Fiscalía acusa al gobernador de Chocó por irregularidades en la gestión de la pandemia

Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por la covid-19.

La investigación está relacionada con la contratación de actividades educativas y publicitarias que no atendían las necesidades de salud para mitigar la propagación de la pandemia.

El delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, señaló que luego de valorar los elementos de prueba se radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia el escrito de acusación contra el funcionario.

“Los hechos investigados tienen relación con el “contrato de prestación de servicios” N°198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios”, señaló el funcionario.

Aseguró que “el contrato, cuyo valor ascendió a $2.091′500.000, contempló 11 ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom-gitanos; así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos”.

De acuerdo con las investigaciones, la celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por la covid -19. Adicionalmente, se conoció que en el proceso de selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento.

La convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al parecer, no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas. Una de estas, la Fundación Chocó Saludable.

De otra parte, la finalidad del contrato, de carácter preventivo y publicitario, presuntamente desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública.

El escrito de acusación señala que, al parecer, el gobernador de Chocó incuirrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.

Estas investigaciones están relacionadas con las indagaciones que han venido adelantando los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, por denuncias sobre presuntas irregularidades que se estarían cometiendo dentro del proceso de contratación en el marco de la emergencia sanitaria para combatir el coronavirus.

En ese sentido, esas tres entidades aunaron esfuerzos y crearon un frente común en una lucha por garantizar el adecuado manejo de los recursos destinados a la atención del coronavirus en el país.

Se estableció la denominada estrategia ‘Transparencia por la Pandemia’, que ha permitido tomar decisiones como la destitución de varios alcaldes y gobernadores, e incluso algunos de ellos han sido cobijados con medida de aseguramiento, por presuntas irregularidades en la contratación para atender la emergencia sanitaria establecida por el Gobierno nacional.