232.000 millones: lo que le costaría al Estado el partido de las Farc a 2026

No para la controversia por los dineros y las Farc. Ocho días después del estruendo que se sembró por cuenta del patrimonio que debía reportar esa guerrilla, se conoció el monto que se necesitará para dejar instalado el partido que nace del acuerdo de paz.

Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia es uno de los nombres que vienen contemplando los excombatientes para su salto a la arena política, pero el reajuste en la sigla no es definitivo. Así pues, mientras los exguerrilleros se preparan para el congreso fundacional que delineará su nuevo camino, el Gobierno tomó la palabra.

Es miércoles, durante una audiencia pública en la Corte Constitucional, donde se discutió la viabilidad o no del proyecto que les despeja el camino para hacer política, el viceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango, reveló que el monto total al 2026 se calcula en 232.082 millones de pesos. 

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La cifra no sólo recoge el estimado que necesitarán para los gastos de funcionamiento del partido, sino que también contempla la campaña presidencial y al senado, el centro de pensamiento y el costo de las 10 curules que se les otorgarán en Senado y Cámara. Sacando un reporte más pormenorizado, en el 2018 se invertiría 32.336 millones de pesos y el monto más alto de inversión se alcanzaría en el 2022 con 44.150 millones de pesos. 

"Los recursos asignados para gastos de funcionamiento y centro de pensamiento del nuevo partido son adicionales a los presupuestados para la financiación de partidos y movimientos políticos", explicó Escobar durante su intervención.

En ese sentido, las reglas en materia de financiación contemplan que el nuevo partido tendrá derecho a: 1) recibir lo mismo que los partidos que están funcionamiento, 2) al Centro de Pensamiento le llegará una suma equivalente al 7 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, 3) para la campaña presidencial tendrán derecho a recibir la financiación estatal anticipada que corresponde a los candidatos que reúnan los requisitos de ley y 4) en el caso de las campañas al Senado recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10 por ciento del límite de gastos fijados por la autoridad electoral.

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"Recibirán financiación estatal anticipada y no están obligados a la devolución de los recursos si no alcanzan los umbrales, solo tendrán que devolverlos si lo destinan a cosas distintas de lo que establece la ley", explicó el vocero de la cartera.

El proyecto de presupuesto de 2018 para el país, propone un monto de 2,4 billones para el posconflicto, un incremento del 31 por ciento en relación con este año, cuando se invirtieron 1,8 billones. Este dinero tiene como destino prioritario los programas de sustitución de cultivos, la reincorporación de las Farc, la primera etapa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que es básicamente de diseño participativo, algunas obras de ejecución temprana y el montaje de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

"22.000 millones de pesos diarios se invertían en la guerra en Colombia (...) estos montos no tienen implicaciones sobre el presupuesto general de la nación", recordó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda durante su intervención.

De acuerdo con cálculos del Consejo Nacional Electoral, para cumplir con los cronogramas, el nuevo movimiento requiere arrancar con 3.565 millones de pesos de cartera, que no provendrá del dinero ilegal que se les encuentre a las Farc. De hecho, durante su intervención el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega Rocha, fue enfático en recordar el precio que pueden pagar si se comprueba que las Farc hacen uso de dinero ilegal para financiar su partido.

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En el alto tribunal las miradas se centraron especialmente en el Centro de Pensamiento de las Farc. Aunque es claro que su funcionamiento tendrá un costo de 3.080 millones de pesos, las alarmas que prendió en junio pasado el fiscal Néstor Humberto Martínez se volvieron a activar.

¿La razón? Todavía muchos interpretan que amarrar la finalidad del fondo fiduciario -a donde irán a parar los bienes de las Farc- a los programas contemplados en el punto 3.2.2. que tienen que ver con la reincorporación económica y social de la guerrilla es una ventaja al lavado de activos. Es decir, que los bienes de uso ilícito puedan ser destinados no sólo a reparar las víctimas del conflicto sino, por ejemplo, también para financiar el Centro de Pensamiento y Formación Política es visto como inaceptable.

Como ya ocurrió en otros espacios de discusión, los voceros del Gobierno argumentaron que el dinero que se recupere de la economía ilegal sólo estará destinado a financiar a las víctimas del conflicto. Por su parte, el ministro Posconflicto, Rafael Pardo, manifestó que "no es la primera vez que se usa esta legislación para la reincorporación de integrantes de grupos armados que hayan hecho acuerdos de paz con el Gobierno".

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El partido que surja de las Farc también tiene garantizada su financiación y estos dineros, según se ha dicho, están listos y saldrán del presupuesto nacional. De hecho, el rubro más pequeño es el de reincorporación o fin del conflicto, que es de 1,9 billones. Según el marco fiscal del gobierno, el año próximo la inversión total en el posconflicto debe ser del 0,8 del PIB, pero en el presupuesto apenas llega al 0,2. 

En medio de su primera defensa sobre el acuerdo de paz, el recién posesionado alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, reveló que han acreditado a 10.695 integrantes de las Farc y durante su intervención hizo un contundente llamado para que se de luz verde al Acto Legislativo 03 de 2017. Es decir, el que les da estatus político. 

"Nos corresponde ahora propiciar su tránsito a una nueva organización política y fue por esto que (...) se dejaron planteadas unas medidas que ayudarán a propiciar dicho tránsito". A renglón seguido, recordó casos como el de Guatemala, Mozambique, la Corriente de Renovación Socialista y el M-19. 

La implementación del acuerdo de paz es el eje sobre el que las Farc montarán su arquitectura política. Este será la base para sus alianzas, para redactar su programa de gobierno, y para la proyección de sus líderes. El acuerdo les da una serie de garantías que son la base para iniciar su transformación hacia la política. En 2018 podrán ir a elecciones de Congreso, y aún si no sacan los votos suficientes, tendrán aseguradas cinco curules en el Senado, y cinco en la Cámara de Representantes. Eso es, por ejemplo, más de lo que hoy tiene el Polo Democrático.

 “El proceso de reincorporación ratifica el compromiso de las Farc-EP de contribuir a la terminación del conflicto armado, convertirse en sujeto político legal y aportar decididamente a la consolidación de la reconciliación nacional, la convivencia pacífica, la no repetición, y a transformar las condiciones que han permitido el origen y la persistencia de la violencia en el territorio nacional.” Se trata de un elemento esencial de este acuerdo", concluyó Rivera pues en el corazón está cambiar las armas por el ejercicio legal de la política.