Fiscal general arremete contra el presidente Gustavo Petro y le recuerda que el país no es una organización criminal como el M-19, en la que él “participó”

Nuevamente, el fiscal general Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad, el jefe del ente investigador no aguantó los comentarios hechos por el primer mandatario sobre la forma como se deben adelantar las investigaciones de temas relacionados con la corrupción, principalmente en el puerto de Buenaventura.

“Si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento, pero acá no puede él asumir, otra vez, el rol de fiscal general de la Nación”, le respondió el fiscal Barbosa. En este sentido, aseguró que Petro está buscando revivir la vieja teoría que él, desde su cargo, es el jefe de todos los funcionarios públicos.

Visiblemente molesto, el fiscal general aseguró que al presidente no se le pueden olvidar los principios constitucionales que señalan claramente la división de poderes y funciones: “Acá no estamos en una organización criminal donde seguramente él participó cuando hizo parte del M-19, en donde las decisiones se tomaban rápido y sin debido proceso. Estamos en un Estado del Derecho”.

“Quiero decirle al presidente una cosa: que no se le olvide que él no está por 20 años en el poder, le faltan dos y seguirá siendo presidente hasta el 7 de agosto de 2026 y después será ciudadano como a todos nos toca ser ciudadanos cuando dejamos de ejercer estos cargos públicos”, aseveró el jefe del ente investigador.

La molestia de Francisco Barbosa tiene relación con lo que él mismo ha catalogado como ataques planeados para dañar el buen nombre, honra y trabajo de su vicefiscal, Martha Janeth Mancera, a quien han querido vincular directamente con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el puerto de Buenaventura y encubrir las investigaciones.

En la noche del pasado domingo, en un nuevo mensaje en su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se despachó contra la Fiscalía General de la Nación y la acusó de exportar cocaína.

“Decían que no hay pruebas contra ‘Pacho’, pero aquí presentan hasta grabaciones. ¿Cómo es posible que hayan utilizado la Fiscalía para exportar cocaína en Buenaventura y hayan protegido al presunto delincuente?”, escribió el mandatario colombiano en respuesta a una publicación de un reportaje.

Detrás de esto habría un andamiaje criminal de negocios de tráfico de estupefacientes cuyos cerebros serían dos agentes, ahora acusados por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, falsedad ideológica en documento público y peculado.

Se trata de los agentes Pablo Bolaños y Fabio González, que presuntamente resultaron criminales. Son los mismos que aparecen como testigos de lo que la vicefiscal Martha Mancera ha calificado como un burdo montaje y persecución en su contra.

Sin ambages ha afirmado que se trata de un plan orquestado desde la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro para desprestigiarla.

Bolaños y González aseguraron que el coordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, estaba vinculado a negocios oscuros de tráfico de drogas y armas, y que lo habían denunciado ante la vicefiscal sin que ella tomara medidas. La historia sería completamente diferente.

Sobre este tema, SEMANA publicó en su última edición impresa un informe en el que revela la historia secreta de dos agentes encubiertos del CTI de la Fiscalía, quienes acusan a la vicefiscal Martha Mancera, que ha denunciado un montaje para afectar su nombre y la labor que ha realizado durante décadas en el organismo persecutor del delito en Colombia.

Según el informe publicado en SEMANA, miembros del CTI habrían usado su condición de agentes encubiertos como licencia para traficar droga. Traían marihuana desde el Cauca y, si eran requeridos en algún retén, mostraban sus credenciales para pasarse los controles por la faja.

SEMANA tiene en su poder horas de explosivas y contundentes confesiones de dos criminales llamados Yeison Garzón y Carlos Loaiza, quienes ya fueron condenados a cinco años de prisión por tráfico de drogas. Ellos eran, al parecer, los socios de una empresa criminal que montaron los agentes encubiertos del CTI con peligrosos jefes de la mafia en el Cauca y Caldas, quienes ahora pretenden salpicar a Mancera.

Así lo explicó la misma vicefiscal a SEMANA, cuando advirtió el montaje palaciego y que en los hechos habría muerto un tercer agente encubierto en medio de las andanzas criminales de García y Loaiza.

“Nos enteramos de que uno de los agentes encubiertos había salido con otros investigadores hacia el Cauca, pero, sorpresa, sin resolución de la Fiscalía para autorizar. Sin que el fiscal supiera que iban a recoger 500 kilos de marihuana para traerlos al Bajo Cauca antioqueño, poder sumar mil kilos y venderlos a otra organización criminal. Por eso fue que ellos no dieron ninguna explicación distinta a decir que su compañero tenía agencia encubierta y que con ocasión de eso lo habían matado”, denunció Mancera, poniendo en evidencia a los agentes.

Tanto Loaiza como Garzón, al aceptar cargos y colaborar con la justicia, dejaron al descubierto las andanzas delictivas que mantuvieron durante varios años traficando marihuana hasta que fueron capturados. Contaron todos los detalles, cómo la transportaban, cuánto costaban los cargamentos, horas e itinerarios habituales para traficar. Señalan a Fabio González como el jefe de la organización criminal.

Loaiza le dijo a la Justicia que lo buscaron porque era una persona conocida en la región y no levantaba sospecha; le endulzaron el oído para que se fuera como agente encubierto. Contó cómo ellos llegaron a decirle que si lo hacía podría cumplir su sueño de tener una casa propia. Él aceptó la propuesta y empezó a traficar con Garzón, quien era cercano a un familiar suyo y tenía los contactos necesarios en el Cauca.