POLÍTICA
Fiscal Francisco Barbosa se opone a la amnistía general propuesta por Álvaro Uribe
Aunque no nombró directamente al expresidente, el fiscal fijó su postura sobre el tema en la Comisión Primera del Senado.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, terció en la polémica que se ha generado en el país por la propuesta de una amnistía general que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en entrevista con SEMANA. Barbosa dijo en la Comisión Primera del Senado que no está de acuerdo con un indulto amplio y dejó clara su postura frente al tema.
“Me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia porque va en contra de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, de las normas internacionales y al mismo tiempo deslegitima la labor de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia que se hizo en el marco de unas limitaciones”, dijo el fiscal.
"Yo me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia, yo me opongo porque va en contra del derecho internacional de los DD.HH., del Derecho Internacional Humanitario (...) y al mismo tiempo deslegitima la labor de la @JEP_Colombia", puntualizó el Fiscal General. pic.twitter.com/e4IBFeyRKw
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 25, 2021
En su intervención, agregó que “el margen general de apreciación que tiene un Estado en Colombia, no puede permitir que cualquier persona que viole derechos humanos en el territorio se limpie la cara con una amnistía total. Ya no estamos en 1990, estamos en el 2020”.
Las declaraciones del Fiscal se hicieron en un debate que se adelantó en la Comisión Primera del Senado donde se tocó el tema de la amnistía total con algunas condiciones y por las preguntas que lanzó el senador Gustavo Petro. Además, de la postura del Fiscal, recientemente los exnegociadores de paz del Gobierno Santos, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, también se opusieron a la propuesta de Álvaro Uribe al considerar que “una amnistía o general va en contra de los principio establecidos en el Estatuto de Roma y podría generar impunidad, lo cual activaría una posible intervención de la Corte Penal Internacional. Adicionalmente, señalan que eso perjudicaría las competencias que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz”.