Las pruebas del nuevo escándalo del caso Santrich

Por si faltaba alguna escena truculenta en el caso de Jesús Santrich, esta tuvo lugar el viernes en la tarde. La Fiscalía General de la Nación informó que en dos hoteles al norte de Bogotá sus agentes capturaron a Carlos Bermeo, fiscal de la Unidad de Investigación de la JEP, junto con cuatro personas más, incluido el exsenador Luis Alberto Gil, “en el momento en que recibían 500.000 dólares a cambio de incidir en el trámite de extradición de Zeuxis Hernández”.

Como se sabe, Hernández es el nombre legal de Santrich, quien está en prisión desde abril pasado a la espera de que resuelvan su pedido de extradición. Al líder de las extintas Farc lo requiere Estados Unidos por la acusación de haber maquinado un plan para enviar droga a ese país poco después de suscribir la paz. Esta última circunstancia hizo que en su proceso de extradición interviniera la jurisdicción de paz (JEP). Esta debe evaluar si los supuestos hechos ocurrieron antes o después de la firma de la paz, para así determinar si levanta la garantía de no extradición de la que gozan todos los excombatientes no reincidentes en delitos transnacionales.

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La JEP solicitó colaboración a Estados Unidos para conocer la evidencia disponible contra Santrich a fin de tomar una determinación. Y la negativa formal de Washington se conoció precisamente este viernes. El Departamento de Justicia señaló que el dosier ya enviado para requerir a Santrich “satisface los requisitos de todos los tratados aplicables y la legislación colombiana, así como la práctica de extradición de larga data de Estados Unidos con Colombia”. Y agrega que“es importante que sigamos esa práctica en todos los casos”.

La noticia del no rotundo de Estados Unidos apenas llegaba cuando ocurrió la captura del fiscal Bermeo y del exsenador Gil, a quienes los sorprendió el CTI cuando departían entre música y copas de coñac. Los acusaron de concierto para delinquir. Luego de un trabajo de seguimiento e infiltración, la Fiscalía General estableció que los dos –junto con otros tres capturados en otro hotel– integraban una organización dedicada a propiciar la corrupción entre instituciones del Estado colombiano.

Foto: En este momento el fiscal Carlos Bermeo y el exsenador Luis Alberto Gil son sorprendidos recibiendo fajos de billetes a cambio de supuestamente incidir el proceso de extradición de Santrich.

“Estos (los capturados) han realizado ofrecimientos con el fin de vender, recaudar u omitir información en diferentes investigaciones, así como realizar acercamientos con personas que tienen el control de temas sensibles tanto para Colombia como para Estados Unidos, a cambio de la suma aproximada de 500.000 dólares”, dijo el agente a cargo de la aprehensión al leer el fundamento de la orden de captura.

La Fiscalía logró descubrir la tramoya con “la figura del agente encubierto”. Es decir que Bermeo y Gil habrían caído en un entrampamiento consistente en tender un anzuelo sobre el cual se configura el delito en el momento en que los sospechosos lo muerden. Para algunos juristas, este proceder –muy común en la jurisdicción de Estados Unidos– es discutible en Colombia, en donde hay grandes interrogantes en torno a la figura del agente provocador. Ese fue el rol que jugó el infiltrado que departía con Gil y Bermeo, quien le pasó a este, por debajo de la mesa, un fajo de 40.000 dólares que el fiscal de la JEP guardó con rapidez y discreción en el bolsillo de su saco.

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Al cierre de esta edición no era claro el procesamiento penal que recibirán los implicados en el nuevo escándalo. Pero Estados Unidos, en otros momentos del agitado caso Santrich, ha dicho que quien se oponga ilegalmente a la aplicación de justicia en su jurisdicción incurrirá en un grave delito. Por eso es probable que Bermeo y Gil terminen rindiendo cuentas ante un tribunal norteamericano.

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, conocida como la Fiscalía de esa jurisdicción, está a cargo de Giovanni Álvarez, quien tiene total autonomía para escoger su equipo. El fiscal capturado trabajaba allí desde octubre pasado. A través de un comunicado, Álvarez explicó que su unidad no participa en los procesos que se surten en la JEP con relación a Santrich, y que nombraron a Bermeo porque cumplía todos los requisitos de ley. A manera de ejemplo, argumentó que este era abogado con especialización y maestría en Derechos Humanos. Pero el director de la Unidad de Investigación no señaló el pasado político del capturado fiscal: Carlos Julián Bermeo Casas fue concejal y candidato a la Alcaldía de Popayán por el partido Opción Ciudadana, un turbio movimiento con varios condenados por parapolítica, empezando por el fundador de esa marca, Luis Alberto Gil, el exsenador también capturado en este episodio.

La Corte Suprema de Justicia condenó al Tuerto Gil por sus alianzas con los paramilitares del Bloque Central Bolívar. Gil fue senador en los periodos de 2002 y 2006, después de ser diputado de Santander. Su sentencia a ocho años de cárcel documenta varias reuniones del político con los temidos jefes paramilitares Macaco, Julián Bolívar y Ernesto Báez. En esos encuentros Gil buscaba apoyo para los candidatos de su partido y por cuenta de esos nexos tuvo que cambiarle el nombre a su movimiento en varias oportunidades. Su partido incluso estuvo a punto de perder la personería porque la mitad de sus congresistas terminó en la cárcel. Otros dos detenidos, Ana Cristina Solarte Burbano y Luis Orlando Villamizar Gamboa, también registran nexos públicos con Opción Ciudadana.

Por otra parte, la Sección de Revisión de la JEP, instancia integrada por cinco magistrados que tiene a cargo el tema Santrich, también emitió un comunicado en el que marca distancia con la UIA de Álvarez. En el texto, los togados señalan que esta no participa en los trámites de garantía de no extradición, que no han hecho ningún requerimiento a la UIA con relación al caso Santrich. Además solicitan a la Fiscalía General de la Nación “que le imparta la mayor celeridad a la investigación por los hechos informados hoy, y rechaza y condena cualquier acto de corrupción que afecte la administración de justicia”. Pero el episodio, de cualquier forma, golpea severamente a la JEP en general.

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Entre los magistrados de la jurisdicción de paz el malestar no es menor. Varios de los 38 que integran la JEP consideran necesario citar a una sala plena extraordinaria este lunes y evaluar la posibilidad de que el fiscal jefe, Giovanni Álvarez, dé un paso al costado. El nuevo escándalo enturbia aún más el veredicto que deberá dar la jurisdicción en un par de semanas sobre la solicitud de extradición de Santrich. A estas alturas, cualquier decisión será leída más como un manifiesto político que como una determinación judicial.

La nueva tormenta además llega cuando el presidente Iván Duque analiza la posibilidad de objetar la ley estatutaria de la JEP, como solicita con vehemencia su partido el Centro Democrático. Allí el senador Álvaro Uribe, en primera línea, dice que no basta con objetar, sino que habría que acabar con la jurisdicción de paz. Del otro lado están los partidos que impulsaron el acuerdo de paz, la Corte Constitucional y la comunidad internacional, que le piden al jefe de Estado promulgar esa ley.