El fiscal general quiere revivir debate sobre aspersiones con glifosato

El Consejo Nacional de Estupefacientes es la instancia del gobierno en la que se adoptan las decisiones más importantes en materia de lucha contra las drogas. En él tienen asiento ministros, generales y los directores de las entidades que están a cargo de entregar resultados en esta materia. 

Sin que se hayan revelado las cifras oficiales de cultivos ilícitos, el gobierno confirmó que este año se registrará la cifra más alta de siembra en la historia. Según el ministro Luis Carlos Villegas, la medición que relizan las Naciones Unidas será de alrededor 180.000 hectáreas sembradas de coca; cuando el récord en Colombia era de 160.000 hace 18 años.  

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Por ello, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le pidió al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que convoque de manera extraordinaria una reunión del CNE, con el fin de adoptar soluciones inmediatas. La urgencia del fiscal vino acompañada de duras críticas al plan que entregó el ministro de Defensa para la erradicación de cultivos ilícitos en el próximo gobierno. 

"La realidad que nos ha mostrado el señor ministro de Defensa hace que de manera determinante el CNE tome en serio una política antinarcóticos, no puede ser que se esté hablando de un plan a cinco años para erradicar la mitad de cultivos ilícitos. ¿Será que el país puede convivir con 100.000 hectáreas de coca durante los próximos cinco años? Inclusive, más allá del presente gobierno", aseguró. 

En respuesta a esta petición, el Ministerio de Justicia convocó al CNE para el próximo 5 de julio. En principio, el fiscal aseguró que se estudiarán varias propuestas, la más innovadora el desarrollo científico de una molécula que hace que las plantas de coca pierdan en un 50 por ciento su capacidad de producción. 

"Existe una molécula en un proyecto científico desarrollado entre la Policía y Ecopetrol. Hay que sacarla de los cajones donde se encuentra. Reduciría 50 por ciento la poductividad de la hoja de coca en Colombia. Se necesita la determinación política de ponerla en marcha. He logrado que el presidente de Ecopetrol nos diga que está dispuesto a empezar con esto".

El fiscal manifestó su preocupación por la falta de celeridad en la ejecución de proyectos productivos que no están llegando a los desmovilizados de las Farc. Actualmente -dice- a los desmovilizados les están entregando un millón de pesos para su manutención, algo que calificó como insuficiente y riesgoso, ya que las bandas criminales los están extorsionando para cobrarles el 30 por ciento de la ayuda del gobierno. 

Hasta ahora, el fiscal general había sostenido su postura en favor de revivir las aspersiones con glifosato. Sin embargo, de cara a una nueva sentencia de la Corte Constitucional, el jefe del ente investigador le pide al gobierno que se examine el cumplimieto del fallo. 

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Se trata de la sentencia de tutela T-236, que en 2017 abrió al parecer una ventana para reanudar las fumigaciones aéreas. "Cualquier decisión que se tome alrededor del tema deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente".

En principio, para los analistas, hablar de "ausencia de daño" para el caso del glifosato hace que la posibilidad de reanudar su uso en aspersiones aéreas esté prácticamente enterrada. El mismo magistrado Aquiles Arrieta, que proyectó la ponencia, afirma que una política de “cero riesgos” alrededor del uso del glifosato es inviable y más teniendo en cuenta a modo de contexto que existen estudios como de la Organización Mundial de la Salud que lo catalogan como "presuntamente cancerígeno".

Junto a este punto, la corte impone que previa toma de decisiones se expida una regulación de su uso, que se desprenda de una evaluación del riesgos a la salud y al medioambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado. El alto tribunal, en este sentido, alerta por la falta de evidencia científica e impone en total seis condicionamientos que apuntan a garantizar el soporte de rigor, calidad e imparcialidad en la toma de decisiones alrededor de un escenario de regulación.

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El fiscal, que desde que se posesionó en su cargo ha insistido en revivir las aspersiones aéreas, comienza a caminarle al cumplimiento de la sentencia de cara al crecimiento histórico de los cultivos. Le pide al Consejo Nacional de Estupefacientes que participe de las acciones que competen al Estado para desarrollar la jurisprudencia promulgada en este fallo. Las aspersiones con glifosato fueron suspendidas por este mismo Consejo de Estupefacientes en el año 2015, al acatar decisiones anteriores de las altas cortes que aseguraban que el glifosato tiene un potencial riesgo para la salud.