Fiscalía acusó a exfuncionarios del Meta por acueducto que construyeron en zona de deslizamiento

En 2011, la Gobernación del Meta celebró un contrato para la ejecución de un sistema de acueducto y alcantarillado en zona rural de Villavicencio por un valor de 2.350 millones de pesos y con un plazo de ocho meses. Sin embargo, un grupo de funcionarios públicos autorizaron el cambio de los diseños y la obra se construyó en una zona de alto riesgo de deslizamiento. Ahora la Fiscalía acusa formalmente a esos funcionarios por irregularidades en contratos.

Las personas procesadas y que hicieron parte de la Gobernación del Meta durante la fecha de los hechos son: el exdirector técnico operativo y exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Meta, Orlando Guzmán Virgüez; el representante de una unión temporal, Fernando René Rojas Otalora; y al interventor Rafael Ángel Sandoval González.

“El material de prueba da cuenta de que los hoy procesados, como integrantes del comité técnico del proyecto, habrían autorizado un cambio de diseño y del trazado de las obras previstas. En ese sentido, los trabajos se trasladaron a un sector de alto riesgo de remoción de masas e inundaciones, que estaba en la vertiente de una quebrada”, señaló la FIscalía al dar a conocer los resultados de la investigación.

Al final y a pesar de las recomendaciones de ingenieros para evitar que el proyecto se elevara en esa zona de riesgo, el sistema de acueducto y alcantarillado se construyó, pero los ingenieros hicieron algunas advertencias, obras adicionales para evitar futuros contratiempos.

“Ante las evidentes dificultades, un ingeniero definió un plan de estabilidad que contempló cinco obras distintas para salvar el sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, los acusados, al parecer, solamente avalaron una de estas y con unas características técnicas diferentes”, explicaron los investigadores del caso.

Cinco años después ocurrió lo que anticiparon los ingenieros, un derrumbe afectó el acueducto y la Gobernación tuvo que contratar una nueva obra para reparar los daños que dejó ese previsible problema. “Es así como se firmó un nuevo contrato para reconstruir los tramos afectados y concluir las obras pendientes. Esto generó un detrimento patrimonial por 171 millones de pesos”.

Pero las irregularidades en la parte inicial del contrato y el proyecto de construcción no fueron las únicas que identificó la Fiscalía. Los investigadores a cargo del proceso establecieron que hubo una ampliación para la entrega de ese contrato y que los funcionarios y la interventoría pagaron la totalidad a satisfacción, aún cuando no estaba en funcionamiento.

“La Fiscalía identificó otras presuntas inconsistencias en distintas fases del proceso de contratación y ejecución como: ampliación del plazo definido, de ocho meses a cuatro años; construcción de 140 acometidas domiciliarias de las 440 pactadas; pago del valor total del contrato y liquidación de este con un acta de satisfacción, sin que el sistema de acueducto y alcantarillado estuviera terminado y en funcionamiento”, dijo la Fiscalía.

Por estas razones un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente al exgerente y al representante de la unión temporal por los delitos de peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales; mientras que el interventor deberá responder en juicio por el delito de peculado.