.

El tribunal, pues, deberá decidir si Colombia ha cumplido o debe cumplir con el fallo de 2012. En el caso de que no acoja los argumentos de Colombia, con los efectos que eso pudiera tener, de todas maneras Nicaragua no podría volver a pretender el archipiélago de San Andrés ni ninguno de los cayos, ni de las áreas marítimas que le corresponden al archipiélago, de acuerdo con el citado fallo. Ni mucho menos lo podrán hacer los Estados Unidos ni Honduras, que pretendieron también los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla durante mucho tiempo. Amanecerá y veremos.