Fiscal Barbosa anuncia investigación para dar con responsables de actos violentos en Popayán

Popayán vive horas difíciles por desmanes y hechos violentos en medio de las manifestaciones del paro nacional. En la noche del viernes la capital del departamento del Cauca fue escenario de alteraciones al orden público y denuncias de violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Los disturbios se registraron en varios puntos de la ciudad y usuarios en redes sociales reportaron que en el barrio El Uvo, un grupo de vándalos se desplazó hasta el CAI para atacarlo y prenderle fuego, al tiempo que manifestantes y miembros de la Policía se enfrentaban en las calles, esto en medio de protestas que se dieron ante la indignación tras darse a conocer la presunta violación de Alison Meléndez, una menor de edad que posteriormente se suicidó.

Ante la situación de alteración de orden público, el presidente Iván Duque ordenó a miembros de su gabinete viajar hasta la ciudad para realizar las acciones pertinentes que garanticen el retorno del orden y, además, se realicen las investigaciones pertinentes frentes a los hechos que han ocurrido en las últimas horas.

“He dado instrucción a ministro de Defensa y ministro del Interior para que se trasladen a Popayán y lideren restablecimiento del orden público en la ciudad. Frente a lamentables hechos relacionados con joven fallecida, de 17 años, es imperativo adelantar investigación exhaustiva”, precisó Duque en las últimas horas.

Tras esa orden, desde Popayán, el fiscal General, Francisco Barbosa, rechazó los actos de violencia, así como la muerte de Alison y otro joven, víctimas de delitos que terminaron con sus vidas.

Barbosa dijo también que la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía fue totalmente destruida y la sede de Medicina Legal sufrió graves afectaciones.

“Frente al caso de la menor de edad fallecida cuya denuncia se hizo pública ayer, la Fiscalía envió dos fiscales a esta ciudad. Una de ellas experta en temas de género y con enfoque de niños, niñas y adolescentes, así como un equipo de Medicina Legal que recuperó la evidencia biológica para realizar y esclarecer lo denunciado por la comunidad. Así mismo, se ordenó una autopsia con el fin de determinar el contexto en el que ocurrieron los hechos”, señaló el Fiscal.

Además del caso de Alison, se conoció la muerte del joven Sebastián Quintero, quien según Barbosa “también será priorizada en las investigaciones, pero quiero recordarle a la ciudadanía de Popayán que en este momento un Instituto Forense trabaja para poder hacer análisis sobre ese cadáver, con el fin de determinar y esclarecer lo que ocurrió producto de la salvajada que se produjo el día de ayer en esta ciudad”.

El jefe del ente acusador rechazó tajantemente los actos que terminaron con la total destrucción de la Unidad de Reacción Inmediata en un claro acto de terrorismo contra la institucionalidad que afecta el servicio prestado a los ciudadanos.

El balance preliminar frente a lo sucedido en la URI de la Fiscalía General arroja pérdidas cercanas a los 20.000 millones de pesos.

Fueron destruidos los laboratorios forenses donde los investigadores científicos trabajaban en el esclarecimiento de los delitos que suceden en esta parte del país.

También resultaron afectadas en su totalidad las oficinas para la atención integral de víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, las dependencias en las que son atendidos casos contra los niños, niñas y adolescentes, constituyéndose así en un ataque a la Fiscalía, y que atenta de igual manera contra las víctimas.

En medio de los desmanes fueron incendiados 9 vehículos; 6 motocicletas, decenas de equipos de cómputo e impresoras. Además, fueron hurtadas armas y munición de los armerillos; y fue extraída cocaína y marihuana que había sido incautada en operativos contra el tráfico de estupefacientes.

“En este punto destruido continuará el proyecto de construcción del Bunker de la ciudad de Popayán que se entregará a la ciudadanía en el año 2023. Estamos presentes y continuamos garantizando, con dificultades que iremos superando, nuestra función de administrar justicia en esta ciudad”, reiteró el Fiscal.

“Este ataque material no implica solamente un ataque a la Rama Judicial, sino a toda la ciudadanía de Popayán”, finalizó el fiscal.