Fiscal pide ser declarado impedido en todas las investigaciones del escándalo Odebrecht

Todo indica que el nuevo fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, estará en funciones por un largo tiempo. Si la Corte Suprema de Justicia acepta la petición que está elevando formalmente el fiscal general Martínez Neira los tres expedientes que recibió el fiscal especial para el caso Odebrecht pasarán a ser, cuando menos, medio centenar. El fiscal general solicitó se admita su impedimento frente a “todas las líneas de investigación del denominado caso Odebrecht” y sugiere que esos prontuarios “se remitan al conocimiento del fiscal ad hoc”.

Lo primero que llama la atención es que aunque la figura del fiscal ad hoc apareció en la realidad nacional desde el 13 de diciembre pasado, el escrito de Martínez a la corte fue radicado el pasado jueves 24 de enero, esto es, un día después de que el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade presentara allí mismo una recusación contra el fiscal general. La particularidad del recurso de Andrade es que no acudió a la Fiscalía (esta tendría que responder si encontraba fundamento para admitir la recusación y tras esto el asunto llegaría a la Corte Suprema), sino que fue directamente al alto tribunal para pedir que Martínez Neira, y su vicefiscal María Paulina Riveros, fueran apartados de dicho expediente.

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En su recusación Andrade usó una batería de argumentos, varios de los cuales son aludidos, tácitamente, en el comunicado de prensa difundido por la oficina de comunicaciones del búnker este lunes para explicar las razones del impedimento general que invoca la cúpula de la Fiscalía.

“El fiscal general y la vicefiscal no tienen ni han tenido a su cargo ninguna de las investigaciones que se han desprendido del denominado caso Odebrecht”, dice el comunicado en su arranque. El argumento, sin admitirlo, es una respuesta a la crítica que expuso Andrade cuando planteó que si bien es cierto que ni Martínez ni Riveros instruyen directamente la investigación, sí son superiores de los fiscales delegados que cumplen esa misión. El exdirector de la ANI dijo que los fiscales subordinados trabajan en plena consonancia con los criterios y la posición de su jefe pues en “ningún momento se han conocido la existencia de discrepancias o divergencias suyas en la perspectiva de la acusación”, se lee en la recusación de Andrade.

La Fiscalía sostiene también que son dos las razones concretas en que se funda el impedimento general que está planteando el fiscal general. La primer razón es que como abogado particular –en 2012– Martínez Neira emitió un concepto sobre la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra. Al respecto el comunicado del búnker dice que en ese concepto se señaló que la vía “debía ser objeto de licitación”.

Pero justamente lo opuesto a eso argumenta Andrade en su recusación contra Martínez Neira en la Corte Suprema. El exdirector de la ANI señala que este comprometió su criterio jurídico y que lo que recomendó, contrario a lo que dice Martínez Neira, fue que para la adición del tramo Ocaña-Gamarra “no era necesaria la suscripción de una adición al contrato, toda vez que la eventual actividad descrita podría entenderse como parte del objeto del contrato de Concesión No. 001 de 2010”.

En este punto la divergencia no podría ser mayor. Andrade dice que el concepto de Martínez dice “sí”, mientras que este insiste en que lo que dijo fue “no”. Para definir la controversia de cara a un juez el exdirector de la ANI solicitó que el fiscal general sea testigo de su juicio. Hasta que esto no ocurra habrá dos lecturas opuestas.

El segundo gran argumento de Néstor Humberto Martínez tampoco se aparta de las razones planteadas por Andrade. Este tiene que ver, precisamente, con la roncha que hay entre ambos. Andrade había dicho que el fiscal lo señaló de ser el cerebro de una “trama de terror libreteada” y de iniciar, con asesores pagados en los Estados Unidos el “proceso de depredación y persecución de la justicia colombiana”. Ahora, a su turno, el fiscal Martínez Neira dice que “Dado que Juan Sebastián Correa, ex secretario privado y hombre de confianza del señor Luis Fernando Andrade será testigo en contra del exdirector de la ANI, se configura un impedimento ante la pública, mutua y sobreviniente animadversión entre el fiscal general y el señor Andrade, al punto que este último se ha referido al jefe del ente investigador como su “enemigo”.

La sumatoria de esas consideraciones son las que llevan al fiscal general y la vicefiscal a solicitar a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que “por razones de economía procesal, disponga que las actuaciones que ocasionalmente lleguen al despacho del fiscal general en todas las líneas de investigación del denominado caso Odebrecht, se remitan directamente al conocimiento del fiscal ad hoc que se designe”. Más allá de a quién la corte le de la razón puntual en cada uno de los argumentos ¿Andrade o Martínez? lo que parece claro es que más temprano que tarde el fiscal ad hoc deberá ocuparse de los procesos que ni Martínez ni lo procesados como Andrade creen deben ser instruidos por la actual Fiscalía General.

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¿Quién será el papá de los pollitos?

Una claridad importante. Martínez Neira está pidiendo ser relevado de todos los casos de Odebrecht que ocasionalmente llegan a su despacho, esto es, de los procesos que involucran acuerdos de colaboración con la justicia, los cuales deben ser ser firmados por el superior de los fiscales delegados. Por su parte, Andrade no está negociando y aún así alega que su expediente debe salir de la órbita de la actual Fiscalía General por las razones de impedimento expuestas y quedar en manos de un fiscal ad hoc.

Trasversal a a esos requerimientos está el lineamiento de la Corte Suprema de Justicia en el auto con que se formalizó la creación de la figura del fiscal ad hoc para el caso Odebrecht. Allí la corte, admitiendo que se trataba de una figura exótica, señaló que “el complejo y voluminoso asunto” debería ser investigado como un todo pues para alcanzar su comprensión completa se requiere no solo de un análisis individual sino también del examen conjunto por parte de quien sea investido como fiscal ad hoc, en asistencia de los fiscales que han venido desarrollando el asunto.

Desde mediados de diciembre fue nombrado el nuevo fiscal especial Leonardo Espinosa. Este hizo su debut oficial la semana pasada cuando acudió a una audiencia relacionada con los procesados Federico Gaviria y Eduardo José Zambrano, quienes esperan resolver sus prontuarios a través de acuerdos de colaboración con la justicia. Espinosa apareció en esa diligencia, reclamó los expedientes y ordenó congelar esos procesos hasta tanto él estudie los mismo y determine el rumbo a seguir.

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De momento Espinosa tiene apenas un par de procesos pero el llamado caso Odebrecht incluye 91 personas investigadas (18 están en la cárcel), 15 fiscales de conocimiento que rastrean coimas por 32,5 millones de dólares y casi 150 contratos ficticios usados para camuflar los flujos irregulares de dinero.

Sin duda, el gran desafío es para la Corte Suprema de Justicia que deberá aclarar la zona gris que dejó tras la creación del fiscal ad hoc sin precisar de fondo qué es lo de su competencia. Los magistrados de la Sala Penal deberán determinar qué sigue bajo la sombrilla del fiscal Néstor Humberto Martínez –jefe de cada uno de los fiscales del país por el principio de jerarquía y unidad de gestión– y qué debe quedar en manos del fiscal ad hoc Leonardo Espinosa. Dentro de las claridades que se requieren está la de determinar a quién le deben reportar los 15 fiscales que actualmente impulsan el colosal caso, el más grave que en materia de corrupción haya conocido el país.