Fiscal enfila sus baterías para el último debate de la JEP

En las primeras horas de la recta final del trámite que le dará vida a la Jurisdicción Especial para la Paz, el fiscal general Néstor Humberto Martínez le hizo llegar al Gobierno su listado de retoques. A estas alturas, el representante del ente investigador se anota varias victorias por el fallo de la Corte Constitucional, sin embargo, sigue cuestionando zonas rojas en donde el articulado no se ajustaría en su totalidad al fallo. 

Uno de los puntos más sobresalientes del documento, que fue enviado al ministro Rodrigo Rivera, es el que controvierte que se haya quitado del articulado un aparte que proponía la renuncia de la acción penal a quienes no tuvieron participación determinante en la ocurrencia de graves crímenes. Según el fiscal, de aprobarse el texto sin este aparte, la JEP podrá exceptuar la aplicación de la responsabilidad penal a quienes cometieron graves masacres, violaciones, reclutamiento de menores, desapariciones. 

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“Esta posibilidad teórica comportaría impunidad absoluta para los más graves crímenes y desconocimiento total de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, lo que activaría la competencia de la Corte Penal Internacional”. 

Martínez llama la atención porque entre los reparos que manifestó la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, indicó que el Estatuto de Roma no impone limitaciones frente al nivel de responsabilidad de los autores. Y en este sentido, lo que pide precisar el fiscal es que la renuncia de la acción penal debe estar reservada para crímenes de menor lesividad, de manera que la JEP se concentre en los casos más reprochables hechos del conflicto.

De otro lado, el fiscal celebra que el Congreso haya excluido de los beneficios de la JEP a los desertores y disidentes. Ello ocurre teniendo en cuenta que fue la misma Corte Constitucional la que a través de su sentencia estableció que los excombatientes que se acojan a la JEP no puede cometer un nuevo delito o de lo contrario perderán todos los beneficios.

Sin embargo, el fiscal señala que al texto final le faltan detalles para aterrizar esta disposición. En su opinión, el articulado que será discutido en último debate hace caso omiso a que la jurisdicción ordinaria está llamada a asumir la competencia plena cuando se incumpla cualquiera de los elementos del régimen de condicionalidad. El fiscal también pide que se precise que será competencia del Gobierno nacional -plena revisión y verificación- cerrar los listados que acreditaron a miembros de las Farc hasta el pasado 15 de agosto. 

Finalmente, Martínez pide que no se le otorguen facultades de priorización y selección a la Fiscalía para investigaciones contra terceros civiles, ya que en un escenario de justicia ordinaria están obligados a indagar y procesar todos los hechos que revistan las características de un delito. 

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Como ya es costumbre, precedido a cada debate de la JEP el fiscal general hace sus anotaciones. No todas han sido de buen recibo, no todas han sido incluidas, pero hay que anotar que varias de ellas terminaron encontrando camino en la Corte Constitucional.