Fiscalía acusó a exfuncionarios de la ANH por incumplimiento en entrega de software

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al ex vicepresidente técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Juan Fernando Martínez Jaramillo y al exsupervisor de contratos de la entidad, Víctor Manuel Sepúlveda Castañeda, por presuntamente haber permitido a un contratista apoderarse de un software de la entidad.

Los exfuncionarios fueron acusados por su responsabilidad en delitos como falsedad ideológica de documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Según la Fiscalía, los hechos investigados están relacionados con el Contrato 193 de 2013, celebrado entre la ANH y una unión temporal, de la que hizo parte Orlando Alberto Nieto Guzmán, también imputado, que tenía por objeto el diseño e implementación de un software para la actualización y modernización del banco de información petrolera.

El contrato, que ascendió en valor a 18.732 millones de pesos, fijó un plazo de ejecución de siete meses. Adicionalmente, dispuso que las licencias, componentes y demás especificaciones serían de propiedad y uso exclusivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que podría compartirlos con entidades complementarias afines con su misionalidad.

“En agosto de 2014 fue liquidado el contrato, pero no se suscribió la certificación de entrega del programa. Esto habría permitido al contratista apropiarse del software y obtener un título de derechos de autor por encargo. Un año después, Orlando Alberto Nieto Guzmán contactó nuevamente a la ANH y, al parecer, le ofreció devolverle la propiedad de la plataforma si le otorgaban un nuevo contrato por 7.818 millones de pesos, por concepto de mantenimiento”, dijo la Fiscalía.

Luego de ocho años, el contratista “no ha entregado los derechos sobre el software a la ANH, lo que causó un peculado de 18.732 millones de pesos”, subrayó la entidad.

Revuelo por “renunciatón” en la Fiscalía; ¿qué está pasando?

En las últimas horas se conoció que algunos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia ‘pegaron el grito en el cielo’ porque les solicitaron la renuncia protocolaria.

La petición los puso con los pelos de punta, y no es para menos, pues de este grupo de funcionarios dependen investigaciones de carácter nacional y en contra de altos funcionarios del Estado como, por ejemplo, el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe.

Fuentes del ente acusador aseguran que se trata de un procedimiento administrativo, de cara a trazar las estrategias y objetivos para el próximo año, “con la esperanza de consolidar 2023 como el mejor año para la Fiscalía en esta administración”, señaló la fuente a SEMANA.

Pero la renuncia protocolaria no solo se solicitó a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, la orden es para todas las directivas de la entidad. Los funcionarios deberán presentar su carta de renuncia al fiscal general Francisco Barbosa sin que esto signifique, de plano, que todas serán aceptadas.

Insistieron desde el ente acusador que en el caso de los delegados ante la Corte, el primero en presentarla fue el fiscal Gabriel Jaimes, coordinador de esa dirección, el encargado de dar ejemplo a sus subalternos. Se espera que los demás funcionarios, no solo de la delegada, sino del resto de unidades, hagan lo mismo con el propósito de permitir al fiscal general elegir o mantener el personal que lo acompañará en el último año de su gestión.

La solicitud del fiscal general con las renuncias protocolarias causó revuelo al interior de la Fiscalía, algunos incluso se atrevieron a advertir de una salida masiva de funcionarios a cargo de procesos importantes y en momentos coyunturales para la justicia. Pero en realidad es otra, más enfocada en los compromisos institucionales de la entidad.