¿Puede Rafael Uribe Noguera negociar con la Fiscalía?

Cada resultado que arroja la investigación por el atroz crimen de Yuliana Samboní apunta y respalda la tesis de la responsabilidad de Rafael Uribe. Algunos penalistas sostienen incluso que esta fue una captura que se hizo prácticamente en flagrancia y sobre la que Uribe no tiene escapatoria. Aunque se declaró inocente de los cuatro delitos que le imputaron (tortura, feminicidio agravado, secuestro y acceso carnal violento), se anticipa que después del juicio recibirá una condena de entre 40 y 60 años de cárcel.

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Sin embargo, en círculos periodísticos comenzó a correr el rumor de que el arquitecto estaría buscando firmar un preacuerdo con la Fiscalía. Así, según se ha dicho, él podría tener algún beneficio a cambio de entregar información que pueda ayudar a desmantelar grandes redes de pornografía infantil o trata de personas.

La noticia se regó como pólvora y se convirtió en el tema del día de las emisoras. La expectativa era cada vez mayor, pues estaba programada la rueda de prensa entre la Fiscalía y Medicina Legal para entregar los primeros resultados del caso.

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Allí, el director de Medicina Legal reveló las conclusiones a las que llegó la prueba de ADN: Rafael Uribe sí abusó de la pequeña. “Una vez terminados los análisis de laboratorio, especialmente los de biología y genética, encontramos sin ninguna duda, con la mayor certeza científica, el material biológico que vincula al señor Rafael Uribe en la muerte y abuso sexual de la menor de siete años”, dijo su director, Carlos Valdés.

Como la responsabilidad de Uribe por medio de esta prueba técnica es hoy irrefutable, generó indignación la idea de que pudiera hacer un arreglo con la Fiscalía.

De entrada el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, descartó esta posibilidad: “En materia de crímenes contra niños, felizmente Colombia no permite ningún tipo de negociaciones”, dijo.

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Hay dos normas específicas que ponen una barrera para que este tipo de delitos sea negociable. En primer lugar, la Ley de Feminicidio establece en su artículo quinto la imposibilidad de llegar a preacuerdos sobre hechos que ya fueron imputados. En el caso de Rafael Uribe los delitos fueron feminicidio (pena con agravantes es de 40 y 50 años); secuestro simple (de 12 a 20 años); tortura agravada (de 12 hasta 16 años) y acceso carnal violento (de 12 a 20 años).

El otro candado lo puso el Código de Infancia y Adolescencia. Allí se establece que para los delitos de homicidio, lesiones personales (con dolo), secuestro, integridad y abuso sexual cometidos contra niños, no se otorgará ninguna medida que le permita responder al implicado por fuera de la cárcel, ni podrá haber principio de oportunidad o preacuerdos. Y no se podrá extinguir la acción penal.

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“No hay posibilidad de negociar nada, fue una captura casi en flagrancia. La Fiscalía no necesita preacordar nada porque ya tiene soportado gran parte del escenario criminal; en este caso, la Fiscalía ha actuado rápidamente y ha sido muy diligente”, aseguró el abogado penalista Jaime Lombana.

Al respecto también coincide el abogado Iván Cancino, quien asegura que aun cuando Uribe Noguera tuviera en sus manos información para la delación de algo superior, difícilmente se le va a ver reflejado en la duración de la pena que podrá ser, dice, entre 45 y 50 años.

“El Código de Infancia y Adolescencia prohíbe cualquier preacuerdo; si el señor va a delatar, va a dar información que va a salvar la vida de decenas de niños y entregar a otros agresores sexuales, la justicia podría replantear por cuenta de un beneficio superior; pero desde mi punto de vista académico no representaría mayor diferencia en la pena”, indicó.

Para los penalistas, también estaría casi descartado que si los hermanos de Rafael Uribe, Francisco y Catalina, estuvieron involucrados con el encubrimiento del crimen, las normas les permitan algún tipo de negociación por colaboración.