Fiscalía abre investigación por atentado a magistrado auxiliar de la JEP, a quien ya antes le habían enviado una corona fúnebre

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, le pidió a la Fiscalía General investigar el ataque contra el magistrado auxiliar, Hugo Escobar Fernández, registrado en las últimas horas en la ciudad de Medellín.

La camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se movilizaba el magistrado auxiliar fue atacada, al parecer con arma de fuego. Por esto, se le pidió a la Fiscalía investigar a fondo el incidente ocurrido.

La investigación fue asumida por la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, que ya recolecta los elementos materiales probatorios “para determinar quién está detrás de las intimidaciones”.

La Secretaria de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín advirtió sobre la gravedad de la situación. “No podemos permitir que la verdad y la justicia no avancen a causa de la violencia”.

Estos hechos se suman a las amenazas que recibieron hace poco más de un mes cuando el magistrado auxiliar, que investiga los casos de falsos positivos en el municipio de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, recibió una corona fúnebre en su apartamento. Los hechos apuntan a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.

Por estos hechos se fortaleció el esquema de seguridad del magistrado auxiliar, así como del magistrado Alejandro Rameli quien también recibió una corona fúnebre en su vivienda en la que era declarado “objetivo militar”.

Luego de lo sucedido, el presidente Gustavo Petro aseguró que “la búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz”, y de manera tajante le hizo una fuerte advertencia a este grupo delincuencial: “Si el Clan del Golfo no entiende que la paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo”.

La ONU Derechos Humanos Colombia también rechazó las amenazas en contra de los magistrados de la JEP. “Nos unimos a las voces de condena por las amenazas en contra de magistrados de la JEP. Reiteramos nuestro respaldo a su labor para garantizar los derechos de las víctimas, y asegurar la justicia en el camino a la paz”, precisó la ONU Human Rights.

Y agregó: “Urgimos al Estado a que tome todas las medidas necesarias para su protección e instamos al desmantelamiento de grupos armados como lo señala el Acuerdo de Paz”.

Es de mencionar que la JEP fijó para el 27 de junio la audiencia en la que ocho miembros del Ejército Nacional aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por participar en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006, que fueron presentadas como bajas en combate e inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en Antioquia.

A la diligencia judicial fueron convocados el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79; el sargento viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79).

Así mismo, tres sargentos en retiro del BCG 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, y un soldado profesional en retiro del BCG 79: Levis de Jesús Contreras Salgado. La audiencia se dará en el marco del macrocaso nacional (03), que investiga los antiguamente llamados ‘falsos positivos’, con el caso territorial (04), que priorizó la región del Urabá antioqueño y chocoano.

En presencia de organizaciones de víctimas que han participado en el proceso investigativo de la JEP, las instituciones del Estado y la sociedad civil, los máximos responsables deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la magistratura de la JEP, a uno público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.

De acuerdo con el auto de determinación de hechos y conductas sobre el caso emblemático de Dabeiba, en su inmensa mayoría se trataba de hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años, y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación.

La Sala encontró, igualmente, hechos representativos de este patrón en 1997 en Dabeiba, con participación de las tropas del Batallón de Infantería No, 10 ‘Coronel Atanasio Girardot’.

En la diligencia, los comparecientes realizarán públicamente su reconocimiento de verdad y de responsabilidad frente a los familiares de las víctimas, quienes, además, participarán en un espacio al que también fueron vinculadas las organizaciones acompañantes, así como las instituciones del Estado del orden local, regional y nacional e internacional para que respalden y blinden el proceso restaurativo que empezó en diciembre de 2022.