"Castigaremos a gobernadores y alcaldes que no prevengan el coronavirus": fiscal

En medio de la confusión por el decreto emitido por el presidente Iván Duque, que tumba las medidas de alcaldes y gobernadores para frenar la expansión de la pandemia, el fiscal general le envió un mensaje a los mandatarios regionales.

Francisco Barbosa aseguró que el incumplimiento en la toma de decisiones para prevenir el coronavirus y la omisión en la adopción de medidas sanitarias son delitos que serán castigados. "Gobernadores y alcaldes: ustedes son responsables de la salud en sus territorios por mandato legal y constitucional. Son ordenadores del gasto. Por eso deben adoptar medidas sanitarias que se requieran acordes a la ley", dijo. Y enfatizó en que, de no hacerlo, podrían incurrir en conductas penales de prevaricato por omisión y omisión de socorro.

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El llamado de atención del jefe de la Fiscalía también se dirigió a los presidentes de las EPS, quienes son responsables del aseguramiento de salud de los ciudadanos y reciben recursos públicos por ello.

"Tendrán responsabilidad penal los presidentes de las EPS. La Fiscalía estará abierta a las demandas de la ciudadania por no prestación oportuna, como la entrega de diagnósticos médicos, suministro de alimentos y traslado de ambulancias".

A la voz del fiscal se sumó la del contralor Felipe Córdoba. Este último pidió al Gobierno nacional y al Ministerio de Salud que ayuden a liberar los recursos "del punto final", los cuales se calculan en 4 billones de pesos.

Según un acuerdo de julio de 2019, firmado por el presidente Iván Duque, los recursos del "punto final" permitirán sanear las finanzas y pagar las deudas del sistema de salud. Además, el plan traía consigo la ejecución de medidas para evitar que estas deudas se volvieran a generar con el paso del tiempo.

El contralor enfatizó en que estos recursos ahora serán necesarios para quintuplicar las camas de cuidados intensivos en los hospitales; este promedio se calcula tras estudiar la demanda, luego de que la Presidencia calculara en unos 4 millones de pacientes la población colombiana que llegue a estar posiblemente contaminada.

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Córdoba hizo un llamado a las universidades y a la empresa privada para que contribuyan en la construcción de respiradores y otros insumos médicos que permitan atender la crisis de los colombianos enfermos.