Fiscal entregó a la comunidad internacional un balance judicial de las protestas

La Fiscalía atendió una visita virtual de delegaciones de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y embajadores de diferentes países, para conocer en detalle y del propio fiscal general Francisco Barbosa, los avances en las investigaciones que se adelantan en el ente acusador por cuenta de actos criminales en el marco de la protesta. “Se les presentó un informe de las acciones investigativas y judiciales desarrolladas por la entidad frente a los hechos ocurridos con ocasión de la protesta social que se registra en el país desde el pasado 28 de abril”, señaló la Fiscalía.

El fiscal aseguró en su intervención que el Estado colombiano reconoce el derecho legítimo a la protesta, pero advirtió que en el marco de la Constitución la función de la Fiscalía es investigar los hechos criminales que ocurren, incluso en el marco de las movilizaciones; la labor del ente acusador acusador es judicializar a los responsables, cuando sea necesario.

“Sin embargo, cumple su competencia constitucional, así como las obligaciones internacionales en el marco del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, en sus 8 líneas de investigación, con objetividad y debida diligencia, bajo el análisis en contexto de las situaciones, para esclarecer los hechos delictivos cometidos durante este período”, señaló el fiscal Barbosa.

El fiscal también se reunió con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero con quien expuso la difícil situación que vive Colombia en materia de orden público “a raíz de las manifestaciones y desmanes”.

Advirtió Barbosa que la Fiscalía busca identificar justamente los hechos delictivos que impiden el buen desarrollo de la protesta social. “Esta es una entidad autónoma e independiente en la rama judicial, que tiene como función investigar y acusar a los presuntos responsables de estos hechos”.

El fiscal insistió en que casi 5.000 funcionarios de la Fiscalía están a cargo de los procesos de investigación y algunos casos fueron priorizados: el aparente suicidio de una menor de edad en Popayán, donde tratan de establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la fuerza pública; los 15 homicidios que tienen relación directa con las protestas; los 7 casos registrados en Cali, Valle del Cauca, en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad.

La Fiscalía expuso también a la comunidad internacional las actividades que se desarrollan con ocasión de las denuncias o reportes por desaparecidos en las protestas y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente, que según el fiscal, permitió localizar a 261 personas. “Se expuso el balance de los hechos registrados en Cali, Popayán y La Plata (Huila), donde además de los diferentes daños ocasionados y delitos que se investigan, se atentó contra administración de justicia, por los ataques a su infraestructura y su capacidad investigativa”, señaló la Fiscalía en un resumen de la reunión.

Como la labor de la Fiscalía es investigar y asimismo proteger la protesta legítima al identificar quiénes son los responsables de afectar las movilizaciones con actos criminales, el fiscal insistió en que atacar las instalaciones que justamente sirven para judicializar a los responsables de hechos criminales, impide la efectiva labor del ente acusador y con ello la posibilidad de condenar a los que afectan la propia protesta.

“Se atropella también a los ciudadanos, en el entendido de que se ponen en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, inherentes al avance de las investigaciones penales”, señaló Barbosa.

Así mismo resaltó el fiscal la conformación de un Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos que Afectan a la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de hacer seguimiento a las denuncias, investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra esta población.